Se confirma Informe sobre violación derechos humanos presentado en el Parlamento Europeo

Cerca de 400 indígenas Embera-Katío entre ellos 180 niños, pasaron la Navidad en la calle, a la salida de la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC (www.onic.org.co), en el centro de Bogotá.

Desde el día 25 de octubre el pueblo Embera Katío perteneciente a los cabildos mayores de Río Sinú y Río Verde decidió declararse en Asamblea permanente e indefinida frente y al interior de las oficinas administrativas de Urrá en la ciudad de Montería, asamblea que posteriormente y debido a la falta de interés del gobierno Nacional, tuvo que trasladarse a las instalaciones del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. A las 3 de la madrugada del 23 de diciembre, 200 agentes del Escuadrón Metropolitano Antidisturbios, ESMAD, al mando del coronel Ricaurte, dieron 10 minutos para que desalojaran o de lo contrario procederían a desalojarlos por la fuerza, así lo dio a conocer un líder del pueblo Embera.

En un contexto de fuerte militarización, el pueblo Embera Katia es apoyado por la organización ambientalista CENSAT Agua Viva (www.censat.org ) - representante de Amigo de la Tierra en Colombia - que ha denunciado “que la decisión del pueblo Embera Katio se debe a la terrible situación en que se encuentra luego de la construcción y llenado de la hidroeléctrica Urrá que causó y sigue generando, daños irreparables a su soberanía alimentaría, su ambiente, y su organización tradicional. Entendemos esta asamblea permanente como un ejercicio pacifico y democrático, por lo que consideramos que es un deber del los gobiernos Nacional y Distrital, en Colombia, garantizar los derechos fundamentales del pueblo Embera Katio, reconocidos en la Constitución y la ley colombiana. (...) Hacemos un llamado para que el Gobierno Nacional inicie un dialogo abierto, sincero y comprometido con el pueblo Embera Katio, que permita atender sus mas sentidas preocupaciones, dentro del respeto de los derechos fundamentales y colectivos” concluye la declaración de Tatiana Roa Avendaño, Presidenta CENSAT.”

"Llegamos para quedarnos, no nos moveremos de aquí de la ONIC, hasta que el Gobierno Nacional nos solucione los problemas que tenemos en nuestras tierras", dijo Simón Domicó, líder de la toma. Domicó manifestó que el Estado se había comprometido a ayudarlos hace cinco años cuando se tomaron la sede del Ministerio de Medio Ambiente, donde quedaba la Embajada de Estados Unidos. Allí, luego de cinco meses de permanecer en la calle, el Gobierno se comprometió a protegerlos y ayudarlos en materia de alimentación y seguridad. Agregó que ellos exigen la presencia de los miembros de la Asamblea Permanente conformada por delegados de los Ministerios del Interior, Protección Social y Medio Ambiente, igualmente la asistencia de la Procuraduría.

Por su parte Martha Pernía, hija del desaparecido líder indígena Kimy Pernía Domicó, dijo que si el Estado hubiera cumplido sus promesas ellos no estarían realizando esta toma. "Pedimos que nos solucionen rápidamente este problema, afirmó. Reiteró que los indígenas están en medio del conflicto entre guerrilla y paramilitares, y la verdad, según ella, el Estado no ha hecho nada para frenar este impase. Indicó que la única respuesta que han recibido por parte del Gobierno "es que hagan lo que ellos digan". Expresó que su principal propósito de acompañar a la comunidad es protestar por la desaparición de su padre. Calificó como descarada la actuación del Gobierno en este sentido. "No he recibido noticias alguna de Kimy; no he visto ni el propósito del Gobierno para buscarlo", "Yo creo que las AUC tienen a mi padre", dijo la vocera indígena. Finalmente, Martha le dejó un mensaje claro al país: “En esta Navidad le pido a los colombianos que no nos dejen solos".

