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Abusos en el Jorge Chávez

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La caída del bloque socialista trajo consigo la hegemonía mundial de una mentalidad que enaltece la falta de escrúpulos en los abusos contra los que menos tienen, fenómeno que se manifiesta lo mismo en los genocidios que está perpetrando el imperialismo, en los proyectos para despojar a trabajadores y a consumidores de sus derechos, en la propaganda que difunden medios electrónicos para poner a los sectores populares en contra de sus propios intereses y en los mil y un episodios cotidianos de abusos financieros, comerciales y de poder que desafían la mentirosa descripción de algunos apologistas del mercado de que el capitalismo conlleva un paraíso de felicidad basada en la prosperidad y en las libertades individuales.

Lo cierto es que la prosperidad de que disfrutan los traficantes de armas y las empresas petroleras, entre otras, no es compartida por los empleados y obreros a quienes, como una tendencia mundial, se les reducen cada día sus derechos y sus ingresos reales, por los jóvenes que no encuentran trabajo, por quienes carecen de techo y por ello son perseguidos por personajes que con esa actividad criminal están ganando muchos millones de dólares, o por los ancianos que hoy en día encuentran con el alargamiento de la vida también el de la miseria y las privaciones.

Ante la publicidad mentirosa que promueve los intereses de empresarios y comerciantes, el ciudadano común corre el riesgo de perder su capacidad de denuncia ante las arbitrariedades de quienes en cada caso detentan el poder, sean bancos, empresas, empleadores o funcionarios de diferentes niveles.

Por su carácter microscópico, individual, esos abusos pasan desapercibidos ante lo apabullante de la propaganda mediática. Por ejemplo, un ahorrador mexicano que deposite en un banco, digamos mil dólares, obtendrá por ellos una suma irrisoria por concepto de intereses, sobre los cuales además se le cobrará un porcentaje de impuestos, a la vez que recibirá frecuentes llamadas y avisos de parte de su banco de que ha recibido una tarjeta de crédito “gratuita” por cuyo uso, a partir del segundo año, la institución financiera le cobrará un comisión mucho mayor proporcionalmente que los intereses que paga a los ahorradores. Todos esas exacciones microscópicas se van agregando con la lógica de la despiadada explotación capitalista en la que se gana a costa de los que tienen menos. Es el mismo juego que conduce a cambiar constantemente el formato de los discos, películas y dispositivos de audio y de sonido para obligar a los consumidores a comprar nuevamente unos y otros, por lo cual, se supone, deben sentirse felices y realizados, pues sin obtener beneficios tangibles están enriqueciendo a empresarios, comerciantes y a los banqueros que bajo condiciones leoninas conceden las tarjetas de crédito. Esa es la felicidad capitalista.

Más preocupantes aún son las situaciones cotidianas donde el abuso que se comete contra el ciudadano implica el ejercicio del poder por parte de funcionarios gubernamentales mayores o menores. Es triste decir que en algunos aspectos el Aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, ha sido ejemplo de ellas, de las que mencionamos a continuación algunas, que pueden ilustrar cómo en las pequeñas situaciones de la vida pueden reflejarse los grandes y regresivos cambios que estamos viviendo en el mundo.

El 23 de diciembre de 2002 (ww.diariomedico.com/edicion/noticia/0,2458,221033,00.html), Fernando de la Torre, cirujano general del Hospital de Valdecilla, en España, hizo un llamado a la “ayuda solidaria contra la burocracia”, al señalar que un grupo de ese nosocomio “se ha estrellado con la burocracia y la corrupción de Perú. Los médicos tuvieron que dejar tres cajas de material sanitario tras negarse a pagar un impuesto inexistente”. Resulta que tres cajas de material sanitario, con elementos de laboratorio y con útiles de quirófano, se habían quedado retenidas en la aduana del aeropuerto de Lima a la espera de “pagar el impuesto revolucionario de los funcionarios de aquel país, empeñados en desconocer el ordenamiento internacional, que declara exentos de tasas aduaneras los envíos de ayuda humanitaria....”.

