Sigue el silencio de "El País" sobre Repsol

Otro claro ejemplo de silencio informativo sobre las actividades de nuestras multinacionales españolas, concretamente de Repsol, en las páginas de El País. ¿Podemos iniciar una campaña de preguntas a la Defensora del Lector? Silencios recientes a violaciones de transnacionales españolas: medios, censura y detergente para lavado de imagen corporativa.

Recientemente quien escribe ha sido objeto de algunos fenómenos mediáticos dignos de ser analizados en una revista de ecología política. Se trata del cortocircuitaje de información auténtica y reciente aunque degradante para una determinada empresa transnacional española que termina desplegando su poder sobre los grandes medios de comunicación para preservar su buena imagen corporativa y su estrategia de marketing. El valor de este humilde análisis es que sirva para comprender el silencio generalizado de los medios de comunicación respecto a las violaciones sociales, ambientales o económicas provocadas por las grandes empresas transnacionales. O dicho de otra forma, la lógica de la sutil pero exasperante “CENSURA CORPORATIVA”.

El siguiente artículo dirigido a la opinión pública y a los accionistas de REPSOL en particular, logró cruzar dos de las tres líneas por las que debe remontar un artículo de opinión en casi cualquier gran periódico cuando es escrito desde fuera. En primer lugar una periodista de El País interpretó como interesante el artículo y aceptó vehiculizarlo hacia su publicación con el supuesto que aunque apuntara directamente a REPSOL, el peso e independencia corporativa de El País iban a permitir, al fin y al cabo, que saliera a la luz.

El artículo por tanto cruzó satisfactoriamente la primera línea y se acercó a la segunda con una sugerencia amistosa de la periodista: “rebaja el número de referencias a la palabra REPSOL”. El texto íntegro llegó a la segunda línea, el consejo de redacción, a quien gusto el contenido y el estilo general del artículo. Sin embargo se hacía efectiva la “recomendación”. Esta vez era una recomendación del estilo de las utilizadas por el FMI, sinónimo de amenaza. Sin placer alguno fue rebajado al mínimo el número de referencias directas a dicha palabra clave sin que ello alterara el objetivo del artículo, y entregado de nuevo cruzaba definitivamente la segunda línea.

Faltaba la última, la del redactor jefe. Dos semanas después, respondía éste no por escrito sinó a través de la periodista y por teléfono: “Lamentablemente REPSOL no puede aparecer en el artículo, ni una sola vez. El artículo sigue gustando y recomendamos que se re-escriba aludiendo a la generalidad de las transnacionales”. La pobre periodista, el intento, la campaña y la información anti-corporativa llegaban al “game over”. El autor desistió de intentarlo por esa vía. Otros compañero/as involucrados en la misión de verificación a REPSOL lograron sacar la información por el diario Gara y por El Mundo-Edición Valladolid. En cambio, casi todos los grandes medios escritos del Ecuador, país donde acontece la noticia, ofrecieron la noticia.

Pero ¿cómo consiguió REPSOL censurar automáticamente la salida de información negativa a su imagen pública? En otras palabras y generalizándolo ¿Cómo logran las grandes corporaciones transnacionales filtrar la verdad a su favor?

Apuntamos aquí de forma muy breve algunos de los mecanismos que suelen utilizarse en la censura corporativa.

En primer lugar el factor publicidad. Los medios de comunicación privados se financian esencialmente a partir de los ingresos por publicidad. Entre los anunciantes se encuentran distintas categorías de empresas y otras instituciones en función de los ingresos que reportan. La alta concentración empresarial que suponen los grandes conglomerados transnacionales permite a su vez afinar la puntería publicitaria, y por otro lado, centralizar la gestión de la propaganda de las distintas marcas asociadas. El poder que significa amenazar de cortar los contratos por publicidad a un medio que emita cualquier noticia negativa de alguna de las marcas del consorcio, es enorme.

Por esa misma concentración empresarial, se deriva un segundo factor que incentiva la censura: el medio sabe que si en algún caso la información no llegara a ser veraz, es decir fuera falsa o no contrastable, las grandes compañías podrían activar algún alto bufet de abogados para interponer una causa contra el medio que publicó la noticia y contra su autor. En un mero análisis de riesgos o simplemente de coste/beneficio, de no haber tampoco posibles réditos políticos, el medio de comunicación preferirá inhibirse a dar crédito a alguna voz que no tenga capacidad de contrastar muy detenidamente. Y si se detiene demasiado, tal vez ya no será noticia.

Un tercer factor para la censura de violaciones corporativas, es la posibilidad de que el medio de comunicación en cuestión -que si es privado suele tomar forma de sociedad anónima- sea copropiedad de la empresa a denunciar. Impensable sería que Antena 3 TV denunciara a uno de sus padrinos, Telefónica, a menos que los directivos de Antena 3 TV quisieran cambiar de oficio.

