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Mitos y realidades del TLC

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Mandato del Referéndum contradice al TLC

En la consulta la gente ordenó al Presidente recuperar Yacimientos para que retome las riendas del negocio energético y anular una ley de hidrocarburos neoliberal, y ahora Estados Unidos le obliga a firmar un tratado internacional que veta toda forma de estatismo.

Un informe reservado del Banco Mundial indica que si Bolivia desea negociar oficialmente el TLC está condicionado a aprobar una Ley de Hidrocarburos compatible con los intereses de la inversión extranjera.

La Ley de Hidrocarburos “populista” del Congreso reposiciona al Estado en el negocio energético, interviene en el sector privado y aumenta los impuestos, contradiciendo la esencia de los acuerdos comerciales, es decir la libertad comercial total y la reducción de la injerencia del Estado en los negocios productivos.

A Estados Unidos le molesta particularmente que la ley cambie el estatus de las petroleras de concesionarias a prestadoras de servicios. Los puntos observados son 1. Modificación obligatoria de contratos (art. 5). 2. Aumento de impuestos y regalías al 50% (art. 53). 3. Propiedad y entrega del 100% de la producción a YPFB (art. 16 y 68). 4. El monopolio del Estado un el negocio del gas (art. 10 y 13 y 15). 5. El capítulo referido a Pueblos indígenas, áreas protegidas y medioambiente, que reconoce la posibilidad de que los pueblos afectados veten proyectos de inversión (Titulo IX, art. 123 y 132).

Un chaleco de fuerza para la Constituyente

En teoría, la Asamblea Constituyente es soberana y puede decidir todo sin pedir permiso a nadie. Pero, ¿qué ocurre si previamente a su realización se firma un acuerdo de “libre comercio” que condiciona una serie de aspectos de la futura Constitución?, se pregunta el activista Pablo Solón.

Una vez negociado, el Estado deberá dar fiel cumplimiento al TLC bajo la amenaza de ser juzgado en tribunales internacionales. El TLC plantea la modificación de las leyes e incluso constituciones de los países para adecuarlas a las reglas del libre comercio.

El TLC choca con la Constitución y ocasiona un problema jurídico legal porque reconoce a los tribunales internacionales como entes que diriman conflictos comerciales. La Constitución señala expresamente que las empresas deben regirse a las leyes bolivianas.

Según un informe de los técnicos del gobierno que asistieron a la tercera ronda de negociaciones en Lima y que fue presentado a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, serían necesarias adecuaciones, modificaciones y nuevas disposiciones legales en al menos 13 de los 23 temas del TLC en discusión. Se requerirán cambios normativos y de procedimiento en la administración aduanera; habrá que adecuar la normativa nacional en reglas de origen; crear una legislación específica sobre salvaguardas, adecuar la legislación sobre compras del Estado; crear una legislación y autoridad en temas referidos a la competencia; adherirse a 8 tratados internacionales administrados por la OMPI sobre propiedad intelectual; crear una legislación sobre servicios financieros prestados por entidades no financieras; un cambio profundo de la legislación nacional referida a los servicios; ajustes al marco normativo en telecomunicaciones; creación de normativa en comercio electrónico; adecuación de leyes ambientales y actualización de la normativa laboral.

La Cancillería admitió que “siempre que se negocia hay que hacer algunas adecuaciones legales”. Y el Parlamento no está enterado de estos cambios. En síntesis, tarde o temprano se exigirá “ajustar” la Constitución Política del Estado que está en vigencia.

La Constitución vs. el TLC

La Constitución indica en el artículo 142 que “El Poder Ejecutivo podrá, con cargo de aprobación legislativa en Congreso, establecer el monopolio fiscal de determinadas exportaciones, siempre que las necesidades del país así lo requieran”. El TLC limita totalmente la posibilidad de un monopolio sobre las exportaciones, sobre todo cuando se trata de las exportaciones de empresas transnacionales.

