El 13 de diciembre de 2004, en nota editorial El Tiempo anunciaba con escepticismo el nacimiento de la Comunidad Suramericana de Naciones, CSN. Señalaba que dos factores podrían convertir el sueño de la integración regional en un saludo a la bandera: el protagonismo de Brasil y el portentoso listado de proyectos de infraestructura. El prejuicio del escrito resultó ser válido, pero por un motivo diferente.

Ese mismo día, como se reveló posteriormente, en una cafetería de Caracas Rodrigo Granda -vocero internacional de las Farc- es secuestrado por efectivos de la Guardia Nacional Venezolana, quienes se encargaron de la detención, ocultamiento y traslado ilegal del guerrillero hasta Cúcuta, a cambio de una recompensa. En esta ciudad, Granda fue recibido por la Policía de Colombia.

Sin embargo, el 15 de diciembre, el general Jorge Daniel Castro, director de la Policía Nacional, les informó a los colombianos que después de una precisa labor de inteligencia sus hombres arrestaron a Granda, en Cúcuta. En la versión oficial, los detalles del operativo policial son desconocidos, no existe el acostumbrado video ni se mencionó la colaboración de autoridades extranjeras.

Este choque de versiones es el detonante de una crisis vecinal, que ha suspendido el comercio binacional, enfriado las relaciones diplomáticas y amenaza con echar por la borda la unión suramericana. Las declaraciones de las partes sólo han atizado el fuego. ¿Quién es el responsable del percance? Colombia, por violar la soberanía contigua; o Venezuela, como santuario guerrillero. ¿Cuál es la salida?

El aislamiento de la seguridad preventiva

La respuesta de Estados Unidos al atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 es la seguridad preventiva. En pocas palabras, la estrategia antiterrorista consiste en habilitar todo el poder económico, influencia política y sus fuerzas armadas para actuar anticipadamente en contra de los países señalados como tiranías, que son los que amenazan sus intereses de seguridad.

Cuba, Myanmar, Libia, Irán, Corea del Norte, Belarús y Zimbabwe son «reductos de tiranía», que pueden llegar a sentir todo el peso de la seguridad preventiva, si no aceptan los parámetros de la guerra contra el terrorismo; esto es, inspección de armas de destrucción masiva, vigencia de la democracia y los derechos humanos, libre comercio y cero tolerancia con el terrorismo.

Afganistán, y actualmente Irak, son los laboratorios de la seguridad preventiva. En este último país, Estados Unidos ha encontrado una resistencia férrea que tiene en vilo la realización de las elecciones programadas para el 30 de enero de 2005. Pero para contrarrestar los efectos del terrorismo, el gobierno Bush tiene un nuevo as bajo la manga: la Opción Salvador.

La operación Salvador es una política de escuadrones especiales dedicados a capturar, secuestrar o eliminar a terroristas y líderes rebeldes en Irak, y a quienes se oculten en países vecinos. El nombre de esta Opción se adopta en referencia con las acciones paramilitares secretas realizadas por el gobierno Reagan contra la guerrilla salvadoreña, en la década de los ochenta.

¿Es posible que en el continente americano se ponga en marcha la seguridad preventiva, tal como ocurre en Irak? En Suramérica sobresalen tres países a los ojos de Estados Unidos. Colombia, su principal aliado en la lucha contra el terrorismo; Venezuela, que es acusado de ser una fuerza negativa en la región - ¿tiranía?-; y Brasil, que lidera la CSN en abierta oposición a los norteamericanos.

Si nos atenemos a la versión venezolana, el gobierno Uribe realizó una operación Salvador -secuestro de un terrorista en el extranjero-, que no solo vulneró la soberanía del país vecino, sino que el pago de la recompensa promovió la corrupción en las filas de la Guardia Nacional. Además, la inteligencia policial colombiana subvaloró la respuesta venezolana, quizá con la anuencia de Estados Unidos.