En la aduana de Lima se les pedía, en dólares, el equivalente a unos 500 euros (83.000 pesetas) de tasas. "Ni la intercesión de la Embajada española, ni tampoco la del Ministerio de Salud peruano pudieron vencer la resistencia que mostraron las autoridades aduaneras. Hasta una cuñada del presidente Toledo intervino sin éxito", señaló el cirujano, quien añadió: “Cuando abandonamos el país, el material seguía en el aeropuerto. Ningún tipo de denuncia ante esta agresión ha sido allí posible, porque, como hemos comprobado, el grado de corrupción crece paralelo a la magnitud del cargo que se desempeña. Hemos visto a la policía parar a los vehículos y exigirles una cantidad de soles -el dinero local- o dólares, con motivo de que se acercan las navidades. Nadie puede negarse a pagar, pues todo el mundo tiene miedo, e incluso llegaron a falsificar con una fotocopiadora los documentos que llevábamos para así repartirse, si es que lo pagas, el dinero que te reclaman".

Dos meses antes, en octubre del mismo año, De la Torre junto con el oftalmólogo Fernando Martínez, habían estado desarrollando sus labores de asistencia médica en el modesto hospital de Santa Isabel, en uno de los barrios más humildes de la ciudad peruana de Trujillo, donde tomaron muestras para la detección del cáncer de útero, que se analizaron en Santander y cuyos resultados se enviaron a Trujillo para que los médicos y cirujanos de esa localidad tratasen a las mujeres que lo requerían. “En esta ocasión, sin embargo, las cosas han ido peor. El material sanitario se ha quedado embalado en una sala de la aduana del aeropuerto de Lima, y lo más probable, dice De la Torre, es que "alguna mafia saque provecho económico de él”.

Algunos meses después de esos acontecimientos, en el 2003 y en un episodio donde se reflejan los afanes talibanescos de personajes como el ex ministro de salud Fernando Carbone y como el católico practicante Luis Solari, los funcionarios de migración del mismo aeropuerto, le requisaron un lote de condones a un funcionario de una institución internacional dedicada a la salud pública, a quien interrogaron acerca de sus actividades e identidad. A su salida del país, fue llevado a la mencionada oficina de “detenciones” donde con una actitud intimidatoria lo retuvieron hasta la salida de su vuelo hacia el cual lo escoltaron. Previamente, le hicieron entrega de los condones, y no sólo verificaron que estos salieran del país, sino que lo obligaron a plastificar su equipaje, con lo cual se arruinó ese material y, por tanto, otras tantas posibilidades de prevenir el Sida. Pocas razones le dieron de su proceder, una de ellas fue que se trataba de material que podía estar en contacto con la piel: ¿decomisarán también vendas y otros materiales de curación?. Sería interesante saber cuántos condones y quizás otro tipo de anticonceptivos han decomisado y destruido las autoridades migratorias en ese aeropuerto.

En otras ocasiones, abusos que mezclan decisiones de autoridades con intereses comerciales afectan no directamente la vida o la salud de la gente, como en los casos anteriormente relatados, pero sí las posibilidades de intercambio cultural y educativo, en la escala que sea.

Hace poco, un par de discos DVD enviados desde México para uso de una escuela tuvieron que esperar varios días en la aduana del aeropuerto de Lima, antes de ser entregados a su destinatario, previo pago de un impuesto exagerado, equivalente a la mitad del costo de uno de ellos, a lo cual contribuyó también la actitud abusiva de la empresa de envíos que, con la actitud de que el cliente es quien siempre debe salir perdiendo, se negó a llamar a su teléfono celular para avisarle de la demora ocasionada por los trámites aduanales, pues ¡el costo de la llamada pareció excesivo a una empresa millonaria!

