Por un viaje a Cartagena

La delegación de Estados Unidos que participa de las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con los países andinos, sin Venezuela, tiene un argumento fuerte que utiliza cuando quiere cerrar cualquier debate incómodo: el mandato de su Congreso es limitado y no pueden convenir sino hasta donde les ha sido autorizado por ley. Así que podemos gritar, zapatear y llorar ante la cara de piedra de la señora Vargo, pero ella no saldrá del marco preestablecido que refleja el complejo nudo de intereses que se encierra en la discusión sobre aranceles y derechos de inversión.

El grupo negociador gringo es claramente inferior en rango al los miembros de las dos cámaras del legislativo, que no imaginarían ser “invitados” por el equipo operativo para que aprendan viendo lo que hacen. Es más, el status de Mrs. Vargo es también bastante por debajo al del ministro (secretario) de comercio, sus subsecretarios y el representante comercial estadounidense que será el que al final ponga su firma. Esta jerarquía es una señal de lo que representamos para ellos, de la seguridad de que el paquete negociable ya está definido y que nada va a ser alterado en las políticas básicas del gigante que trata con nosotros.

En el Perú, tenemos desde hace algunas semanas un proyecto de ley para delimitar las atribuciones y el margen dentro del que deberían actuar los negociadores de comercio internacional. Una propuesta más bien de principios, que recuerda lo que es obvio, que nadie puede comprometer los intereses del país más allá de lo que permiten la Constitución y las leyes, sin recabar autorización explícita del Congreso dentro del procedimiento de modificación de las normas del Estado. Pero incluso eso le parece un escándalo a Ferrero, el sobrino, que lo interpreta como una invasión a la potestad del Ejecutivo de pactar en materia internacional.

En general la opinión del Ministerio de Comercio Exterior, que en ninguna parte ha recibido mandato para actuar por encima de la ley y tampoco para decidir las relaciones internacionales del país, ha sido que para conseguir sus objetivos de firmar el TLC, sí o sí, como dice Toledo, y acceder al enorme mercado de Estados Unidos a cambio de nuestro mercadito nacional, necesita tener las manos absolutamente libres y que nadie observe lo que está haciendo. Esto va en el sentido del interés norteamericano que consiste en limitar a su delegación en puntos básicos, mientras sus interlocutores pueden acordar directamente sobre cualquier cosa.

El MINCETUR sabe que quién se sentiría afectado por una ley de funciones y por parámetros de negociación fijados desde el Congreso, es el gobierno de Estados Unidos, porque el intercambio sería más equiparado y en situación de impasse las dos partes tendrían que regresar a sus casa legislativas. A ellos les interesa erigirse en plenipotenciarios, con el parlamento detrás de ellos, aprendiendo de ellos, y con el Canciller y los ministros de otros sectores tratando de negociar con el zar Ferrero Diez Canseco y su carnal De La Flor Belaúnde, ex funcionario de AID.

Durante las primeras rondas de negociación, el ninguneo al Congreso, dentro de la lógica señalada, fue patético. Simplemente los funcionarios de MINCETUR se negaron a informar por un supuesto compromiso de secrecidad y dejaron plantada a la representación política en varias citaciones. Pero luego rectificaron. Sonsos no son y saben que de todas maneras el TLC requerirá de los votos de esta devaluada institución. Además están los consejos de AID y otras agencias de Estados Unidos que recomiendan la estrategia de lobby para lograr que el TLC salga como quieren. Eso es lo que ha traído, a partir de la anterior ronda en Tucson, Arizona, la novedad de los viajes de amplias delegaciones de parlamentarios con gastos pagados por el ministerio, con fondos de Estados Unidos, para que los despistados padres de la patria puedan “aprender” (expresión del ministro) de los técnicos en negociación.

Como es de suponer, la partida de 30 congresistas, con pasajes y gastos pagados, hiere aún más la sensibilidad de la población, que además es consciente que los que viajan están en cualquier cosa menos en asuntos de comercio internacional. Si les interesara el tema, estarían presionando al ministro y viceministro por información, y se pagarían su propio pasaje a Tucson o Cartagena, para llegar con independencia y capacidad de fiscalización. Todo eso es cierto, como que lo es que los van a tratar siempre como subordinados del grupo de trabajo, informándose a través de conversaciones de pasillo y de los chismes del cuatro del lado, sin poder en ningún momento apreciar lo que sucede en la sala de negociación real.

Pero el punto es más serio aún. Ferrero y las agencias yanquis que lo financian está actuando corruptoramente, para asegurarse votos de aprobación a lo que están pactando en oscuro secreto. Por un viajecito se van metiendo en el bolsillo a personajes que luego tendrán al frente una torre de documentos del tratado para decir que sí o que no. ¿Cómo creen que será su voto?

Es escandaloso que los intereses del país no estén diferenciados de los dela contraparte con la que negocia, que paga la propaganda hacia los peruanos y ahora los viajes de sus congresistas a ver lo que ya está próximo a consumarse. Y es también otro escándalo inaceptable que el Congreso en vez de controlar los actos del Ejecutivo, con absoluta independencia, se venda por un viaje a las playas del Caribe.