El Artículo 141 de la CPE menciona que “El Estado podrá regular, mediante Ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo requieran con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá también asumir la dirección superior de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de gestión directa”. Este precepto constitucional va contra todo el espíritu del TLC Andino, pues éste último persigue limitar y reducir la intervención del Estado en la economía.

Según el Artículo 24 de la CPE “Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas”. El Artículo 135 señala que “Todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República”. Sin embargo, los tratados bilaterales firmados por Bolivia en los últimos años reconocen privilegios especiales a las empresas extranjeras y les autorizan apelar al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco Mundial. Eso quiere decir que en Bolivia hay empresas de primera que tienen su propia justicia y empresas de segunda, nacionales, sometidas a la justicia boliviana.

La subida de impuestos se considera “expropiación”

Estados Unidos ha propuesto que se considere como expropiación, y por lo tanto con derecho a indemnización, cualquier cambio en las normas tributarias, lo cual, según expertos en el tema, llevaría a que ni siquiera se pudiera modificar, hacia arriba, impuestos directos e indirectos.

Estados Unidos aspira a que la deuda externa de los países -la que llega como crédito o la que se adquiere por la venta de papeles- sea tratada también como una inversión a la cual se le apliquen los mecanismos de protección que se acuerden en el TLC.

Una negociación patética

En la V Ronda de Negociaciones del TLC CAN - EEUU realizada en Guayaquil, Ecuador, del 25 al 30 de octubre, la Delegación boliviana no fue debidamente considerada y apenas mencionada en la inauguración oficial del evento. No se le proporcionó un lugar físico adecuado para el trabajo y tampoco una sala adjunta como a los otros países.

La participación del sector gubernamental en las salas de negociación fue bastante limitada no sólo por su calidad de observador sino también porque atendía más de una mesa de negociación a la vez.

El sector privado tuvo que limitarse a obtener información de manera esporádica e informal, asegura Erika Dueñas, representante de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol).

Ya se han realizado siete rondas de negociación y en todas ellas la discusión se caracterizó por la extrema confidencial. Al sector privado le resultó más difícil obtener información de la propia delegación boliviana, a diferencia de lo que sucedió con Ecuador, Colombia y Perú.

En todo el proceso Bolivia ha cambiado al menos cuatro representantes en la negociación. Algunos de ellos ni siquiera manejaban el tema, como el último, que tuvo que bajarse del avión cuando se enteró que no tendría asesor durante las conversaciones. Lo grave es que no hay plan, ni estrategia, y tampoco una lista de productos con sus respectivas proyecciones. ¿Quién capacita a los bolivianos para que negocien con Estados Unidos? Nada menos que funcionarios de USAID.

Textiles, los privilegiados

El gobierno y algunos empresarios aseguran que el TLC es necesario porque abrirá mercados a los textiles nacionales. El país exporta aproximadamente 30 millones de dólares en este rubro a Estados Unidos, de los cuales 23 millones son obtenidos por una sola empresa, Ametex.

Si es tan buen negocio como afirma el gobierno, la pregunta es ¿por qué Ametex no trabaja al 100 por ciento de su capacidad? Las empresas protagonistas del negocio textil son Ametex, L’Artigiano, Maquibol, Ferbo, Trial, Bolam Ltda., Asea Ltda., Mitsuba, Rey Wear , Casa Fisher, Millma S.A., Asarte, Josdo Ltda. y Ferias Bolivianas.

Adiós al compro Boliviano

La diferencia entre el potencial económico -1.000 veces más- de EEUU y un país como Bolivia es decisivo al momento de proyectar los efectos que podría traer el TLC. Según estudios hechos por la Fundación Solón, políticas como el Compro Boliviano, implementada por el actual gobierno mediante el DS 27328, para favorecer al productor y al empresario nacional, no tendrían ningún sentido, pues el TLC reduciría el tope del Compro Boliviano a 57 mil dólares, prácticamente la veinteava parte de lo que es ahora.

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