Más luces que sombras

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Lula da Silva

Las derrotas del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones municipales de octubre pasado en San Pablo y Porto Alegre, así como en otras importantes ciudades del sur y sudeste del país en las que gobernaba, encendieron una luz de alerta para el gobierno, pero sobre todo expusieron dos interpretaciones divergentes dentro del PT sobre la evaluación de estos dos años de gobierno de Lula.

La última encuesta de opinión sobre la gestión del gobierno, realizada en noviembre, indica, pese a todo, una mejora, en todos los segmentos de la población, de los porcentajes de ciudadanos que aprueban la gestión del presidente.

En términos generales, en las municipales de octubre el PT perdió espacio en los sectores medios, urbanos y educados de ciudades importantes de las regiones sur y sudeste donde ya gobernaba y donde era tradicionalmente fuerte. Por el contrario, avanzó en los barrios pobres de esas ciudades, así como entre gran parte del electorado de los principales centros urbanos del norte y noreste, donde hasta ahora siempre había tenido mucha dificultad en conseguir votos.

Dos lecturas

Para los candidatos derrotados, el retroceso del PT en regiones y ciudades que tradicionalmente le eran favorables se debió a la decepción de gran parte del electorado, y fundamentalmente de los sectores medios, con la actual política económica ortodoxa del gobierno comandada por el ministro de Economía, Antonio Palocci, y el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, a la que acusan de ser una continuación de la del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, con énfasis en la política monetaria, altos intereses para contener la inflación y superávit fiscal para el pago de la deuda, reduciendo los recursos disponibles para las políticas sociales. Esta fue la opinión de la actual intendenta y candidata derrotada de San Pablo, Marta Suplicy, y del ex intendente y candidato del PT en Porto Alegre, Raúl Pont.

Para este último, expectativas de cambio insatisfechas, además de poca o ninguna atención a recientes reivindicaciones de funcionarios públicos y otros sectores de trabajadores organizados que tradicionalmente han formado parte de las bases de apoyo del PT, como los bancarios, habrían llevado a una pérdida de identidad del partido y del gobierno.

Según este punto de vista, una gran parte de los electores se sienten insatisfechos con el Ejecutivo por su distanciamiento de las posturas izquierdistas y socialistas que caracterizaron su historia política de oposición, y esa insatisfacción castigó a los candidatos del PT, especialmente en importantes ciudades, llevando al partido a gobernar un menor número de ciudadanos a pesar de haber triunfado en un mayor número de municipios.

La interpretación del gobierno y de la cúpula del PT es diferente. En el texto aprobado por el Directorio Nacional sobre el resultado electoral de octubre, después de considerar que el gobierno salió fortalecido por haber aumentado el porcentaje de votos y el número de municipios gobernados, y de eximir al presidente Lula de responsabilidad por las derrotas, se deja claro que “las motivaciones básicas de la decisión del voto del electorado fueron de naturaleza local: evaluación de las administraciones, perfil de los líderes, propuestas y temas de campaña”.

En el caso específico de Porto Alegre, quien habría salido debilitado es el sector Democracia Socialista, una de las corrientes de la izquierda del PT, que ha dominado en la capital de Río Grande del Sur en estos últimos 16 años en que el partido ha comandado el gobierno municipal. Según esta perspectiva, el estilo de gobierno de los petistas gaúchos habría alejado a la mayoría de la clase media, facilitando la formación de una amplia coalición opositora anti PT de nueve partidos.

Con relación a Marta Suplicy, que perteneciendo al sector de Lula relacionó su revés electoral con el “desgaste del gobierno federal”, la percepción generalizada en el gobierno es que perdió por su estilo personal (tiene un alto índice de rechazo asociado a una imagen de arrogancia) y a la política de altos impuestos practicada como forma de financiar un sinnúmero de obras en toda la ciudad pero principalmente en las áreas más pobres, lo que le valió el rechazo mayoritario de la clase media paulista. Marta Suplicy es llamada “Martaxa” por sus opositores, en alusión a la gran cantidad de impuestos &endash;taxa en portugués&endash; creados durante su administración.

La tesis del gobierno y de la cúpula petista de que en octubre Lula salió fortalecido se vio respaldada la semana pasada con la difusión de la última encuesta CNI/Ibope [1] sobre evaluación de esta administración al final de la mitad de su mandato. La franja de la población que considera la gestión buena o muy buena aumentó de 38 a 41 por ciento con relación a setiembre, y disminuyó también tres puntos, a 16 por ciento, el número de aquellos que la consideran mala o pésima. El grado de aprobación pasó de 55 a 62 por ciento en el mismo período.

Estos resultados son similares a los que tenía el gobierno un año atrás, e indican una continuación de la recuperación de los bajos índices de junio, cuando sólo 29 por ciento consideraba al gobierno bueno o muy bueno. Esta medición de la opinión pública registra resultados similares en los distintos segmentos de edad, escolaridad e ingreso familiar, y en todas las regiones.

