Antecedentes de contaminación ambiental e irrespeto de los derechos de las comunidades

Mientras el petróleo es supuestamente para el país una de las principales fuentes de ingresos, para los campesinos e indígenas que habitan en las zonas petroleras significa un arma de destrucción del medio ambiente y de la salud.
Desde inicios de la década de los setenta, las empresas hidrocarfuríferas han extraído miles de millones de barriles de petróleo en la región amazónica de país. En este proceso, millones de metros cúbicos de petróleo y desechos tóxicos (bien sea por derrames accidentales o vertidos premeditadamente) han sido eliminados directamente al medio ambiente, provocando la contaminación de la mayoría de los ríos del Oriente (fuente de abastecimiento de muchas comunidades de la región), de los terrenos fértiles y de la atmósfera.
Las compañías entran y realizan trabajos en las comunidades amazónicas sin tener el permiso de sus habitantes, a pesar que tanto campesinos como indígenas disponen de propiedades legalizadas; se violan así sus derechos, con la excusa de que el petróleo es un recurso necesario para el desarrollo del país.
Las empresas petroleras aprovechan, además, la gran crisis que está sufriendo el sector agrícola de la región para ingresar, mediante atropellos y engaños, en los terrenos de las comunidades y realizar sus actividades, ofreciendo pésimas condiciones de trabajo; proponiendo desventajosos negocios por el uso de la tierra y la afectación; destruyendo la organización existente, sin respetar, en ningún caso, las culturas y formas de vida de los pobladores.
En este sentido, tanto por ignorancia como por la situación crítica en la que se vive, algunas comunidades se ven forzadas a aceptar y permitir que las transnacionales del petróleo actúen con total libertad.
A todos estos perjuicios se añade otro no menos grave: estudios realizados en la zona demuestran que las personas que habitan en las comunidades afectadas por la actividad petrolera están expuestas a un mayor riesgo de padecer leucemia y otros cánceres, y de sufrir abortos.
Los reglamentos y leyes ambientales del país, aunque no de forma excesivamente estricta, sí recogen los niveles máximos de seguridad y acciones necesarias para que la actividad petrolera produzca un menor impacto ambiental y social. Cada compañía debe presentar obligatoriamente un Estudio de Impacto Ambiental por cada operación que realice. Sin embargo, estos estudios son elaborados con datos falsos, favorables a los intereses de la empresa, sin consulta alguna y sin tomar en cuenta a los pobladores campesinos e indígenas, dueños de los territorios afectados.
La ausencia de control para el cumplimiento de las leyes y la prepotencia de las compañías, amparada por la fuerza pública, las autoridades locales y el Gobierno, provocan una continua violación de los derechos de las comunidades.
Este ha sido y es el panorama que han soportando las personas que habitan en las zonas de explotación petrolera...

Por el derecho ambiental y el derecho a la Vida
Ante estos antecedentes de contaminación ambiental, perjuicio a la salud e irrespeto a los derechos humanos, sociales y culturales de las comunidades afectadas, se creó la Oficina de Derecho Ambiental, en el año 2001; esta instancia sirvó para levantar la voz de protesta de los habitantes afectados por las transnacionales hidrocarfuríferas. La Oficina estaba dirigida por Diocles Zambrano y Angel Shingre, líder campesino y fervoroso activista ambiental.
Desde su formación, la Oficina de Derecho Ambiental articuló todas las acciones de protesta, denuncia y medidas de hecho de las comunidades en contra de las petroleras. Sin embargo, en noviembre del 2003 un acontecimiento conmocionó a todos: el asesinato de Angel Shingre, por razones que, aunque no se han podido confirmar legalmente, se atribuyen al trabajo que venía realizando a favor de los derechos de los campesinos e indígenas y en contra de las malas prácticas de compañías explotadoras de petróleo.
En ese mismo mes, desde la Oficina de Derecho Ambiental se convocó a dirigentes de varias comunidades para analizar el camino a seguir después de la pérdida irremplazable de Angel. El consenso general fue el de continuar con el trabajo de defender los derechos de las comunidades que están asentadas en las zonas petroleras; entonces se resolvió promover una participación coordinada: “En un ambiente de impotencia y miedo ante los poderosos, se nos hacen necesarias estrategias de fortalecimiento de nuestras comunidades para frenar el deterioro y promover la reivindicación de derechos claramente recogidos en la Constitución ecuatoriana. Por ello hemos considerado que nuestra organización y nuestra capacitación son la base para lograr esos objetivos”.
Con este pensamiento, en diciembre de 2003, en presencia de 44 campesinos e indígenas, se constituyó la Red de Líderes Comunitarios ‘Angel Shingre’ (en memoria del compañero asesinado).