Relato un último episodio, no aclarado, de abuso cotidiano de poder, que viví yo mismo, pero que según sé corresponde a situaciones por las que han pasado otras personas en el aeropuerto de Lima, que muchas veces no son denunciadas seguramente por la inercia mediática que hace de los ciudadanos consumidores y votantes sumisos.

En el 2003 viajé a Perú como parte de un trabajo de investigación sobre el conservadurismo católico en América Latina.

Al salir con rumbo a La Paz, el 27 de junio de 2003, en el vuelo 927 de Lloyd Aéreo Boliviano, de las 10.45 de la mañana pasé por los controles migratorios donde fui detenido y llevado a la oficina que suele existir para ese fin en cada aeródromo. En esos momentos, pude percatarme de que los funcionarios encargados estaban haciendo un reporte acerca del incidente. Me preguntaron cuál había sido la finalidad de mi viaje y si había tenido problemas al entrar en Perú, insinuándome además que yo tenía algún tipo de dificultades con las autoridades peruanas, por ejemplo, algún requerimiento judicial o un impedimento para salir del país. Lo que sí me dejaron en claro es que mi nombre exacto aparecía en las computadoras de los controles migratorios. Fotocopiaron mi pasaporte y me retuvieron hasta poco antes de la salida del vuelo. Cuando les reclamé por la arbitraria detención, que ciertamente no pasó a “mayores” pues en ningún momento fui objeto de malos tratos, me respondieron en un tono más amable que “no había estado detenido” y que en realidad no tenía yo ningún problema porque estaban buscando a un peruano cuyo nombre era homónimo del mío.

La hipótesis de la homonimia me pareció y me sigue pareciendo inverosímil, pues mi pasaporte es mexicano, y como todo documento de ese tipo, contiene otros datos para identificarme, además de mi nombre. En el momento en que fui llevado a dicha oficina, yo mismo les ofrecí demostrarles mi identidad con otros documentos que llevaba conmigo. Tampoco es creíble que a las autoridades les baste una mera coincidencia de nombres para tomar ese tipo de medidas intimidatorias, excepto si esa es precisamente la finalidad que persiguen. El episodio me hizo ver bajo otra luz, y considerar más seriamente, comentarios que ya había recibido en ese país acerca del increíble control policíaco que se había perfeccionado bajo otros regímenes y de episodios muy dramáticos de represión por motivos político-ideológicos.

Siguen siendo para mí una incógnita las causas de los inusuales hechos que viví esa mañana, pero sí me quedó la seguridad de que en algunas latitudes el activismo conservador y su alianza con el poder se dan en el contexto de tradiciones políticas por demás autoritarias y represivas. Me pareció también menos exagerada la actitud de algunos escritores de usar seudónimos o de presentar como meras ficciones serias denuncias sobre realidades político religiosas, y me hizo reflexionar sobre esa lógica del terror que pervive desde la época de la Inquisición en algunos países, pues hay que recordar que esa institución no mandó a las hogueras a grandes multitudes, pero sí amedrentaba a la población con la amenaza de poder requerir y castigar a mucha gente por sus hábitos y convicciones.

En algunos países, mediante requerimientos judiciales y allanamientos policíacos se lleva a cabo una verdadera guerra contra el aborto, donde relativamente pocas mujeres y médicos reciben un castigo directo por practicarlo, pero todos y todas se ven obligados, así, a vivir en una esfera de semiclandestinidad, con la amenaza de que en cualquier momento la autoridad puede actuar en su contra.

Edgar González Ruiz

Edgar González Ruiz Maestro en Filosofía. Investigador y periodista, especializado en la derecha política en México y América Latina. Ha publicado varios libros, como: La Última Cruzada (2001); Los Abascal (2002); Cruces y Sombras (2006); El clero en armas (2007). En 2005 obtuvo el Premio José Martí; en 2006, el Premio Nacional de Periodismo, de México. Colabora en Contralínea.

 

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