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Chile: Delegaciones expone ante al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Mapuches en la organización de Estados Americanos (OEA)

| Santiago (Chile)
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En la OEA, dirigentes del Pueblo Mapuche mostrarán la otra cara del Chile “democrático” actual, aquella que no menciona el ministro del interior José Miguel Insulza, en sus discursos como candidato a ocupar el puesto de Secretario General de dicho organismo internacional. “Chile viola gravemente los derechos humanos del Pueblo Mapuche”, es lo que sostienen las organizaciones que intervendrán hoy jueves en el 122° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] en Washington, EEUU Compuesta por destacados dirigentes y asesorada por diversos equipos jurídicos, la comitiva solicitará a la CIDH examinar en terreno las graves violaciones a los derechos humanos que afectan al Pueblo Mapuche en Chile.

Una comitiva mapuche integrada por Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa y representante de la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuche, Manuel Santander, vocero del Consejo de Todas las Tierras, y Nancy Yañez, abogada del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y representante de diversos equipos de asesoría jurídica, llegó esta semana a la ciudad de Washington a fin de participar en el 122° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se desarrolla del 21 de febrero al 11 de marzo en esa ciudad, y exponer sobre la situación de derechos humanos que afecta al Pueblo Mapuche en Chile.

“El Estado de Chile no solo desconoce y transgrede el estándar internacional de derechos indígenas sino también ha hecho sistemático atropello de garantías fundamentales, e incluso transgresiones a normas del derecho internacional humanitario, lo que se expresa en actos estatales de brutalidad policíaca, aplicación de legislaciones penales impropias para reprimir la movilización social y que transgreden el derecho al debido proceso. Por todos estos antecedentes, es que venimos a solicitar medidas especiales a la Comisión Interamericana de la OEA con el propósito de revertir esta situación”, señaló a Mapuexpress Adolfo Millabur, uno de los miembros de la delegación que hoy jueves serán recibidos por la Comisión.

En la reunión, los delegados entregarán a la CIDH diversos antecedentes de informes recientes que avalan esta preocupación sobre la violación de derechos indígenas en Chile como los elaborados por el Relator de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, durante su visita a Chile el 2003; el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU en diciembre pasado; Human Rights Watch y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre juicios seguidos en Chile contra mapuche y la violencia policial excesiva e innecesaria durante detenciones y allanamientos de octubre del mismo año; y el reciente Informe 2004 de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos dado a conocer hace solo unos días atrás.

Asimismo, Adolfo Millabur ingresará un nuevo informe ante la CIDH preparado por la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales denominado “Violación a los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Chile” y que incorpora los aportes técnicos de diversos equipos jurídicos vinculados a la problemática indígena, entre ellos, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Temuco, del área jurídica de la Fundación Instituto Indígena y del Programa de Derechos Humanos Indígenas de la Universidad ARCIS, entre otras entidades.

La delegación considera además la presentación de un conjunto de peticiones y medidas especiales a adoptar por parte de la CIDH. Entre estas se encuentran la agilización y resolución de los casos judiciales que le han sido denunciados en años recientes, entre los cuales se encuentra el de los 144 mapuches condenados por “usurpación de tierras “ el año 1996, el caso de Endesa-España y las comunidades pehuenches del Alto Bio Bio, la denuncia de los lonkos de Traiguén Pascual Pichún y Aniceto Norin, ambos condenados por la Ley Antiterrorista 18.314, y la reciente denuncia a favor de los jóvenes Rafael y Pascual Pichún, hijos del lonko del mismo apellido y que se encuentran desde el año 2004 prófugos de la justicia chilena.

Por su parte Nancy Yáñez, abogada del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, reforzará esta argumentación con un análisis jurídico de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por el Estado chileno, que en los últimos años han sido violados a los indígenas de nuestro país, entre los que se incluyen el derecho a la vida (Caso Alex Lemún), derecho a la integridad personal (Situaciones de abusos policiales y malos tratos), derecho a la libertad personal (Caso de 144 procesados del Consejo de Todas las Tierras presentado ante la Comisión en los noventa y detenciones preventivas prolongadas en procesos actuales que se siguen en contra de mapuches) y el derecho a la protección judicial (Ante juicios por ley Antiterrorista que no garantizan el debido proceso), entre otros.

Según informó el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas en Temuco, en el marco de su visita a Washington la delegación sostendrá también importantes reuniones con organizaciones no gubernamentales asentadas en la capital norteamericana, tales como Indian Law Resource Center, Human Rights Watch, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional /CEJIL, WOLA, entre otros. Ello, con el propósito de compartir información sobre la crítica situación de los derechos indígenas en Chile y de analizar posibles estrategias conjuntas para la presentación de nuevos casos al sistema interamericano, a fin de resguardar los derechos humanos de los mapuche hoy gravemente afectados y ante el agotamiento de los recursos presentados ante la justicia chilena para asegurar la protección de los mismos.

40 años de labor

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General.

En abril de 1948, la OEA aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en Bogotá, Colombia, el primer documento internacional de derechos humanos de carácter general. La CIDH fue creada en 1959, reuniéndose por primera vez en 1960. Ya en 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas in loco para observar la situación general de los derechos humanos en un país, o para investigar una situación particular. Desde entonces ha realizado más de 85 visitas a 23 países miembros. Con respecto a sus observaciones de tipo general sobre la situación en un país, la CIDH publica informes especiales, habiendo publicado hasta la fecha cerca de 50 de ellos.

En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada, a septiembre de 1997, por 25 países: Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. La Convención define los derechos humanos que los Estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados. Ella crea además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y define atribuciones y procedimientos tanto de la Corte como de la CIDH. La CIDH mantiene además facultades adicionales que antedatan a la Convención y no derivan directamente de ella, entre ellos, el de procesar peticiones individuales relativas a Estados que aún no son parte de la Convención.

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato recibe, analiza e investiga peticiones individuales que alegan violaciones de los derechos humanos, según lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención; Observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros, y cuando lo considera conveniente publica informes especiales sobre la situación en un estado en particular; Realiza visitas in loco a los países para profundizar la observación general de la situación, y/o para investigar una situación particular. Generalmente, esas visitas resultan en la preparación de un informe respectivo, que se publica y es enviado a la Asamblea General.

Desde 1965 la CIDH fue autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechos humanos. Hasta 1997 ha recibido varias decenas de miles de peticiones, que se han concretado en más de 12,000 casos procesados o en procesamiento. Es así como en los últimos años, a la CIDH han ingresado cuatro casos mapuche, destacando entre ellos el caso de los 144 ciudadanos mapuches, miembros del Consejo de Todas las Tierras, procesados a comienzos de los años 90 por la Ley de Seguridad Interior del Estado por el delito de “usurpación de tierras”, en pleno retorno de la democracia al país.

Sin embargo, se trataba de reivindicar sus territorios ancestrales, según señalaron los dirigentes encarcelados por el entonces gobierno de Patricio Aylwin (DC). El proceso llegó hasta la Corte de Apelaciones de Temuco, la que condenó a los mapuches como autores de usurpación el año 1996. El Consejo de Todas las Tierras reclamó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que dio la razón a los mapuches y recomendó que se buscara un acuerdo directo que llegó incluso a ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la negativa del Estado chileno de implementar las recomendaciones propuestas por la CIDH.

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