El próximo 3 y 4 de febrero se llevará a cabo en Cartagena la reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia (más conocida como Mesa de Donantes) para darle continuidad al proceso iniciado en Londres el 10 de julio de 2003. Se anuncia que estarán representantes de más de 24 gobiernos, delegados de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Sistema de Naciones Unidas, de la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Gobierno Colombiano.

Los resultados de Cartagena, retroceso respecto a Londres

De entrada, analicemos el final: los resultados de la cumbre de Cartagena.

El presidente Uribe ha promovido un discurso reinterpretativo del conflicto colombiano con el fin de acomodar y desarrollar el modelo de sociedad y Estado propuesto, que tiene como columna vertebral la «seguridad democrática», en cuya implementación deben comprometerse todos los colombianos y colombianas.

El discurso, ahístórico, se fundamenta en la negación de la existencia de un conflicto social y armado en el país y en la afirmación de que nos encontramos, exclusivamente, frente a un problema de terrorismo, delincuencia y narcotráfico. El Estado es una víctima más, como el resto de los ciudadanos. El desarrollo de la nación y el bienestar de la población requieren prioritariamente de estrategias de seguridad. El Estado necesita hacer presencia -militar- en todo el territorio y ejercer el control social y cotidiano de toda la población. La Constitución política es muy bondadosa en derechos y poco exigente en deberes para los ciudadanos y no le da las facultades requeridas al Presidente para desarrollar sus iniciativas. Los derechos humanos y los instrumentos internacionales de protección son camisa de fuerza y cortapisas a la “soberanía” nacional.

La sustancia de este discurso parece que ha calado en buena parte de la comunidad internacional y sus gobernantes, en particular en la Unión Europea.

Es verdad que la Unión Europea, hasta ahora, no ha tenido una estrategia política y de cooperación integral y sostenible para Colombia, que se compadezca con las exigencias y gravedad de la situación. Su actuación ha estado condicionada por coyunturas políticas locales o supeditada a la existencia o no de negociaciones entre el Gobierno colombiano y los actores armados. Sin embargo, el respaldo a la acción de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Enviado Especial del Secretario General de la ONU para las gestiones de paz en Colombia, así como los informes y recomendaciones, emanados por las distintas instancias de las Naciones Unidas hacia el Estado Colombiano, (ratificadas por los gobiernos participantes en la reunión de Londres) así como la posición de no apoyar el componente militar del Plan Colombia, se convertían en cierta garantía de que la Cooperación Internacional Europea se desenvolvería en el marco de reglas de juego claras relacionadas con el respeto y cumplimiento de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, de mantenimiento del Estado de derecho y de la ampliación de la democracia.

Lo que ha ocurrido desde Londres hasta aquí y el texto borrador de lo que será la «Declaración de Cartagena» evidencia, una tendencia de la Unión Europea y los gobiernos participantes en la cumbre, a compartir la reinterpretación del conflicto en clave antiterrorista, quiere decir, a compartir el enfoque sustancial de las propuestas del presidente Uribe.

Si en la declaración de Londres, los principios conductores (casi como condiciones) fueron: el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos por parte del Gobierno de Colombia; la necesidad de la salida política negociada al conflicto armado y una política estatal de paz; la concertación con las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, así como plenas garantías para el desarrollo de sus labores; la necesidad de tomar medidas eficaces contra la impunidad; y, el diseño de una estrategia coordinada y coherente de cooperación, entre otros; en la declaración de Cartagena los representantes gubernamentales respaldarán al presidente Uribe en su política de seguridad democrática, en sus esfuerzos por fortalecer la lucha contra el terrorismo y las drogas ilícitas; reconocerán y manifestarán el apoyo al proceso de desmovilización y reinserción con los grupos paramilitares, recomendando la importancia de que exista un marco jurídico que considere los principios de verdad, justicia y reparación; resaltarán los avances del Gobierno en el cumplimiento de las recomendaciones y lo animarán a continuar los esfuerzos; incentivarán al Gobierno a reforzar las medidas existentes de protección a líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y comunicadores... y seguramente, estarán de acuerdo en que las prioridades de la cooperación internacional son los seis bloques temáticos bajo el enfoque que el Gobierno colombiano logró imponer en este proceso pos Londres: bosques, reincorporación a la civilidad, desarrollo productivo y alternativo, fortalecimiento del Estado de derecho y derechos humanos, programas regionales de desarrollo y paz, desplazamiento forzado y asistencia humanitaria.

