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En enero del 2002, cuando el presidente norteamericano George W. Bush suspendía para sus tropas la aplicación de la Convención de Ginebra, el Asesor jurídico del Departamento de Estado urgió a los abogados de la Casa Blanca que advertirían al Mandatario de que podría ser eventualmente proseguido por «crímenes de guerra».

La información acaba de ser revelada en un artículo de la periodista norteamericana Jane Mayer, publicado por la revista New Yorker, bajo el título Subcontratar la Tortura (Outsourcing Torture), donde explica cómo, al descartar convenios internacionales relativos a los presos de guerra, incluyendo la Convención contra la tortura de la ONU, la Casa Blanca dio luz verde a todos los excesos que ocurrieron en los campos de interrogatorio del Pentágono.

En un memorando fechado el 11 de enero del 2002 y dirigido a John C. Yoo, asesor jurídico del presidente George W. Bush sobre este tema, el asesor jurídico del Departamento de Estado, William Taft IV, urgió al propio Yoo y a Alberto Gonzáles, el actual secretario de Justicia, advertir al Mandatario que «pudiera ser visto por el resto del mundo como un criminal de guerra» al suspender la aplicación de la Convención de Ginebra en el trato de los presos por sus tropas.

Bush había anunciado esa decisión tres días antes

En el documento de 40 páginas que nunca fue publicado, Taft argumenta que el análisis de Yoo relativo a este tema es «seriamente imperfecto».
Al señalar que la pretensión de Yoo según la cual el Presidente pudiese descartar la Convención de Ginebra es «insostenible», «incorrecta» y «confusa».

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Foto arriba: Mamdouh Habib cuenta que fue golpeado en Guantánamo con instrumentos contundentes, incluido un objeto que él describe como «una picana eléctrica para ganado», y le dijeron que si no confesaba pertenecer a Al-Qaeda sería violado por perros entrenados. Mientras se reúne en Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la noticia toma particular importancia.

Taft también rechazó el argumento de que Afganistán era un «Estado fracasado» y por tanto no era cubierto por los tratados. El abogado del Departamento de Estado advirtió luego a Yoo «que si los EE.UU. participan en la guerra contra el terrorismo fuera de la Convención de Ginebra, no sólo los soldados estadounidenses pudieran verse procesados por crímenes, incluso asesinatos, sino también el propio presidente Bush pudiese ser acusado de "violación grave" (de esas Convenciones) por otros países y ser enjuiciado por crímenes de guerra».

Taft mandó copia de su carta a Alberto Gonzáles para garantizar que Bush fuese informado

La advertencia de Taft no tuvo influencia ninguna sobre Bush, quien mantuvo su decisión. Según la periodista del New Yorker, las opiniones legales de los abogados de la Casa Blanca sobre el tema de la tortura siempre fueron redactadas dejando «huecos».

En febrero del 2002, Bush emitió una directiva escrita diciendo que, a pesar de la suspensión de la aplicación de la Convención, todos los detenidos tenían que ser tratados de manera «humana». Sin embargo, al leer con atención el documento, uno se da cuenta que está dirigido sólo a los militares. No a los oficiales de la CIA. Lo que ha permitido a los interrogadores de la Agencia mantener el uso de una amplia gama de técnicas abusivas de interrogatorio.

En agosto, el propio Yoo emitió una orientación donde la tortura se define como el intento de infligir sufrimientos «equivalentes en intensidad, al dolor que acompaña una herida física seria, tal como el fallo de un órgano, el impedimento de funciones del cuerpo, o hasta la muerte».

Otro memorando secreto redactado por los abogados de Bush, autorizó a la CIA a usar «nuevos» métodos de interrogación, incluyendo el water-boarding, con el cual se amarra al «sospechoso» para sumergirlo después en el agua con el fin de que tenga la sensación de ahogarse.

