La séptima ronda del Tratado de Libre Comercio (TLC) que Colombia, Ecuador y Perú negocian con Estados Unidos, dio para todo, y culminó sin acuerdos. Durante toda la semana de Carnaval, Cartagena recibió a empresarios, negociadores, representantes de gremios y políticos: 80 congresistas acudieron asimismo a la cita, quizá para pasear para buscar la oportunidad de ver al presidente Álvaro Uribe, recluido allí con una extraña laberintitis. El semanario El Espectador fue más explícito: “cómo no van a asistir a esta ronda, si el mayor porcentaje de congresistas tienen su propio negocio y vienen a cuidarlo y ver qué pasa con los gringos”.

Los medios de comunicación del sistema -y los funcionarios del gobierno de Uribe- habían despertado una enorme expectativa sobre el éxito de las negociaciones, pero lo que debieron reportar fue la resurrección de algunos temas que colombianos, ecuatorianos y peruanos ya creían sepultados, como la venta de ropa usada estadounidense (rechazada por razones de higiene, legales y por la publicitada esencia del TLC, que es el de favorecer e incrementar el intercambio) y la inclusión de la telefonía móvil en el tratado.

Es más, cabe recordar que el 90% de las prendas que consumen los estadounidenses provienen del Asia o de las maquilas de Centroamérica... La aprobación de este tema significaría la quiebra de las fuertes, pequeñas y medianas industrias textiles andinas.
Tampoco se dieron avances concretos en temas cruciales como los de la agricultura, propiedad intelectual, normas de origen, inversión, servicios financieros, problemas sanitarios y fitosanitarios, y el de los medicamentos (EE.UU. quiere suprimir los genéricos e imponer la fuerza de las industrias farmacéuticas trasnacional).

Ni siquiera las mesas de comercio electrónico y competencia, pudieron sellar acuerdos. Los gremialistas de los tres países rechazaron la importación de bienes usados y el tratamiento a los trozos de pollo (producto de desecho en EE.UU., cuya venta a precios de huevo en las naciones andinas arruinaría la industria avícola y las relacionadas a ella).

Las agencias de viajes y turismo y los agentes aduanales colombianos se opusieron también a la pretensión estadounidense de eliminar el contrato de agencia comárcales.

Las nuevas complicaciones hicieron que se extendiera el plazo de finalización de las negociaciones, que ahora se trasladarán en marzo a Miami y Washington (para tratar temas específicos) y posteriormente en abril a Perú, donde debiera finiquitarse el TLC.

El Espectador destacó, asimismo, que los padrinos políticos de los gremios empresariales aparecieron como parte del lobby correspondiente para sacar adelante los intereses particulares de cada uno de los grupos económicos que representan (Leonor Serrano, el avícola; Luis Guillermo Vélez el automotor; Hernán Andrade, el agrícola; Luis Alfredo Ramos (telecomunicaciones y lácteo); Gabriel Zapata, el lechero; Dilian Toro Y Santiago Castro, el azucarero, Humberto Builes, el piscícola; Edgar Artunduaga, emisoras de radio; Julio Manssur, el ganadero, Habib Merheg, televisión por cable).

El senador uribista José María Conde advirtió que “existe una mezcla de intereses en lo político y lo social en muchos de los congresistas. Claro que unido a ello están los intereses gremiales. Esto es grave si lo analizamos desde la posibilidad de que todo esto conduce a la monopolización de su interés legislativo, frente a los temas generales que afectan a los habitantes de la nación”.