Los representantes gubernamentales dejarán constancia que se escuchó a la sociedad civil y el gobierno de Colombia corregirá el párrafo pues considera que no sólo se ha escuchado, sino que todo se ha concertado y dialogado con la “sociedad civil”.

Así las cosas la reunión de Cartagena dejará muchos más interrogantes que la de Londres y que los delegados gubernamentales no quieren hacerse y muchos debates que se prefieren dejar de lado. Señalemos algunos:

* ¿Se conoce, de manera seria y responsable, lo que de verdad está sucediendo en el país? ¿Puede aceptarse que en Colombia no hay un conflicto armado y que sólo hay terrorismo?

* ¿Puede reconocerse y validarse el proceso con los paramilitares como un proceso de negociación y como una política de paz? ¿Se puede dejar pasar la impunidad que cobijará sus crímenes? ¿Puede aceptarse que en «cese de hostilidades» cometan 1887 nuevos crímenes?

* ¿Por qué las Naciones Unidas y la comunidad internacional han sido tolerantes con las descalificaciones del gobierno de Colombia hacia importantes instancias de la Unión Europea, de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales de derechos humanos? ¿Por que se aceptó el veto del gobierno al Asesor Especial de Paz de las Naciones Unidas, James Lemoyne? ¿Por qué se aceptó que el gobierno cambiara, a su criterio, aspectos sustanciales del Plan de Acción Humanitaria, tales como: «crisis humanitaria por situación humanitaria, conflicto armado por violencia, víctimas del conflicto por víctimas de la violencia», que el sistema de Naciones Unidas elaboró?

* ¿Puede creerse que las reformas a la justicia, las reformas constitucionales y las reformas tributaria y pensional que se han aplicado, fortalecen de verdad el Estado social de derecho?

* ¿Puede considerarse que las medidas actuales de protección a líderes sociales y de derechos humanos son eficaces y que de lo que se trata es de “reforzarlas”?

* ¿La Unión Europea ha realizado una evaluación seria sobre los resultados de los laboratorios de paz? ¿Conoce la Unión Europea lo que está sucediendo en materia de violaciones a los derechos humanos y al DIH, de implantación de megaproyectos, de ocupación de militares y paramilitares, de las comunidades y territorios donde está desarrollándose los laboratorios de paz?

* ¿Puede aceptarse que hay diálogo y concertación entre el gobierno y la sociedad civil después de conocer las reiteradas descalificaciones de los más altos funcionarios del gobierno contra las ONG de derechos humanos, las organizaciones sociales y la oposición política?

Hemos escuchado decir, en estos días, que la reunión de Cartagena, más que una mesa de donantes, será un espacio de debate político entre la cooperación internacional y el gobierno colombiano. A decir por el borrador de declaración, que ha circulado, el llamado “debate político” quedará como un saludo a la bandera.

El proceso entre Londres y Cartagena

A pesar del compromiso adquirido por el gobierno de Colombia en Londres, este consideró que la «declaración de Londres» constituía una camisa de fuerza y obstaculizaba el desarrollo de sus estrategias y políticas y, por lo tanto, intentó eludir los compromisos. Por la presión de las organizaciones sociales colombianas, las agencias de cooperación internacional, la Comisión de derechos humanos de Naciones Unidas y el Grupo de los 24 países (G24) que estuvieron en Londres, el Gobierno aceptó algunos espacios de discusión sobre su estrategia de cooperación internacional, y en ese marco el seguimiento a la declaración de Londres y al cumplimiento de las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos.

Respecto al seguimiento realizado en la aplicación de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, el proceso estuvo signado por varias reuniones evaluatorias. Del resultado de estas reuniones puede decirse que se evidencia el incumplimiento de la mayoría de las recomendaciones por parte del Estado y el gobierno; pocos y limitados avances en algunas de ellas y la persistencia de políticas y programas gubernamentales que van claramente en contra de muchas de las recomendaciones.