El nivel de aprobación entre los que tienen formación superior se ubicó en 60 por ciento, 16 puntos más que en setiembre, siendo uno de los segmentos de escolaridad donde la imagen del gobierno mostró mayor mejora; entre los ciudadanos con un ingreso familiar superior a diez salarios mínimos, también se llegó al 60 por ciento, un aumento de 14 puntos con relación a la anterior medición. Estos porcentajes están indicando una mejora de la evaluación del gobierno entre los segmentos en los cuales se encuentra la clase media brasileña.

El peso de la economía.

Ese aumento en la aprobación del gobierno sin duda es reflejo de la reactivación de la economía y refuerza la tesis de que el descontento de parte de los electores de clase media con algunos gobiernos del PT en las elecciones de octubre tuvo más que ver con las gestiones municipales que con la política económica federal. Esto también fortalece la interpretación de que hubo en esos gobiernos un cierto descuido de las demandas de los sectores medios, tal vez como resultado de concentrar los esfuerzos en los menos favorecidos, de los que es más fácil conseguir el voto teniendo el control de los recursos del poder.

No obstante, la semana pasada también fue explicitada la postura crítica dentro del propio PT, en un documento elaborado por ocho corrientes de la izquierda del partido titulado “Carta a los petistas”. Allí se alerta sobre la necesidad del PT de “reafirmar su papel como polo de izquierda de la sociedad brasileña, protagonista de la lucha por el socialismo, por el programa democrático y popular, y por los cambios, lo que posibilitó el triunfo en las elecciones de 2002”.

Los resultados positivos de la conducción económica del gobierno en estos dos años son incuestionables según varios indicadores. El aumento del pbi superaría este año el 5 por ciento (en 2003 fue de apenas 0,5), impulsado fundamentalmente por el aumento de las exportaciones, pero en los últimos meses también por la demanda interna, y comienza a tener efectos en la disminución del desempleo, que pasó de 10,9 por ciento en setiembre a 10,5 en noviembre, el menor porcentaje desde junio de 2001. Las inversiones están aumentando, lo que indica la confianza de los inversores en que no se trata de un boom de corto plazo.

Y a pesar de que Lula se esfuerza en diferenciar su política económica de la de Fernando Henrique Cardoso, no sólo este último y su grupo político, sino también la izquierda del PT y la mayoría de los analistas la perciben como una continuidad de la implementada en el segundo gobierno de Cardoso.

El énfasis en el control de la inflación vía política monetaria, en la generación de superávit fiscal y en una balanza comercial positiva comenzó en el gobierno anterior. Lula profundizó esas medidas, a las que acompañó con una fuerte posición de Brasil en el escenario internacional y particularmente en los organismos de comercio internacional, con la creación del G-20, uno de los grandes triunfos de la actual política exterior y de la diplomacia brasileña.

No obstante los buenos indicadores económicos, el salario real continúa deprimido, y los intereses y la carga tributaria sumamente altos, tres temas muy importantes y sensibles para amplios sectores medios de la sociedad. Numerosos electores de clase media poco politizados y de posiciones de centro, desilusionados con la persistencia de esas condiciones durante el último gobierno de Cardoso, votaron a Lula y al PT en 2002, definiendo la elección a favor del candidato de la izquierda.

Pero la insatisfacción es más notoria en aquellos integrantes de la clase media más politizada, autodeclarada de izquierda, integrada por sectores de profesionales y funcionarios públicos y otros grupos sindicalizados, que votan al PT desde hace años. La disconformidad de estos sectores con la política económica no está en los resultados sino en la esencia de la misma y le reprochan al gobierno estar atendiendo las demandas del mercado financiero internacional, el FMI y el Banco Mundial. Este sector se siente representado en las críticas de las corrientes minoritarias del PT a la conducción actual de la política económica, y en octubre dispersaron su voto entre diferentes candidatos “críticos”.

Pese a la aparente ambigüedad entre algunos de los resultados de las municipales y las recientes mediciones de la opinión sobre el gobierno, e independientemente de la discusión sobre si los éxitos se deben o no a una continuidad de las políticas de Cardoso, lo cierto es que hoy ya no se discute en Brasil sobre cómo resolver una crisis de confianza de los inversores o de recesión, aumento del desempleo o déficit fiscal, sino sobre la necesidad de inversiones en infraestructura para dar continuidad a la reactivación económica, reducir y hacer más eficiente la tributación y, fundamentalmente, cómo ser eficientes en las políticas sociales para reducir los aún alarmantes indicadores de desigualdad y sus consecuentes problemas sociales.

[1] Encuesta realizada entre el 24 y el 29 de noviembre; 95 por ciento de confiabilidad. Fuente: Ibope (www.ibope.com.br).