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El comienzo de un nuevo año, pone también a los movimientos políticos y sociales en la necesidad de trazar los rumbos del nuevo período cronológico. En el caso de Brasil, 2005 es el año de una articulación condicionada, inevitablemente, por las elecciones presidenciales del 2006. Este factor presidirá inevitablemente las estrategias de las fuerzas políticas al montar el tablero del juego del poder. Pero, al someterse a eso, las fuerzas comprometidas con la transformación social se equivocan en su objetivo.

De todo lo que fue visto en estos dos primeros años de esbozo de un proyecto vendido al pueblo brasilero como de cambio de las estructuras sociales inicuas del País, quedan pocas ilusiones de que esta meta pueda un día ser iniciada, dentro de los actuales condicionamientos institucionales de la democracia representativa. Eso significa decir que los movimientos de transformación social se arriesgan a quedar definitivamente nadando en círculos, mientras no se dispongan a atacar el obstáculo principal que vacía o dispersa sus esfuerzos: las reglas del juego político. Continuar jugando con las actuales reglas es candidatearse a continuas frustraciones o, como mínimo, a la transformación del juego político en una mera emulación de cinismos.

Un primer paso para remover este obstáculo principal fue dado por la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), al lanzar la campaña de Defensa de la República y la Democracia. Su meta es juntar firmas de electores para la presentación de un proyecto de ley de iniciativa popular, reglamentando el art. 14 de la Constitución Federal, que habla sobre el accionar de los instrumentos de la democracia directa.

Como se sabe, a pesar de que la Constitución Federal ha abierto el camino hacia la superación de la democracia representativa por un nuevo modelo institucional (la democracia participativa): “Todo poder emana del pueblo, que lo ejerce por medio de representantes electos o DIRECTAMENTE (mayúsculas nuestras), en los términos de esta Constitución” (párrafo único del art. 1º, CF), y de haber provisto los instrumentos (plebiscito, referendo e iniciativa legislativa popular) por los cuales ese principio de ejercicio directo del poder por el pueblo debería haberse concretizado (art. 14, CF). El Centro (bloque político de derecha, en la Constituyente) impidió la concretización del nuevo modelo institucional democrático al conceder prerrogativa exclusiva al Congreso Nacional para la convocatoria de plebiscitos y referendos.

Entonces, como bien argumentan los juristas Fábio Konder Comparato y Paulo Bonavides, se trata de una obstrucción delictiva, por impedir el cumplimiento del principio fundacional del Estado Democrático de Derecho brasilero. Una usurpación escandalosa que, sin embargo, ha sido tragada por los medios políticos, jurídicos y por la propia sociedad brasilera, como si fuese la cosa más natural del mundo.

Lo que más llama la atención en todo esto es la ignorancia de la izquierda brasilera al respecto. El proyecto de la OAB es el primer paso para reponer las cosas en su lugar. De acuerdo con la propuesta, se termina el monopolio del Parlamento sobre el derecho de convocatoria de plebiscito y referendo, ya que éstos podrán ser accionados a través de proyectos de ley de iniciativa popular. Por otro lado, se amplía el radio de competencia de la consulta directa popular, con la exigencia de pasar por el colador del ciudadano iniciativas que afecten el interés público, desde privatizaciones del patrimonio público hasta tratados internacionales, entre otras cuestiones.

Cabe a los partidos políticos de izquierda, a los movimientos sociales y a las entidades de la sociedad civil ponerse decididamente al lado de la OAB en esta campaña, pues ella es más decisiva para el futuro de cualquier proyecto transformador que cualquier otra iniciativa política, inclusive las elecciones presidenciales. Cualquier otra iniciativa, es distracción política. De poco servirá elegir un presidente de la República, incluso uno más radicalmente comprometido con la transformación social, si continúan prevaleciendo las actuales reglas de juego.

La democracia representativa se volvió un modelo institucional obsoleto, como instrumento de viabilización de los intereses fundamentales de la sociedad. Al contrario, es un freno a la concreción de la voluntad de las mayorías por haberse convertido en prisionera de las exigencias de los monopolios financieros que, a través de los parlamentos, imponen límites a los proyectos democráticos, no permitiendo que se alejen del modelo de globalización impuesto por el gran capital, que restringe cada vez más los espacios de decisión democráticos, en la arena internacional y en el interior de cada Estado.

A causa de su ineficiencia como sistema político, el sistema representativo ha provocado el desprestigio de la democracia, como lo revelan todas las encuestas de opinión. Por lo pronto, le cabe a los sectores lúcidos de la sociedad demostrar que el Estado Democrático de Derecho no debe ser confundido con una de sus formas históricas la democracia representativa.

Lo que la campaña de la OAB y las doctrinas más avanzadas del Derecho Constitucional preconizan es que la democracia participativa es la nueva forma por la cual el Estado Democrático de Derecho se explicitará en la Historia contemporánea. Y para nuestra suerte, la Constitución Federal de 1988 fue vanguardista también en eso, al prever ese modelo.

Falta sólo remover las obstrucciones colocadas por una maniobra ilegítima de los sectores conservadores brasileros para bloquear la determinación constitucional originaria. Implementar la democracia participativa es generar la única alternativa capaz de salvar el régimen democrático de las tenazas que intentarán sofocarlo cada vez más, en el siglo XXI. Una vez más, es necesario elogiar la clarividencia de los que redactaron el párrafo único del art. 1º de la Constitución Federal y el art. 14 que le dio consecuencia. Ya es tiempo de ponerlos en práctica.