El Gobierno no mostró acciones concretas para prevenir violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como para investigar, procesar y sancionar a los responsables. Al contrario, continuó promoviendo políticas dirigidas a involucrar cada vez más a la población civil en el conflicto, reformas normativas que buscan desmantelar instituciones que han jugado papel fundamental en la protección de derechos; continúa negando el conflicto armado, el principio de distinción e inclusive la crisis humanitaria.

El Gobierno ve las recomendaciones como un obstáculo y no como una herramienta para fortalecer las instituciones estatales, el Estado social de derecho y la democracia. (A este propósito puede consultarse el documento Seguimiento a recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, elaborado por la Alianza de organizaciones sociales y afines por una cooperación internacional para la paz y la democracia en Colombia y la Coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos, diciembre de 2004)

Otras tantas reuniones se tuvieron con las mesas temáticas o bloques de acción prioritaria que constituyen la Estrategia de Cooperación Internacional. Las organizaciones de la sociedad civil que participaron en estas mesas concluyen que la estrategia de cooperación que presenta el gobierno no responde a los lineamientos de la declaración de Londres, que esta estrategia se orienta más por los contenidos y postulados de la política de seguridad democrática; el tema de la paz desaparece totalmente de los bloques temáticos.

Por otro lado, las organizaciones sociales señalan que se trató de una consulta limitada y excluyente y no de un proceso real de participación como lo plantea la declaración de Londres, en el que la sociedad civil concerta con el gobierno una estrategia de cooperación. Las propuestas y comentarios de las organizaciones de la sociedad civil quedaban como simples constancias, que no se reflejaban en los documentos gubernamentales.

Para cerrar este ciclo, el 15 de diciembre se reunieron en el Palacio de Nariño, las organizaciones de la sociedad civil participantes en el proceso, miembros del cuerpo diplomático y el presidente Uribe.

La sociedad civil en Cartagena, vuelve y juega

Sin lugar a dudas importantes organizaciones de la sociedad civil se tomaron en serio la declaración de Londres. Tanto así que, inmediatamente después de Londres se creó la «Alianza de organizaciones sociales y afines por una cooperación internacional para la paz y la democracia en Colombia», conformada por más de 122 organizaciones nacionales y regionales, sociales, ambientales, sindicales, de derechos humanos, iniciativas de paz, democracia y desarrollo. Durante este tiempo la Alianza animó, impulsó y coordinó las discusiones, el seguimiento a Londres, la elaboración de documentos y la participación en los espacios que hubo con el gobierno.

Esta Alianza, conjuntamente con agencias de cooperación internacional y con el Gobierno nacional, convoca para el día 2 de febrero, como antesala de la cumbre en Cartagena, a la comunidad internacional para expresar su posición, su balance y sus propuestas. El Gobierno nacional, para contrarrestar el peso de las críticas de las ONG y organizaciones sociales, impone un escenario de sociedad civil en el que participarán también, además de las organizaciones de la Alianza y de las ONG internacionales de Cooperación, la Confederación de Municipios de Colombia, la Confederación de ONG, El Consejo Gremial (Empresarios), Las Fundaciones Privadas (de los gremios); El Consejo Nacional de Planeación y La Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Colombiana.

Solamente, una persona por cada uno de estos sectores mencionados podrán participar el día 3 en al reunión entre los gobiernos. En todo caso, salta a la vista la desventaja en la que se encuentra la Alianza y la cooperación internacional no gubernamental frente a los demás delegados, afines a las políticas del presidente Uribe.

Resulta claro, una vez más, que con la presencia de algunos sectores de la sociedad civil en la reunión, el Gobierno, legitima y gana el aval para el proceso.

A manera de conclusión

Todo parece indicar que de Cartagena, el gobierno de Uribe, no saldrá con muchos dólares, pero si con un buen reconocimiento y apoyo político para sus estrategias; que la Unión Europea mantiene su posición ambigua en cuanto a la cooperación en Colombia, pero cada vez se acerca más a los postulados uribistas y que el pueblo colombiano no obtendrá ninguna mejoría sustancial de este evento, pues al parecer entre Londres y Cartagena se han “embolatado” (perdido) más aún, sus derechos.

Diego Pérez