En la Ley de Hidrocarburos, en efecto "el Contrato de Obras o Servicios" le faculta a Petroecuador a contratar a empresas que aporten capitales, equipos, maquinarias y/o tecnología para incrementar la producción petrolera, a cambio de un precio o remuneración en dinero, pero por ningún lado la Ley contempla el pago en petróleo, como se está pretendiendo hacer. Éste o cualquier contrato que observa la Ley de Hidrocarburos sería aplicable si Petroecuador estuviese en acefalía, pero según datos oficiales del Banco Central, en 2004 gracias a la empresa estatal el país logró un superávit de 260 millones en la balanza comercial; al mismo tiempo debido a la producción petrolera aumentó el Producto Interno Bruto (PIB) en un 6,6 %. Es por todos conocido que el petróleo aporta con más del 40% del Presupuesto General del Estado. De acuerdo a la Revista América Economía, en su edición de septiembre 2004, Petroecuador está en el ranking No. 1, como la más rentable sobre el retorno en ventas en América Latina; de igual forma, en la revista Vistazo de octubre 2004, Petroecuador consta como la mayor empresa del país, con 3.358 millones de dólares en ventas. De otro lado, a principios de año el Directorio de Petroecuador aprobó reasignar del Fondo de Inversión Petrolera (FIP), entre 50 y 135 millones de dólares que deberán ser entregados por el Ministerio de Finanzas, en este año, para proyectos de inversión de la empresa estatal. Al mismo tiempo, los ingresos petroleros el año pasado se acumularon en el Fondo de Estabilización petrolera (FEIREP), llegando a más de 600 millones de dólares. De este monto, como todos sabemos se destina el 70% para la recompra de la deuda externa. Es evidente que aunque las autoridades saben que hay recursos para impulsar la producción, simplemente no hay voluntad política para apoyar a la empresa, porque los compromisos y negocios pactados están sobre cualquier interés nacional. Sin embargo, en la página web oficial de Petroecuador, se informa que la empresa requiere "40 millones de dólares para rehabilitar 90 pozos cerrados en los campos del Oriente, con lo cual se espera un aumento de producción de petróleo de 23.000 barriles" Irónicamente el ministro de Economía prefiere obtener un crédito de 100 millones de dólares para votar a la desocupación a 5.000 trabajadores, en lugar de apoyar al fortalecimiento de la empresa. Al mismo tiempo, el gobierno nacional a través del Ministro de Energía, impulsa una política de concesión, bajo el argumento de que se necesitan más de 400 millones para subir la producción en 24.000 bls. diarios. Lo inaudito es que en lugar de entregarle a Petroproducción los recursos que necesita, está por consumarse la mayor entrega de los principales campos petroleros, a manos de empresas privadas. Claro está que cualquier empresa del mundo ve en el país una oportunidad inmejorable de hacer negocios, pues en las bases del contrato que se pretende firmar "para hacer más atractiva la oferta", se regala la información sísmica, las reservas probadas, los estudios de yacimiento, propiedades de las rocas, historial de los pozos, diagramas y planos de estaciones, etc, de los Campos Lago Agrio, Sacha, Shushufindi, Auca y Culebra Yulebra. Toda esta información a la empresa le costó cientos de millones de dólares, que ahora se pretende entregar, como quien entrega la soberanía y el patrimonio a cambio de unas pocas monedas. Por si esto fuera poco, el Estado ha invertido millones de dólares en los pozos perforados, carreteras construidas, estaciones de producción, etc, que se entregarían sin beneficio de inventario alguno. Ya la historia petrolera da cuenta de cómo se regalaron los campos "mal llamados marginales" a las empresas privadas; así fueron festinados Bermejo, Tigüino, Palanda, Pindo, entre otros. El año 2004, los técnicos de Petroproducción, gracias a los Estudios de Sísmica 3-D, lograron aumentar las reservas probadas en 65 millones de barriles y, en 650 millones de reservas