Tierras y paramilitarismo en el proyecto de verdad, justicia y reparación

El tema de la tierra y específicamente, la concentración de la tierra es un tema muy viejo. Basta señalar que la primera misión del Banco Mundial que vino a Colombia en 1950, dirigida por el profesor Lauchlin Currie, indicaba que precisamente la concentración de la propiedad territorial era uno de los más grandes obstáculos para el desarrollo del país.

Se necesitó de una década de guerra y violencia, y la presencia y presión de los Estados Unidos para que nosotros tuviéramos la primera ley de reforma agraria, la Ley 135 de 1961. El senador Rafael Pardo, en su último libro «La historia de las guerras», señala que la confusión de los conflictos, que hemos vivido nosotros los colombianos desde las guerras de Independencia, siempre se ha dado por el lado de los acuerdos políticos, y que además, ha sido necesario encontrar un interlocutor internacional para que apuntale estos procesos.

La Ley 135 fue una hija de la Alianza para el Progreso, aunque también hubo presiones inmensas de la gente, de los campesinos colombianos y de la guerra. Esa ley fracasó y el fracaso sirvió para comenzar una campaña de desprestigio contra la reforma agraria, reforma que ha sido criticada, y uno de los argumentos que se esgrime es que creó pobres con tierra. La historia es muy larga, simplemente quiero señalar que con esa Ley se le quiso dar fin a la violencia de los años cincuenta, que fue hija de una presión externa junto con las presiones internas, pero que fue un fracaso.

En 1994 tuvimos otra ley de reforma agraria, la Ley 160. Esa ley fue hija de la reforma constitucional de 1991, pero también fue hija de un nuevo contexto económico y aquí voy avanzando sobre un tema en el que quiero hacer énfasis. Cuando estábamos iniciando el proceso de absorción de la Constitución de 1991, estábamos también entrando en un proceso de apertura económica. Apertura que se inició con el gobierno del presidente César Gaviria en particular. Esa apertura económica que iba a tener unos costos terribles, como lo vamos a ver ahora, tuvo dentro de sus consideraciones estratégicas la visión de lo agrario, había que hacer una reforma agraria. Iba a ser distinta de la Ley 135 de 1961 porque los elementos del contexto habían cambiado, pero era claro que si no se hacia una reforma agraria, la agricultura colombiana no iba a ser competitiva en los mercados internacionales.

Los legisladores eran conscientes de que el peso de la concentración de la propiedad territorial hacia que nuestra producción fuera excesivamente costosa y que no fuera competitiva ni en los mercados internacionales ni frente a los productos que iban a entrar de economías externas en el mercado colombiano, y así fue. Nosotros tuvimos durante los años noventa una crisis agrícola, la más importante, que hemos tenido posiblemente en nuestra historia, desde fines de la década del veinte. Una crisis agrícola donde salieron de la producción 800.000 hectáreas de una superficie productiva que se había mantenido más o menos en los cuatro o cinco millones de hectáreas, salió una quinta parte de nuestra superficie productiva y las tierras con mayor potencial salieron de la producción. Eso por efecto del impacto de la reforma económica. Queda claro que nuestra producción no era competitiva con esos costos de la tierra y los costos del crédito excesivo. Nuevamente la Ley fracasó.