No existe otra explicación. La implementación pasiva del secuestro, es decir, quedar a la espera de la llegada subrepticia de Granda a Cúcuta para compensarla con una fuerte suma de dinero, implicaba una serie de consultas que no iban a encontrar respaldo en ningún país suramericano, pero que para el gobierno de Estados Unidos le entregaba una oportunidad para mostrar los lazos entre las Farc y el gobierno Chávez.

Desde la época de las negociaciones de paz entre el presidente Pastrana y las Farc (1998-2002), los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos han insinuado que Caracas mantiene contactos políticos con ese grupo guerrillero, a tal punto de que Chávez facilita el territorio venezolano como retaguardia de las Farc, ante el acoso que soportan por la iniciativa del Ejército.

Pero la afirmación del gobierno colombiano sobre un santuario guerrillero en Venezuela, es muy frágil. El 16 de diciembre de 2004, en Caracas el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Uribe, al contestar una pregunta relacionada con las denuncias sobre el respaldo de Venezuela a las Farc, dijo lo siguiente: «si tuviéramos una convicción y pruebas de que eso fuera así no estaría yo acá».

Todo indica que las palabras del Ministro son ciertas. El pasado 20 de enero, Colombia le entregó a Venezuela un listado de cabecillas guerrilleros, así como su posible ubicación, que resultó ser más un reclamo sentido que la prueba reina sobre la protección que Caracas ofrece a las Farc. Afirmar que algunas personas han sido identificadas, sin respaldo fílmico o testimonial, no deja de ser una salida en falso.

Otro argumento que se ventila para sustentar la relación Chávez-Farc es la documentación venezolana que portan los guerrilleros que han sido capturados. En el caso Granda, los documentos son auténticos, pero fueron obtenidos con soportes falsos. Cabe señalar que Chávez, en una maniobra electoral frente al referendo revocatorio del 2004, facilitó la posibilidad de adquirir la nacionalidad venezolana.

Con toda seguridad en México, en Panamá, en Bolivia, etcétera, deben estar escondidos colombianos de la guerrilla, del narcotráfico y del paramilitarismo. En algunos casos, esos delincuentes pueden estar amparados con documentos de residencia o de nacionalización aparentemente legales. Pero, ¿eso significa que esos países son un santuario de las Farc? No, de ninguna manera.

De llegar a generalizarse la aplicación de la seguridad preventiva, este proceso terminará por generar un estado de aislamiento y desconfianza con los países que la aplican para lograr la captura de las personas que huyen de la justicia. La guerra contra el terrorismo que adelantan los Estados tiene unos límites claros: el estado de derecho, el respeto del derecho internacional y la vigencia de los derechos humanos.

La apertura de la seguridad suramericana

La salida al contratiempo binacional es diplomática y regional. Involucra la intervención de los países suramericanos como facilitadores de un escenario de negociación y restablecimiento de la confianza mutua. Y en este espacio Brasil es el actor estratégico llamado a jugar un papel decisivo en la región, como cabeza visible de la CSN.

La integración suramericana, que gira entorno de la democracia y el desarrollo económico, tiene que fortalecer sus prioridades mediante el impulso de una política de seguridad regional. La solución al diferendo no puede ser coyuntural. Todo lo contrario. La crisis debe ser aprovechada para crear una herramienta de solución de diferencias, que logre blindar las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales de la región.

El gobierno de Luiz Inácio “Lula” Da Silva ha demostrado liderazgo internacional, autonomía y distancia política frente a Estados Unidos, lo cual le permitirá abanderar la construcción de una política exterior de seguridad regional que integre las aspiraciones suramericanas, sin provocar temores, aislamientos o desconfianza entre los países involucrados en la alianza continental.

Con las enseñanzas que deja la situación binacional, la discusión de la política de seguridad debe abordar temas centrales como la definición del interés regional y los mecanismos de solución de controversias; así como el establecimiento de órdenes de captura regionales, la constitución de un sistema regional de inteligencia, la creación de una policía regional y la facilitación del intercambio de pruebas judiciales.

Jairo Libreros