probables. Ante esta dolorosa realidad de entreguismo infame, lo ético y patriótico sería firmar contratos de exploración petrolera de riesgo que le obligue al empresario a invertir sus capitales en montar toda la infraestructura petrolera, pagar por toda la información técnica que cuesta una fortuna. Una vez cumplidas todas las fases de la industria, y si la empresa encuentra petróleo comercialmente rentable, tendría el derecho de participar en la producción. (Lo ideal es que el porcentaje de participación en el petróleo descubierto, sea para el Estado de al menos un 51%, como sucede en Cuba o Venezuela y, no como en Ecuador, donde el Estado tan solo recibe el 15 % de la producción extraída). La visión de algunos profesionales de la Estatal, resulta preocupante, cuando sostienen que "Es preferible que se apoye esta modalidad contractual y evitar que nos privaticen o perdamos el trabajo". La presión es grande desde Petroecuador y el ministerio de Energía, las autoridades se rigen a la política de turno, ciertos profesionales de la Estatal contribuyen a crear las bases para el escandaloso contrato. El negocio del siglo XXI está por concretarse, lo único que tendrían que hacer las privadas es perforar y reacondicionar los pozos, es decir un trabajo de rutina para Petroproducción. A cambio de estos "contratos de la vergúenza" las petroleras ganan terreno, pretenden quedarse por diez años, participar del incremento de producción (entre el 30 y 70% dependiendo del Campo). En conclusión, se quiere firmar la sentencia anunciada de muerte de la principal empresa del Estado. Ante esta realidad, duele como ecuatoriano que ciertos profesionales, en lugar de salir por los fueros de la dignidad, la defensa nacionalista de la empresa, quizás aspiran ser tomados en cuenta por las privadas, cuando entren a arrasar los Campos de Petroecuador. El “tsunami privatizador” continúa con fuerza gracias al Decreto Ejecutivo 2347, publicado en el Registro Oficial 481, por el cual el presidente Gutiérrez intenta concesionar “en combo” 17 campos marginales, de los 29 a cargo de Petroproducción. Son cerca de 150 millones de barriles en reservas que se intenta entregar a la voracidad de las transnacionales. Capítulo aparte merece la concesión de la Refinería de Esmeraldas (REE), los profesionales han presentado un proyecto alternativo para la construcción de una ‘Planta de Alta Conversión’ para aprovechar los residuos y obtener mayor cantidad de productos limpios (derivados); al mismo tiempo el proyecto incluye la construcción de una ‘Isomerizadora’, que permitiría aumentar el octanaje de las gasolinas. En síntesis, el proyecto en su conjunto requiere aproximadamente 180 millones de dólares que pueden ser financiados por los fondos del IESS, los fondos del FIP o FEIREP. Por lo expuesto, existe una posición firme de los trabajadores de no permitir la privatización de las refinerías. Y no sólo eso, se plantea una propuesta viable a las autoridades energéticas para modernizar la Planta, sin necesidad de privatizar la industria. La REE aporta con más del 61% de la demanda interna de combustibles, produce 958 millones de dólares al año en derivados; al igual que Petroproducción que aporta al erario nacional con cerca de 2000 millones de dólares. Las dos filiales, son y serán empresas altamente rentables. Por esa razón, están en la mira de los “inversionistas externos e internos”. Sólo el pueblo organizado podrá impedir que se consuma este latrocinio, el no hacerlo será dar paso al triste epílogo de un futuro de miseria para las generaciones venideras, que con seguridad aprenderán en las escuelas que el Ecuador fue un país exportador de petróleo, en el pasado; nuestros hijos heredarán el fruto de la marcada apatía de hoy frente a este grave problema. ¡Triste pero ese es el futuro del país! que hoy se está feriando, a no ser que las actuales generaciones “indiferentes e impávidas” impidamos el robo legalizado que está a punto de firmarse en el Ecuador.