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El Supremo Tribunal Federal (STF) estableció el 17 de febrero próximo para hacer el examen legal de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADIN) Nº 3273, que intenta abrogar varios artículos de la Ley del Petróleo (Ley 9678). El proceso legal se retrasó a fines del año pasado por causa del pedido de vistas del ministro del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello.

En vísperas de la realización de la Sexta Ronda de Licitaciones de áreas para exploración y explotación de petróleo en agosto de 2004, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres de Britto, tomó una Decisión que casi suspendió la licitación de la Agencia Nacional del Petróleo. De Britto estuvo motivado por la Acción Directa de Inconstitucionalidad presentada por el gobernador del Estado de Paraná, Roberto Requio.

Las presentaciones de las ofertas recién comenzaron después que el presidente del Superior Tribunal Federal, el ministro Nelson Jobim, anulara la Decisión preliminar de Ayres de Britto. La Acción de Inconstitucionalidad no impide la realización de la licitación, pero altera cinco artículos de la Ley del Petróleo.

La principal modificación requerida es la anulación de la transferencia de la propiedad de los recursos minerales extraídos por las compañías, dado que constitucionalmente esa propiedad corresponde al Estado federal. De acuerdo con la ley de 1998, las empresas tienen la propiedad del crudo y del gas extraído y pueden exportarlos.

Además de la cuestión de la propiedad del petróleo, la Acción de Inconstitucionalidad impugna la concesión de yacimientos a las empresas extranjeras, lo que generó preocupación entre los inversores. La nueva fecha prevista para el examen de la Acción de Inconstitucionalidad podrá ser postergada si otro ministro del tribunal superior vuelve a pedir vista del proceso.