Un proyecto antidemocrático a reelección

El martes 30 de noviembre 2004, la Cámara de Representantes de Colombia, aprobó una reforma constitucional que permite en adelante la reelección inmediata del Presidente de la República la cual cobija al actual mandatario, Álvaro Uribe Vélez, quien en su campaña electoral, la cual adelantó durante el año 2001 y el año 2002, manifestó siempre su oposición a la reelección inmediata. Sin embargo y una vez en la Presidencia de la República se ha dado mañas en desmentirse así mismo, al tiempo que contrariando sus eslogans de lucha contra la politiquería y la corrupción, ha impulsado este acto legislativo comprando parlamentarios con el uso del erario público, como ha sido denunciado por miembros de la oposición en el Congreso de la República a lo largo del último año en que se ha tramitado este proyecto.

Los argumentos originales fueron muy poco inteligentes y se reducían en la práctica a un argumento: el presidente Uribe lo está haciendo bien y requiere más de cuatro años para ganar la guerra contra los violentos. Es por ello que sería buenísimo que el presidente Uribe pudiera seguir gobernando como lo expresó su ministro del interior, Sabas Pretelt de la Vega. El debate promovido por la oposición obligó a los impulsores de la reelección a afinar sus argumentos, los cuales podrían ser resumidos de la siguiente manera: (i) para ganar la guerra se requiere dar continuidad a las políticas de seguridad democrática, lo cual sólo se logrará si Uribe puede extender su mandato por cuatro años más, (ii) hemos avanzado en Colombia en materia de cultura política democrática, lo cual hará que haya contrapesos en la campaña electoral, el electorado será quien tenga en sus manos la decisión final, (iii) hay un sistema de contrapoderes y garantías para la oposición, (iv) los organismos de control garantizarán que no se abuse del poder por parte del ejecutivo. Estos son en resumen los argumentos a favor de la reelección inmediata.

El poder del clientelismo

Los argumentos anteriores son sofismas de distracción, pues, en el propio trámite del proyecto de Acto Legislativo se atropelló a la oposición y se violó flagrantemente el principio de la igualdad. En efecto, en el proyecto no se habilitó a los Alcaldes y Gobernadores actuales para que sin perder su condición pudieran también aspirar a la Presidencia de la República. Esta proposición fue negada expresamente en la Plenaria del Senado en el sexto debate y en la plenaria de la Cámara en el octavo debate.

Sobre el abuso del poder y el uso del erario, quedan huellas muy claras en el trámite del proyecto con la compra de parlamentarios para que votaran afirmativamente el acto legislativo. Frente a estas denuncias brilló por su ausencia parte de los argumentos esgrimidos por los ideólogos de la reelección. La justicia hasta ahora ha brillado por su ausencia (sentencia del Consejo de Estado absolviendo a Yidis Medina) y total ausencia de la Procuraduría para establecer un marco de actuación cuando en la Constitución de 1991 se prohíbe expresamente la intervención en política de los funcionarios públicos. A estas alturas la Procuraduría guarda un silencio bastante extraño.

El puntillazo final, que ha provocado una tímida reacción por parte de los parlamentarios conservadores, se dio en la misma semana de aprobación del proyecto de Acto Legislativo. En efecto, el uribismo en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes se negó a discutir y aprobar el estatuto de la oposición que buscaba brindar garantías a la oposición en la campaña del presidente candidato quien utiliza los consejos comunitarios para hacer abierta campaña electoral. El Senador Antonio Navarro ha denunciado que el presidente Uribe ha permanecido durante más de 290 horas en la televisión en lo que va corrido de su mandato. Así pues, no hay equilibrio informativo, se utiliza abiertamente el erario público para defender la causa de la reelección y los organismos de control brillan por su ausencia. De los cuatro argumentos solo resta el de la "madurez política de la opinión pública colombiana" contra la cual atenta diariamente el establecimiento y los medios de comunicación, monopolizados por los principales grupos económicos del país (cinco grupos controlan el 82% del total de los medios de comunicación en Colombia).

Quiénes están detrás de la reelección inmediata

Una mirada más de de fondo sobre las fuerzas reeleccionistas nos dan pistas para entender la conformación del bloque uribista. Durante once años los enemigos de la Constitución Política de 1991 no tuvieron como ahora una unidad de mando. El bloque uribista es enemigo acérrimo de la Constitución Política de 1991 y sobre todo en torno a tres puntos esenciales de la misma. En primer lugar enemigo de la división de los poderes, elemento esencial de un Estado Democrático. Esta división de poderes la ejerce en Colombia el poder judicial en cabeza de la Corte Constitucional. Uribe alienta el resquebrajamiento del poder de la Corte promoviendo el desconocimiento de su jurisprudencia por parte de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Al mismo tiempo ha anunciado un proyecto de Reforma Constitucional para debilitar el control constitucional por vía de tutela y de revisión de los contenidos materiales de los decretos presidenciales en estados de excepción o de conmoción interior.

El bloque que acompaña a Uribe -segundo factor- no está de acuerdo con la organización de fuertes partidos políticos y por esta vía con la independencia del Congreso y el funcionamiento de bancadas, de hecho ha promovido más la fragmentación de su propio partido, el Partido Liberal. Uribe quiere una política mesiánica y alimenta el discurso antipolítico.

Un tercer factor de unidad de los enemigos de la Constitución de 1991, es su carácter garantista y su carácter social con lo cual este bloque no está de acuerdo. Sobre el primer aspecto, promovió e hizo aprobar, aún en contra de la comunidad internacional, un acto legislativo que le confirió poderes de policía judicial a las fuerzas armadas, que le permitía a estas mismas fuerzas interceptar comunicaciones y detener sin orden judicial hasta por 36 horas a los ciudadanos colombianos. En buena hora la Corte Constitucional declaró inexequible este Acto legislativo por vicios de procedimiento. Sobre el carácter garantista del Estado y la militancia contra este carácter está buena parte de las reformas que se han tramitado en el Congreso en contra de los derechos de los trabajadores, de los pensionados y sobre los efectos de los fallos de los jueces que buscan hacer valer los derechos de los enfermos, de las víctimas del desplazamiento, etc.

Así pues, la reelección de Uribe ha logrado conformar un bloque sólido de enemigos de la Constitución Política de 1991 en torno a los valores más tradicionalistas consagrados en la vieja constitución de 1886. Reflejan muy bien los intereses del viejo bloque de terratenientes e industriales y en menor medida de las clases medias urbanas. Lo que se vivirá en el futuro será una gran confrontación política de quienes quieren hacer retroceder la historia y la modernidad para entronizar de nuevo valores añejos de terratenientes y barones electorales. Eso es lo que representa el bloque que rodea las aspiraciones de Uribe a quedarse por cuatro años más, si la Corte Constitucional declara constitucional la reforma.