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Los últimos acontecimientos revelan la fragilidad del actual gobierno del Presidente Mesa, quien ha tenido que recurrir al apoyo del MAS para poder sostenerse en el poder. Como sabemos en los dos últimos meses, la derecha digitada desde afuera por los sectores dominantes sacados del país a partir de la rebelión de octubre del 2003, ha dado visos de recomposición, llegando al descaro de emitir discursos del depuesto Sánchez de Lozada.

Las voces y acciones de los reductos gonistas más visibles, nos llegan a través de la oposición a la aprobación de la Ley de Hidrocarburos propuesta por la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento, la demanda anticipada de autonomía por los sectores dominantes de Santa Cruz y Tarija. A ello se suman las maniobras del Tribunal Constitucional, cuyo fallo de inconstitucionalidad sobre las designaciones de autoridades del Poder Judicial realizadas por el Presidente Mesa, no tienen otro objetivo que obstaculizar el juicio de responsabilidades del Sánchez de Lozada y su gabinete y en general fracturar decisiones políticas trascendentales del país.

Por tanto, el llamado del Presidente a conformar una alianza con sectores políticos que se comprometan a preservar nuestra frágil democracia, conlleva en el momento serios riesgos, donde el MAS está jugando un rol sumamente crucial e importante. Cada vez más se necesita mayor madurez para actuar, teniendo en cuenta que aunque no se ha entrado en la realización de transformaciones profundas, el hecho de contar con una Ley de Hidrocarburos a favor de las conquistas de Octubre y el Referéndum de Julio, son conquistas que aún hay que consolidar en su debate en el Parlamento.

Ante la debilidad del Ejecutivo, es importante establecer un puente que mantenga claras las reglas del juego, donde el MAS si bien es un soporte para desenmascarar las maniobras desestabilizadoras de los sectores que no se resignan a la pérdida del poder y del espacio político que les permitió jugosas ganancias, se debe mantener la distancia necesaria para sustentar los principios de defensa de los intereses nacionales y populares, tomando en cuenta que el Ejecutivo está sometido a las presiones de los intereses transnacionales de las petroleras, la embajada y las cúpulas regionalistas, que continúan queriendo la parte más grande del pastel y que en cualquier momento hay que ejercer la presión necesaria desde los movimientos sociales, para lo cual hay que mantener la articulación y claridad en la conducción de las mismas.