Pero, como la democracia es un concepto demasiado genérico utilizaremos un concepto contemporáneo manejado por Norberto Bobbio en su libro «El futuro de la Democracia» para analizar el alcance de tal afirmación: «Democracia es una forma de gobierno en que existe el derecho de participar directa o indirectamente en la toma de decisiones para un número muy elevado de ciudadanos en la que además existen reglas procesales que permiten tal participación y la toma de decisiones (como regla de la mayoría), y, por último en la que existen las condiciones para que aquellos que están llamados a decidir o a elegir a quienes deberán decidir, se planteen alternativas reales y estén efectivamente en posibilidad de seleccionar entre una u otra».

La adecuación de dicho concepto a la realidad colombiana muestra que si esta es una democracia formal, en donde las mayorías ni siquiera opinan, por apatía o porque no tienen los medios para hacerlo y la decisión electoral está en manos de apenas una parte de los ciudadanos colombianos; podríamos decir que esta democracia es de quienes no siendo apáticos, tienen los medios para salir a votar. En ese ya reducido grupo se diferencian los que participan con su voto con el ánimo de que el país mejore y para quienes su voto significa defender sus muy particulares intereses, que suelen ser de un gran poder económico; tanto, que determinan el quehacer político.

Si esto es así, esta forma de gobierno llamada democracia no expresa la participación directa o indirecta en la toma de decisiones de un número elevado de ciudadanos y por tanto, esta realidad política de mecanismos y formalidades democráticas es antidemocrática.

Las reglas procesales que permiten tal participación y la toma de decisiones -ya lo he dicho anteriormente- en este caso en particular no existen. Debe crearse un nuevo marco electoral previo a la reelección, que permita reglas de juego claras para los contendores, no se trata de que en el afán de buscar la reelección de Uribe, el Congreso fije las normas para evitar que se abuse del poder y dé condiciones de igualdad a todos los candidatos como una forma de limpiar el tinte personalista y politiquero de tal propuesta legislativa. Se trata de que nuestro régimen electoral esté acorde, no sólo con la campaña para la reelección de Uribe, sino para todos nuestros procesos democráticos formales, buscando que el avance normativo propicie una democracia cada vez más real.

Y si hablamos de las condiciones reales para la democracia, encontramos que la política económica del gobierno de Uribe no funciona: la proyección de un déficit presupuestal para el 2005 cercano a los 17 billones de pesos (6.000 millones de dólares); un crecimiento del servicio de la deuda en un 16.6% frente al 12% del 2003; el aumento de los gastos para la seguridad democrática que fue del 16.1, el doble del año pasado, financiado con los incrementos del IVA, cuyos aportes al presupuesto se incrementan en un 11.8%, mientras que los ingresos por renta crecen en un 4.2%; un coeficiente GINI de 57.6, con un grave problema de desplazamiento interno -2.040.000 desplazados por causa de la violencia interna-; con un nivel de pobreza del 64.3% en el año 2003 -personas que viven con menos de dos dólares diarios (US$2)-, mientras que la indigencia (el porcentaje de la población que vive con menos de US$1 diario) aumentó de 18.7% en el año 1996 a 31.1 % en el 2003. (Datos obtenidos del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD).

Por último, podemos preguntarnos: ¿Serán éstas las condiciones que planteen alternativas reales y le permitan a los ciudadanos seleccionar entre las opciones que se presenten libremente, sin que prevalezcan los intereses de algunos pocos sobre los de la mayoría? La respuesta es no, esta democracia en los hechos es cada vez menos democracia y esa es la real forma de gobierno de Uribe, no podemos equivocarnos.