Según Yoo, la Constitución de los Estados Unidos otorga al Presidente todos los poderes para suprimir la aplicación de la Convención sobre la Tortura de las Naciones Unidas. Para el abogado de la Casa Blanca, el Congreso no tiene el poder de maniatar al Presidente en relación con la tortura y las técnicas de interrogatorio. «Es el centro mismo de las funciones de Comandante en Jefe. No pueden impedir al Presidente ordenar tortura», dijo el Asesor jurídico de Bush.

El artículo muy extenso de Jane Mayer está centrado sobre el uso del procedimiento de «rendición» que ha permitido a la CIA entregar un número desconocido de presos a países donde sabía que iban a ser torturados, con el fin de dejar a otros el trabajo sucio y obtener informaciones.

Mayer cita el caso de Ibn al-Sheikh al-Libi, un presunto alto dirigente de Al-Qaeda, capturado en Pakistán y entregado a la CIA. Libi, supuestamente, había dirigido un campo de entrenamiento del grupo extremista en Khamden, Afganistán.

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La soldado US Sabrina Harmon sonriendo junto al cadaver de un torturado iraquí. Una imagen de la monstruosa irrealidad psicológica en la que viven estos militares.

Mientras el FBI se decía satisfecho con la «colaboración» de Libi en los interrogatorios, la CIA no compartía esta opinión. Libi fue «desaparecido» por la Agencia y entregado a interrogadores de un país amigo... Y el FBI perdió su pista. Reapareció meses después en el Campo de interrogación norteamericano de Guantánamo.

Entretanto, Colin Powell había usado ante el Consejo de Seguridad, en febrero del 2003, sus «confesiones» obtenidas bajo la tortura, para «demostrar» que Iraq poseía «armas químicas o biológicas» y justificar la invasión y la ocupación de esa nación. Por supuesto, como hoy se comprobó, esas «informaciones» obtenidas a fuerza de malos tratos eran totalmente falsas.

También reapareció en el campo de interrogación norteamericano de Guantánamo, de manera similar, otro «desaparecido», Mamdouh Habib, un ciudadano australiano de origen egipcio, arrestado en Paquistán en octubre del 2001 y entregado a la CIA.

Los norteamericanos le pusieron una máscara opaca, un pijama naranja, y lo montaron en un avión privado para llevarlo a un país «amigo» y entregarlo a interrogadores. El «interrogatorio» duró seis meses, cuenta Mayer.

«Dijo que fue golpeado frecuentemente con instrumentos contundentes, incluido un objeto que él describió como algo parecido a una “picana eléctrica para ganado”. Y le dijeron que si no confesaba pertenecer a Al-Qaeda, iba a ser violado por el ano por perros especialmente entrenados. (...) Habib dijo que fue esposado y forzado a estar de pie en tres cámaras de tortura: una habitación llena de agua que le llegaba hasta su mentón, obligándole a mantenerse en punta de pie durante horas; otra cámara, llena de agua hasta sus rodillas con un techo tan bajo que el estaba forzado a estar en cuclillas por un tiempo prolongado; en la tercera, el agua le llegaba hasta los tobillos, y él podía ver un interruptor eléctrico y un generador, que los guardias le decían iban a usar para electrocutarlo si no confesaba. El abogado de Habib dijo que su cliente se rindió a las demandas de sus interrogadores e hizo confesiones múltiples, todas falsas».

Habib, un hombre de negocio, fue finalmente liberado de Guantánamo hace un mes, a insistencia del Gobierno australiano, después de tres años de detención y de malos tratos. Sin que sea formulada contra él la menor acusación.

Según el reportaje de Mayer, 150 individuos han sido transportados para su «rendición» desde el 2001, muchos con el uso de una avioneta blanca de 14 asientos perteneciente a la CIA, de marca Gulfstream V, con las letras de identificación N8068V. Un número indeterminado de presos, cuya identidad es desconocida en su mayoría, quedan también secuestrados en la red de prisiones secretas de la CIA.

Mientras en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU está reunida, el reportaje del New Yorker suena como una confesión. Y un acto de acusación.