Presentado en el Parlamento Europeo el informe de la Plataforma de DDHH

Esta misma solicitud de solidaridad expuso en el Parlamento Europeo con sede en Bruselas el 1 de diciembre algunos representantes de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

"El problema más grande de Colombia es la paramilitarización que sufre el país, impulsado por la estrategia del gobierno del presidente Álvaro Uribe", declaró el sacerdote jesuita y coordinador del Tribunal Permanente del Pueblo sobre Crímenes de la Humanidad en América Latina, Javier Giraldo. El paramilitarismo fue adaptado como “política de Estado” en 1962 y desde entonces se ha dirigido "hacia la eliminación de los simpatizantes del comunismo y la masacre de la sociedad campesina, que el presidente Uribe no quiere sólo mantener, sino impulsar", continuó Giraldo durante su intervención en el debate Derechos Humanos en Colombia: evaluación y perspectivas de los derechos civiles, económicos y sociales’ en la eurocámara.

A su juicio, el gobierno colombiano actual, "tal y cómo presentó en una de sus tesis de campaña electoral hace dos años, quiere que la sociedad civil sea colaboradora de las fuerzas armadas del país sin establecer fronteras entre el pueblo y los militares".

Los datos presentados hoy por el padre Giraldo sostienen que en los dos últimos años, más de dos millones y medio de ciudadanos colombianos se convirtieron en "cooperantes militares del gobierno Uribe a cambio de una remuneración económica".

"La estrategia del poder colombiano es crear una zona gris en la que lo civil y lo militar no conozcan fronteras", añadió. "El paramilitarismo es el brazo político del Estado y sigue avanzando con violencia, principalmente en las zonas donde la tierra es más rica", aseveró.

Giraldo afirmó también que en Colombia el nivel de pobreza entre la población creció del 55 por ciento de hace dos años al 66 por ciento actual, debido a la "privatización de las tierras y de los servicios públicos y sociales".

En este sentido, el autor del libro ’El embrujo continúa’, Hildebrando Vélez, declaró que en Colombia hay una "redistribución del capital basada en una estrategia violenta" y afirmó que el 1 por ciento de los propietarios en Colombia posee más del 50 por ciento de las tierras del país.

España también es culpable

"El patrimonio natural colombiano se distribuye según los intereses políticos de empresas europeas y estrategias económicas estadounidenses". Entre las sociedades a las que consideró "culpables" del incremento de la pobreza, destacó a la española Unión Fenosa, "que se hizo cargo de las infraestructuras eléctricas del país y cuyos servicios ahora son insuficientes porque alumbrar Colombia no le es rentable". Vélez, también profesor universitario en Colombia y dirigente de la Confederación Amigos del País, acusó a Estados Unidos de querer imponer "una paz hipotecada y una salida negociada con la que poder sostener un territorio inestable al que poder explotar". Igualmente, destacó que “Colombia necesita una reforma agraria, política, económica, de infraestructuras, y ante todo social".

En este punto del debate, el representante de la Comunidad de Paz de la región de San José de Apartado, Wilson David Higuita, denunció "cómo se obligó, y se obliga, a los campesinos a un desplazamiento masivo". Higuita, actualmente refugiado en una comunidad vecina de San José que no mencionó debido a las amenazas de muerte que sufre, insistió en que los campesinos no son colaboradores de las guerrillas y que, en concreto, la Comunidad de San José se declaró en 1997 una "Comunidad de Paz". "¿Cuál es el precio que hemos pagado?, declaró. Una grandísima violación de los derechos humanos en la zona y el asesinato de más de 130 personas de nuestra comunidad en los tres últimos años". Por ello, exigió justicia y el fin de la impunidad para los colaboradores del gobierno de Uribe. "Pedimos a la Unión Europea y a los europarlamentarios solidaridad, apoyo político y reconocimiento de los derechos humanos", dijo.

