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La prohibición de salida del país a más de 30 dirigentes políticos y empresarios que colaboraron con el golpe de Estado de abril del 2002 entró en vigor por disposición del Tribunal 25 de Control.

La restricción fue ordenada por la juez Josefina Gómez, respondiendo a una solicitud de la fiscal Luisa Ortega, a cargo de las investigaciones que sobre ese asunto llevaba adelante hasta hace un mes el asesinado fiscal Danilo Anderson.

El fiscal Anderson murió a causa de un atentado terrorista al estallar una bomba colocada en el auto que conducía cerca del centro de Caracas, acción por la cual ya fueron detenidos varios individuos acusados como autores materiales del hecho.

Anderson se ocupaba de adelantar las imputaciones contra unas 400 personas que apoyaron la asonada e incluso respaldaron con su firma el decreto del gobierno de facto surgido de ella, el cual disolvió el Congreso y otras instituciones del Estado.

Entre las personas con prohibición de movilizarse fuera de la nación se encuentran Ignacio Salvatierra, presidente del Consejo Bancario de Venezuela, Alberto Quiros Corradi y José Curiel, dirigentes de partidos de oposición y el ex gobernador del Estado Táchira Sergio Omar Calderón.

También María Corina Machado, directora de la Asociación Súmate, acusada igualmente de recibir fondos de Estados Unidos para actividades subversivas y José Rodríguez Iturbe, vinculado al Opus Dei y nombrado canciller del efímero gobierno surgido del golpe.

Además Albis Muñoz, presidenta de la organización empresarial Fedecámaras, León Arismendi, abogado de la opositora Confederación de Trabajadores de Venezuela, Miguel Angel Martínez, ex presidente de la Cámara de Radiodifusión y Jaime Manso, presidente de la Federación de Maestros.

Los más de 30 citados por la juez fueron acusados oficialmente del delito de rebelión y los tribunales deberán decidir definitivamente sobre su grado de culpabilidad.

La juez Ortega tiene previsto continuar en el próximo mes de enero con las citaciones a los involucrados en la interrupción del ritmo constitucional del país y en ese grupo se incluirá a quienes aceptaron entonces cargos en el gabinete ejecutivo designado por los golpistas