El Tratado de Libre Comercio que el gobierno boliviano pretende suscribir con Estados Unidos es mucho más que un acuerdo comercial negociado. Es un pacto de carácter político y obligatorio destinado no sólo a normar la relación comercial del país más pobre de la Comunidad Andina con la primera potencia del mundo, sino a consolidar las reglas del libre mercado en las Constituciones Políticas de todos los países del hemisferio.

Los acuerdos de libre comercio van más allá de los negocios y no buscan simplemente la eliminación de aranceles, admite la Oficina del representante comercial Robert Zoellic. En el fondo, el gobierno de Estados Unidos concibe a los TLC como herramientas de una estrategia política de largo plazo -que tiene al Plan Colombia como brazo militar- cuyo objetivo es afianzar la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica y apaciguar las llamaradas de rebeldía.

Desde que comenzó el siglo, insurrecciones populares en ascenso derribaron al menos a cinco presidentes complacientes con Washington, mientras que cuatro líderes irreverentes subieron al poder en Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina defendiendo un discurso contrario a la ortodoxia neoliberal. Simultáneamente, el poder imperial ha perdido importantes batallas y todavía no se resigna al fracaso del ALCA y al reciente fracaso de la OMC en Cancún. De ahí la reelección de George W. Bush y la urgencia de imponer el TLC antes de junio de 2005.

La acometida de EEUU intenta dividir para triunfar. En el hemisferio ya firmó acuerdos de libre comercio con Canadá, México y Chile; negocia un acuerdo con Panamá, sometió a cinco países de Centroamérica y ahora se apresta a domesticar a las naciones andinas.

Lo que está en juego

Más de la mitad de los 23 tópicos que trata el TLC Andino reglamentan temas que van más allá del intercambio de mercancías industriales, textiles, agrícolas, servicios en general o telecomunicaciones. El TLC propuesto por Estados Unidos exige también modificaciones en la administración aduanera, reglas de origen, salvaguardas y medidas sanitarias y fitosanitarias muy severas e interviene en compras estatales, reglas de propiedad intelectual, solución de controversias, garantías a la inversión y en asuntos institucionales, ambientales y laborales. Se podría decir que el tratado norma el intercambio de todo material orgánico e inorgánico susceptible de ser comercializado; y, en su afán mercantilista, limita el ejercicio de la soberanía nacional. Porque no solamente postula el patentamiento de flora y fauna, la privatización del agua y de los servicios o la libre comercialización de semillas y alimentos transgénicos, sino que promueve la modificación de las leyes para ajustarlas a las reglas del libre comercio y el apuntalamiento de una justicia supranacional diseñada para garantizar las inversiones de las empresas transnacionales.

David contra Goliat

El ingreso per cápita de un estadounidense es 35 mil dólares anuales, 40 veces más que los 900 dólares obtenidos en promedio por cada ciudadano boliviano. Estados Unidos ocupa el séptimo lugar en el Índice de Desarrollo Humano; Bolivia figura en el puesto 114 de una lista de 175 países. Según el Foro Económico Mundial, en 2001 la potencia del norte ocupaba el segundo lugar en el Índice de Competitividad, mientras que el país se ubica en la posición 94. Y antes de que ambos países tan disímiles comiencen a competir las asimetrías ya se revelan durante las negociaciones.

Estados Unidos no quiere tocar el tema de “ayuda interna” que proporciona a su sector agropecuario, una especie de dumping o práctica de comercio desleal que consiste en comercializar un producto a un precio por debajo de los costos reales de producción con el objetivo de eliminar la competencia y edificar un monopolio capaz de manipular los precios.

Cada año, Estados Unidos concede a sus productores, en promedio, 90 mil millones de dólares de ayuda. En 2002, la potencia gastó en apoyo directo a sus agricultores aproximadamente 39.600 millones de dólares e invirtió otros 26.600 millones en investigación y desarrollo, servicios de inspección, infraestructura y mercadeo. Debido a esas subvenciones, el precio del trigo norteamericano está subvaluado en 40%; el maíz, entre 25 y 30%; la soya, 30%; el algodón, 57% y el arroz en 20% por debajo de su precio real.

Quedan fuera de las negociaciones las subvenciones agrícolas, pero Estados Unidos exige eliminar la franja de precios, salvaguardas que tienen los países de la CAN para proteger su mercado interno. La potencia ha dicho que no permitirá que algunos productos sean protegidos por más de 10 años, pero impone patentes para sus fármacos hasta por 40 años.

Pese a los desequilibrios, la jerarquía gubernamental se apresta a negociar el TLC con el argumento de que no hacerlo significaría aislarse de la corriente de la globalización, perder los beneficios del ATPDEA y desaprovechar un mercado de 230 millones de habitantes de alto poder adquisitivo.

El futuro por una camisa

Medio millón de bolivianos que no tienen trabajo sobreviven en el subempleo y cada año se suman a ese ejército 100 mil personas. El mercado nacional no basta para absorber a semejante cantidad de mano de obra y por esa razón uno cada dos bolivianos que nacen se va del país en busca de mejor fortuna.

Es una responsabilidad buscar nuevos mercados para productos y servicios y comenzar a exportar mercancías en vez de bolivianos desocupados. Es preciso, entonces, firmar acuerdos con todos aquellos que puedan ser potenciales compradores, incluyendo Estados Unidos, que consume la mitad de todo lo que se produce en el mundo, razona el gobierno.

Otra lectura tienen los movimientos sociales. Firmar el TLC es resignar la propiedad de la biodiversidad, hacer dependiente a la agricultura boliviana de las patentes y someterse a justicia extraterritorial. Significa la pérdida de soberanía del Estado sobre sus recursos a costa de vender “algunas camisas”, ironiza Pablo Solón, miembro del Comité Boliviano de Lucha contra el TLC.

Juan Carlos Iturri, el negociador oficial del TLC, está convencido de que no podrá lograr unanimidad en este tema: “Hay gente que está dispuesta a aceptar cualquier acuerdo porque es pro yanqui y existe otra gente que no quiere ninguno por motivos ideológicos”. Y no hay nada más débil que un negociador que representa a un país dividido, pues el enfrentamiento entre bolivianos es la mejor manera de que nos “saquen la mugre” en la negociación, opina la autoridad.

Lo cierto es que, unidos o no, economistas e intelectuales varios coinciden en que el TLC norteamericano si abrirá mercados a las manufacturas, pero a costa del desmantelamiento de la economía y de la destrucción y anexión definitivas de los estados nacionales.