Respuesta de la Eurocámara

De este modo y antes del debate en el pleno en la Eurocámara, la presidenta de la Comisión de Desarrollo de la UE y europarlamentaria italiana del grupo de Izquierda Unitaria, Luisa Morgantini, apostó por "apoyar una paz en Colombia que no se base en la represión sino en la justicia". Morgantini afirmó también que la UE es un territorio con conflictos internos como ejemplo mencionó el apoyo de ciertos países a la guerra de Irak, pero que "apoya la paz internacional y la eliminación de una dicotomía de paz y guerra". "Entre matar y ser matado hay una tercera vía, y es la de vivir y vivir con dignidad", concluyó.

Entre los asistentes, también figuró el presidente de la delegación para las relaciones con la Comunidad Andina, Alain Lipietz, del grupo de los Verdes, quién aseguró que "en el Parlamento Europeo se es consciente de que el problema de Colombia es un político y que hay datos suficientes para mostrara que cada día, la situación en el país es más amenazante para sus ciudadanos".

Monica Frassoni, co-Presidenta del bloque de los Verdes/ Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo comentó que “hace mucho tiempo venimos luchando por el respeto por los derechos humanos en Colombia. Nuestra última acción visible fue en febrero del 2004, cuando el presidente Uribe vino al Parlamento Europeo en Estrasburgo. En aquella ocasión los Verdes participamos en y organizamos varias actividades, entre ellas una audiencia con representados colombianos activos en el campo de los derechos humanos y una conferencia de prensa.

En la plenaria llevamos todos una bufanda blanca con la inscripción “Paz y justicia para Colombia” lo cual ha sido visto en uno que otro programa televisivo.

Apoyamos plenamente los análisis y las demandas contenidos en el compendio de “El embrujo continúa”. Creemos que el gobierno de Colombia tiene que implementar las recomendaciones hechas por la oficina de Naciones Unidas en Colombia, como precondición de ayuda. Finalmente hacemos nuestra la campaña promovida por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz que pide la conclusión de acuerdos humanitarios como marco necesario para llegar a una solución negociada del conflicto, a la protección de la sociedad civil que sufre mas del conflicto y una liberación de todas y todos los secuestrados”.

Tras la participación de los asistentes, tuvo lugar una breve presentación de la versión inglesa de la segunda parte del libro ’El embrujo continúa: dos años de Gobierno de Uribe’, que según su autor, Hildebrando Vélez -defensor de derechos humanos de la organización CENSAT, servirá para orientar mejor la contribución de la UE al respeto de los derechos humanos, así como a la paz y al desarrollo en Colombia.

Entre los objetivos del escritor figura el que se permita ubicar el sentido estratégico de la acción gubernamental ilustrando la actual política económica, social, de justicia y mediática, además de mostrar la situación de comunidades específicas con sus carencias y reivindicaciones.

Desde su oficina en Bogotá, Natalia Paredes -secretaria de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, nos comentó que “para la Plataforma es muy importante presentar el informe de seguimiento al gobierno colombiano respecto a la orientación de sus políticas publicas y la garantía de los derechos humanos, pues Colombia atraviesa una de la mayores crisis en materia de derechos humanos del mundo, porque se está configurando un régimen político de concentración del poder en el Presidente que desconoce la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, persigue a la oposición política y social, mantiene la impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad y establece políticas económicas que profundizan la pobreza y la concentración de la riqueza en pocas manos. Por ello, la Plataforma ha querido contribuir al debate nacional e internacional con estudios académicos y de las organizaciones sociales, serios y sustentados en estadísticas e informes gubernamentales, que ilustran claramente que está pasando en nuestro país con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y con los derechos de los afro descendientes, los jóvenes, los niños y las mujeres, entre otros”.

El encuentro fue organizado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Coordinación Campesina Europea (CPE), la Oficina Internacional de derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO), el Comité Ingrid Betancourt, la Coordinación Belga para Colombia (CBC), la Federación General de Trabajadores de Bélgica (FGTB) y la Confederación de Sindicatos cristianos de Bélgica (CSC).

*Cristiano Morsolin, periodista-educador y operador de redes internacionales. Co-fundador del Observatorio Independiente sobre Región Andina SELVAS.org www.selvas.org