Kichwas y shuaras conforman la Red
En la actualidad, la Red está constituida por 40 líderes campesinos e indígenas (kichwas y shuaras) de 35 comunidades diferentes, que habitan la provincia de Orellana. Su área de acción se ubica principalmente en esta provincia que, junto a Sucumbíos, son las más afectadas por la actividad petrolera (recogen el 90% de los pozos explotados en el país, que suman más de 3 000).
A pesar de que aporta gran parte de la riqueza del Ecuador, Orellana, paradójicamente, presenta uno de los mayores índices de pobreza: 93,1%, frente al 64,3% del país.

Capacitación de líderes
Los líderes de la Red participan en cinco actividades principales:

1. Talleres.- Los líderes participan en talleres mensuales, dirigidos y coordinados desde la Oficina de Derecho Ambiental. En estos talleres se imparten temas relacionados con la explotación petrolera, los derechos de las comunidades, la realidad global (ALCA - TLC) y otras temáticas relacionadas con la formación misma del líder (equidad de género, seguridad, autoestima, etc.). Estos talleres sirven, de igual manera, para compartir experiencias, evaluar actividades y planificar acciones a futuro (en coordinación con la Oficina Ambiental).
2. Apoyo a las comunidades.- Todo el conocimiento de los líderes está al servicio de las comunidades, para enfrentar así las situaciones que se presentan con las compañías petroleras.
3. Coordinación entre líderes.- Los líderes de diferentes sectores se apoyan en reuniones comunitarias, para exigir que las posturas de las comunidades se cumplan.
4. Visitas a otras comunidades.- Muchos líderes realizan visitas a comunidades que no cuentan con asesores capacitados.
5. Participación en eventos.- Algunos líderes han participado en eventos e invitaciones en distintas zonas del país; en todas ellas, además de aprender de otras experiencias, se tiene la oportunidad de presentar el trabajo de la Red.

Ángel Shingre, un hombre que golpeó la historia

Ángel Shingre (Catacocha- Loja, 1957) tuvo una larga trayectoria como dirigente campesino. Se caracterizó por sus dones de líder y tenaz defensor de los derechos de los agricultores, actividades que las ejerció con más firmeza desde que se trasladó a la provincia de Orellana, en 1977. Ocupó cargos como Presidente del Comité Pro Mejoras de Tarapoa, Presidente de la Asociación Hermano Miguel, Miembro de la Junta Parroquial de Tarapoa, Presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas de Orellana (FOCAO), Presidente del Centro Agrícola de Orellana, entre otros.
Shingre también se dedicó a la defensa de los derechos ambientales en el Oriente ecuatoriano, especialmente de la región de Orellana, víctima de las operaciones petroleras y de la contaminación de la empresa Texaco. Fue promotor ecologista de la Red de Monitoreo Ambiental de la Amazonía, Miembro fundador del Comité de Afectados por las Actividades Extractivas de Recursos Naturales en la Amazonía y Coordinador de la Oficina de Derecho Ambiental en la provincia de Orellana.
En el año 1998, siendo promotor ecologista, fue detenido por varios días en la cárcel de Coca, acusado por Petroecuador de haber provocado un derrame de crudo en su propia finca. La empresa petrolera le puso un juicio por robo y sabotaje cuya sentencia después de dos años fue favorable al acusado por haberse comprobado su inocencia, pues se demostró que se encontraba a más de 150 Km. durante el suceso.
Por este trabajo, orientado a defender el medio ambiente, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales en general de toda la población, Ángel Shingre recibió muchas amenazas, principalmente de personas relacionadas con empresas petroleras que le consideraban "una piedra en el zapato", ya que este luchador no tenía miedo de enfrentarse en público a los funcionarios petroleros por defender a los campesinos, que son los más perjudicados con los impactos sociales y ambientales de esta actividad.
El pasado 4 de noviembre de 2003, Ángel Shingre, de 45 años, fue secuestrado y acribillado a balazos en las cercanías de El Coca. El crimen tuvo lugar precisamente cuando se inició el juicio por la reparación de los graves daños ambientales ocasionados por la Texaco en la región selvática, y en el contexto de un crecimiento de la conflictividad en la frontera norte del país, por efecto de las presiones de EEUU hacia una mayor intervención del Ecuador en el ‘Plan Colombia’. Hasta el momento no se detiene a los culpables de este excecrable crimen.

Fernando Oña Pardo