El año pasado, en diciembre de 2003, el Banco Mundial terminó una misión en Colombia y realizó una evaluación sobre la política de tierras. El informe del Banco Mundial muestra que la propiedad de la tierra no sólo no se desconcentró como resultado de la crisis, sino que aumentó todavía más el grado de concentración de la propiedad territorial. Los datos que tenemos para ese momento según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Corpoica en un estudio denominado zonificación de los conflictos por el uso de la tierra en Colombia son: el 97 % de los propietarios tiene el 24% de la tierra, mientras el 0.4% de los propietarios tienen el 61% de la tierra. Eso hace que Colombia tenga, como lo señaló el Banco Mundial, un coeficiente de concentración del 0.85%, altísimo, frente a países como Japón que tiene 0.38 y Corea del Sur el 0.35. Traigo a colación estos dos países porque en los años cincuenta Japón, Corea y Colombia compartían, por así decirlo, un escenario político, eran países que estaban en profundos conflictos o acababan de salir de profundos conflictos. El caso de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial y el caso de Corea, sumida en la agresión que lanzaron los Estados Unidos contra este país. En el Japón de la posguerra, el general Douglas Macarthur, quien comandaba las fuerzas de ocupación del Pacifico, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, se la jugó por realizar una reforma agraria. Para el general Macarthur hacer una reforma agraria en el Japón era cortar de raíz las fuentes del militarismo japonés y por otra parte, sentar las bases de un verdadero desarrollo. Nosotros vemos dónde está Japón y la base fue una reforma agraria efectiva y profunda que les dio la tierra a los campesinos japoneses. Corea del Sur, igualmente, a nosotros nos hablan mucho de Corea del Sur, nos la ponen como ejemplo: yo me acuerdo que en una época algunos sectores parlamentarios no cesaban de lanzar alabanzas sobre Corea del Sur, pero lo que nunca le decían al país es que el desarrollo de Corea del Sur se dio sobre la base de una profunda reforma agraria que abrió tanto el mercado que generó las bases del desarrollo industrial.

La última Ley de reforma agraria que tenemos actualmente y que no sirvió según el Banco Mundial, se dio en el marco de la apertura económica de los años noventa, una apertura que se inició con una profunda reducción de aranceles, es decir una política de reducción de los instrumentos de protección de la producción nacional. Los productos agrícolas que tenían aranceles alrededor del 34 o 36% vieron una reducción al 11% y comenzó la entrada masiva de importaciones a Colombia, perdimos 800.000 hectáreas de producción, perdimos más de 300.000 empleos en esta década y de acuerdo con la Contraloría General de la República entramos en una onda importadora, donde el país comenzó a suplir la producción nacional con importaciones promedio de cinco millones de toneladas anuales de alimentos y materias primas. El país empezó a depender para su seguridad alimentaria de las importaciones con los resultados que hoy se conocen.

Lo que quiero enfatizar es que el problema agrario está vivo, el problema de concentración de la propiedad de la tierra está vivo, sus costos son violentos y no nos permiten ser competitivos, pero más grave aún, a nosotros nos debe decir algo el que a pesar de las crisis la tierra se sigue concentrando. Yo le preguntaba alguna vez a un dirigente gremial, ante el argumento de que la tierra ya no tiene valor, ¿Si la tierra no vale por qué la concentran, por qué no la sueltan? Resulta que la explicación radica no en que la tierra se este concentrando para ponerla a producir -porque lo que vemos es que no se está poniendo a producir-, sino que en nuestro país la tierra se concentra para controlar a la gente, la tierra se concentra para expropiar a la gente y como dicen algunos para desterritorializar a la gente. Gracias al proceso de concentración de la propiedad territorial nosotros estamos viendo como el país se mete en un pavoroso proceso de formación de un inmenso ejército de reserva que parece ser que es lo que se quiere presentar como nuestro renglón competitivo ante los mercados internacionales. Yo diría eso como una hipótesis.

Hace una semana me invitaron a Planeación Nacional a discutir un documento Conpes, el Conpes de Miraflores, cosa muy extraña, todo un documento Conpes para el municipio de Miraflores. ¿De qué se trata? De comenzar a introducir el desmantelamiento del municipio de Miraflores y con ese la mitad del Guaviare. ¿Por qué? Porque en la medida en que estos municipios se declararan inviables, obviamente, los recursos de inversión van a desaparecer, eso sumado a la guerra -porque para eso si hay recursos- quiere decir que el desplazamiento forzado, como está ocurriendo en el Piedemonte caqueteño, va a ser el inmenso proceso de ampliación de la oferta de mano de obra para ese sueño, descabellado, que algunos están planteando para el departamento del Vichada donde se piensa sembrar más de 300.000 hectáreas de palma africana y otros de los llamados cultivos amazónicos. Significa repetir y momificar la historia de la zona bananera, de la palma africana en el Magdalena Medio y convertir al país en una fábrica inmensa de mano de obra barata gracias a la guerra.