En operativo policial efectuado el 28 de octubre del 2004 puso fin al Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión). Allanamientos en todas sus sedes del país y desalojos violentos de sus trabajadores, cerraron la cadena de hechos que anunciaban su caída y que dieran comienzo en 2003.

Ese año el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que ‘reorientaba’ el servicio de televisión nacional. Aunque la iniciativa fue negada, decretó la reestructuración de los canales, convirtiendo la Señal Institucional (Señal Colombia) en medio oficial para la reelección, sometiéndola al directo control ministerial. Al mismo tiempo contrató con una firma extranjera un estudio controvertido que confirmó las dificultades del Instituto para sobrevivir bajo el esquema de financiación de la televisión pública existente.

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Igualmente, consultó al Consejo de Estado sobre las repercusiones de la liquidación (dada la existencia del parágrafo del Artículo 77 de la Constitución Nacional sobre estabilidad y derechos de los trabajadores de Inravisión) y, tiempo después, enfrentó a la Asociación Colombiana de Técnicos de Televisión (Acotv): anunció negociaciones y condicionó la supervivencia del Instituto al desmonte de la convención colectiva. Al final, con dos decretos cuestionables jurídicamente (3525 y 3550 de 2004), el Presidente y su Ministra de Comunicaciones dieron el tiro de gracia a una empresa pública desangrada.

El cierre de Inravisión desconcertó a los trabajadores: cuatrocientas personas se vieron despedidas repentinamente. Los pensionados exigieron el pago de sus mesadas y Acotv se comprometió a hacer respetar la norma constitucional que defendía sus derechos y a denunciar públicamente las irregularidades del proceso de liquidación.

No ayudó el hecho que la opinión pública, especialmente la audiencia de Señal Colombia y la Radiodifusora Nacional, reaccionara con incredulidad (el operativo no interrumpió la señal), ni que se identificara con los mensajes de las cadenas privadas o que algunos críticos del medio manifestaran su beneplácito ante el cierre de una empresa que calificaban de obsoleta. La clase política recibió esta liquidación sin sorpresa y no pareció importarle que durante años hubieran utilizado la empresa como plataforma clientelista. Por su parte, la Comisión Nacional de Televisión, cuestionada por funcionarios del gobierno y congresistas y salpicada por investigaciones penales relacionadas con favoritismos a paramilitares, se limitó a cuestionar su papel como entidad encargada de cubrir el pasivo pensional dejado por el Instituto.

Una historia inútil

Hoy, tres meses después de clausurdo Inravisión y dormidas las reacciones, continúa sin entenderse la importancia de acceder a canales democráticos de comunicación. Hoy el Instituto es un recuerdo de las conversaciones entre pensionados y ex-trabajadores y se constituye en uno de los muchos difuntos que en Colombia no dejan herencias ni dolientes.

Su historia de cincuenta años contempla las generaciones “de-formadas” por la televisión, pero también la aparición de un escenario alternativo para la política, la irrupción de un mercado interno por efecto de la publicidad, la consolidación de un imaginario nacional y la superación del analfabetismo estructural a mediados del siglo pasado.

La liquidación de Inravisión parece basarse más en aspectos económicos que en criterios relacionados con las necesidades de la comunicación pública. Bajo la orientación política y cultural de las elites, la propuesta inicial de televisión quiso legitimar un régimen excluyente, disimulando la situación de conflicto vivida en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX. Y fueron los intereses privados los que concentraron las ganancias generadas por la explotación comercial del medio. Si bien el arrendamiento de los espacios o el pago por concesión de los canales públicos durante mucho tiempo fue un ingreso importante para Inravisión, no se puede ocultar que progresivamente los más favorecidos fueron, las grandes empresas privadas, permitiendo al mismo tiempo el deterioro de los medios y de la infraestructura pública. Y el Estado tampoco fortaleció sus instituciones relacionadas con la comunicación, ni los colombianos se beneficiaron con un servicio de radio y televisión de calidad.

Mercado e identidad nacional

Si hablamos de que además del entretenimiento, el servicio radial y televisivo lleva información veraz, promoción del conocimiento y rescate de la cultura, el saldo de los medios privados está en rojo. El país real permanece oculto para sí mismo, ignorante de su riqueza étnica y cultural, pues priman ideales de vida estandarizados, promotores del consumo masivo, la explotación de la naturaleza y la depreciación de los valores humanos. Igualmente es pobre la iniciativa científica, subordinada a los avances de los grandes centros mundiales de tecnología. Además, los medios privados han asumido lecturas de mundo maniqueas que ocultan las causas reales de los muchos conflictos que padece el país.

La comunicación pública en Colombia es un compendio de anécdotas triviales. Ni siquiera bajo la presión de la competencia transnacional, los medios privados nacionales se esfuerzan por captar el significado de la televisión y la radio públicas. Construyen un discurso de identidad nacional basado en intereses corporativos, presentando aspectos de la cultura nacional que mejor se adapten a la noción de espectáculo.

Entonces, concebir la radio y televisión pública como problema es casi imposible para el ciudadano común y domesticado. De ahí que los argumentos del Gobierno, que culpa a los trabajadores del fracaso de Inravisión, hayan tranquilizado a la opinión pública. Mas no debe creerse su anuncio de constituir bajo una nueva empresa un proyecto logrado de comunicación, pues si bien la financiación es importante en las actuales discusiones sobre la comunicación pública en el mundo, no es el único criterio a considerar. Los anuncios que desde Radio y Televisión de Colombia (RTVC) se desprenden sobre el futuro de la radio y televisión pública en Colombia no permiten confrontar un modelo global de comunicación que concentra la propiedad, homogeniza formatos y trivializa contenidos. Además, el modelo RTVC surge como un proyecto oscuro y autoritario que poco consulta las necesidades de grandes sectores de la población. Lo que está en juego no es una mejor y más lograda comunicación pública, sino la necesidad de una empresa que genere para el gobierno menores gastos y mayores dividendos ideológicos y políticos.