Existen otros factores que influyen, como sutiles alianzas y afinidades entre corporaciones mediáticas y no mediáticas de tipo político, ideológico o económico, a veces coyunturales a veces orgánicas; relaciones de endeudamiento congelado, como el caso de Grupo Prisa con el SCH; etc..

El artículo censurado:

Accionistas y el tercer mundo corporation

Hoy de las 100 principales mega-economías del planeta, más de la mitad no están dirigidas ni por gobiernos democráticos ni por dictaduras tradicionales. Se trata de grandes compañías transnacionales privadas que “deslocalizan” su poder por el mundo entero, como la General Motors, cuyas ventas equivalían a la suma de los PIBs de Irlanda, Hungría y Nueva Zelanda juntas (UNCTAD, Informe sobre las inversiones mundiales 2000).

¿Y cuál es la lógica de estos mega-actores cuya importancia no para de crecer? ¿Quién los dirige y quién los controla? Las dirigen los llamados “consejos de administración”. Unos reducidos y exclusivos consejos que se deben a su prioridad conatural: saciar de crecimiento económico (eufemismo de “lucro”) a los propietarios de la empresa, los accionistas.

Pocos accionistas sin embargo conocen los detalles de la actuación de su empresa, especialmente cuanto se refiere a impactos sociales, ambientales o mismamente económicos sobre poblaciones con(tra) las que interactúan sus filiales. Esa información no fluye. El accionista desconoce su responsabilidad en muchos de los conflictos generados por la empresa, especialmente los que ocurren en el Sur político del planeta. Y aunque a los creadores de imagen corporativa no les interese, el propietario tiene derecho y obligación de conocer si su empresa viola o no los derechos básicos de cualquier humano ajeno, por muy lejos que éste se encuentre.

Una muy reciente experiencia ilustra con creces el sutil pero enorme poder que ejercen las transnacionales sobre los estados, y de cómo si no se establecen mecanismos de evaluación independiente de su impacto transnacional y de regulación activa, las violaciones a los derechos humanos están servidas.

Durante el presente mes de agosto un grupo de 17experto/as de 6 países (Ecuador, Brasil, Perú, Colombia, Canadá y del Estado español) viajamos a la Amazonía ecuatoriana en una misión internacional dirigida a verificar los impactos de la actividad petrolera en el gran parque nacional Yasuní. El Yasuní (679.730 has. un tercio de las cuales pertenecen al pueblo huaorani) fue declarado reserva de la biosfera y aloja la mayor diversidad de árboles por hectárea del mundo.

La misión, que contaba con el permiso del propio gobierno ecuatoriano y de la ONAHE , fue expulsada por una empresa trasnacional española, la “gran” petrolera española, de cuyo nombre no quiero ni acordarme (REPSOL-YPF). ¿Los motivos? La compañía se remitía a nuestra seguridad ante la expansión del conflicto colombiano hacia la selva ecuatoriana.

Esta vez no se trataba de la expulsión de una misión de la ONU por un “Estado Gamberro” que quizás escondiera armas químicas, sino la de una misión que, aunque autorizada por un Estado (supuestamente soberano) y por sus ancestrales pobladores, fue rechazada por una empresa extranjera que controla políticamente un buen pedazo del territorio, incluidos a indígenas, colonos, traficantes y ejército nacional. ¿No es legítimo pensar que la empresa pretendía no mostrarnos algo?. Las instrucciones de expulsión nos llegaban el mismo día en que la misión ingresaba en el bloque 16, el pedazo de selva concesionada a la petrolera española por uno de los anteriores gobiernos ecuatorianos.

Sucedió justo cuando nos encontrábamos en la comunidad indígena huaorani de El Guyillero entre entrevistas y pernoctación. Las declaraciones del responsable máximo de seguridad de la compañía son cristalinas: “Ustedes se encuentran en casa de REPSOL y deben abandonarla”.

A lo que se le preguntó si consideraba que las comunidades indígenas que nos acogían también dependían de la empresa extranjera. El responsable, respaldado por 4 miembros del Ejército ecuatoriano, respondió que sí. La portavoz ecuatoriana de la misión contestó que no obedeceríamos ninguna orden de una compañía extranjera. La respuesta del responsable de seguridad fue que REPSOL-YPF podría entonces ordenar al ejército (ecuatoriano) que nos sacara del Parque Yasuní. Y así se hizo al día siguiente.

¿Deberían los accionistas de la compañía conocer este tipo de información?

Nota: El artículo se basa en el “Informe de la Misión de Verificación de los Impactos Petroleros en la Reserva de la Biosfera Yasuní/Territorio Huaorani”, disponible en www.debtwatch.org -