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Una suerte de discusión deportiva se ha instalado en amplios sectores de la sociedad argentina, incluídas vastas fajas de la militancia popular: estar a favor o en contra del gobierno nacional. Decimos deportiva puesto que parece instalada sobre percepciones en lugar de resultar precedida por análisis y debates precisos acerca del caracter del período en curso.

En modo alguno puede responsabilizarse al conjunto de la población por este dilema, pero bueno es acotar que las organizaciones populares que se consideran nacionales, latinoamericanas, revolucionarias, tienen la prerrogativa, aunque también la obligación de ofrecer las preguntas adecuadas para que el conjunto pueda elaborar las respuestas.

Resulta transparente, más allá de la ostensible perorata conservadora, que las condenas presidenciales para la empresa petrolera Shell, por un lado, y para el Fondo Monetario Internacional, por otro, resultan positivas para los intereses del pueblo argentino, especialmente porque inciden en el clima social y redefinen la agenda de debates, habitualmente orientada por medios nítidamente reaccionarios y antinacionales.

Ambas precisiones, como tantas otras vertidas desde su asunción por el Presidente Néstor Kirchner denotan que el proceso abierto en las jornadas de diciembre del 2001 pervive y que su contenido es progresivo. Es preciso indicar, entonces, que no está en discusión la adhesión a tales consideraciones. Lo que nos interesa señalar es que los respaldos no deberían dejar de lado el estudio profundo de la situación de las empresas privatizadas, por un lado, y del megacanje de la deuda, por el otro. Entre varios aspectos decisivos del tramo vigente.

Estas faltantes en la elaboración política popular, que se originan en el vicio orgánico de caracterizar a todos los temas como razones de Estado —cuando hay "razón de Estado" el dirigente político puede mentir en lo particular para amparar un sendero general transformador— sin comprender que se trata de cuestiones estratégicas para el Pueblo y la Nación, lo cual es distinto.

Si estamos ante problemas determinantes del futuro de los argentinos, pues entre ambos nuclean asuntos tales como la soberanía, la propiedad de los recursos naturales, los ingresos populares y el modo de inserción argentina en la Unión Sudamericana, es preciso sacarlos a luz para que el pueblo pueda resolver en base a su inteligencia colectiva. Los grandes empresarios y los organismos financieros ya conocen el detalle de estos asuntos; al no considerarlos a fondo de cara a la comunidad, se priva a los trabajadores de información trascendente.

Ningún análisis certero efectuado por corrientes genuinamente populares podría derivar en una acción desestabilizadora o en el rechazo de aquellos atinados asertos presidenciales. Pero si permitiría echar luz acerca de las características centrales de una administración que, si bien está montada sagazmente sobre una ola democrático popular originada en intensas luchas, puede defeccionar al carecer de control social debido a vinculaciones con quienes cuestiona y al poder de presión de los que concentraron la economía en las décadas recientes.

En ese sentido, nos parece sumamente perjudicial que desde las vertientes kirchneristas transversales, de centroizquierda o de izquierda —no nos importa debatir sobre la denominación— esté surgiendo enfáticamente una tendencia a la aprobación y justificación absoluta de todo lo actuado oficialmente, relegando al rol de "opositores" o lo que es peor, de "desestabilizadores" a quienes pretenden apoyar el proceso en marcha volcando datos precisos, análisis y polémicas sobre el presente.

Si la búsqueda de un camino nacional y popular profundamente transformador con derivación latinoamericana es genuino, quienes se alinean verbalmente con esa opción deberían intentar un aglutinamiento masivo, de caracter movimientista y abierto, en lugar de fomentar un sectarismo neokirchnerista expulsivo, en el cual todos los militantes populares que desean presentar algún aporte se sienten incómodos y permanentemente sospechados de cooperar con fuerzas oscuras.

Este proceder compulsivo permite inferir que los contenidos político económicos de las grandes frases oficiales son algo que debe ser ocultado por esas vertientes. Si efectivamente se registra una acción gubernativa popular en el área de los hidrocarburos en particular y de las privatizadas en general, y si efectivamente el megacanje resulta una solución parcial atinada para el problema de la deuda ¿porqué tanta preocupación de los dirigentes, militantes y medios oficialistas para colocar la consigna por encima de los logros profundos?

Es claro que el rol de las corrientes populares auténticas debería ser el de brindar la información necesaria para que un pueblo que manifiesta simpatía por el presidente de la Nación tenga elementos para movilizarse masivamente en sostén de una política que lo beneficia. A menos que esa política no lo beneficie y que detrás de las banderas que nos indican que la Shell nos roba y que la negociación sobre los bonos fue realizada con sentido patriotico resulten apenas paños sin sentido que contravienen el camino marcado borrosamente por nuestra gente en el lustro más reciente.

A grandes trazos, podemos señalar que este gobierno resulta genuinamente progresivo si apuntala el crecimiento argentino, la mejora en los ingresos sociales, la generación de rubros productivos adecuados a nuestro potencial, la recuperación de la soberanía y el hilván con los países latinoamericanos que marchan hacia la construcción de un polo subcontinental ensamblado por intereses comunes. Es decir, si cumple, aunque sea precariamente, con las tareas nacionales y populares imprescindibles para revertir el proceso antinacional, antiproductivo y aislacionista con respecto a América latina generado a partir de 1976.

Pensamos que ahí debería estar enfocado, con datos concretos, el debate de las corrientes populares. A tal punto, que esa discusión merecería, a través de un acuerdo de toda la militancia y sus dirigentes, una vasta difusión nacional para involucrar al conjunto de la sociedad en la misma. De resultar progresivas las acciones oficiales, el presidente Kirchner nada debería temer: el pueblo argentino ha demostrado a lo largo de su historia una interesante capacidad de discernimiento para respaldar —aún con errores— al polo más dinámico de la realidad política nacional.

Nos preguntamos: ¿es posible marcar diferencias de fondo entre Shell y Repsol por su acción comercial? ¿qué análisis nos merece la extracción de petróleo argentino y la remisión de beneficios al exterior en ambos casos? ¿cuál es la derivación a mediano plazo del megacanje? ¿la acción gubernamental implica un reconocimiento del conjunto de la deuda externa? Y también nos preguntamos ¿es posible hoy enfrentar a las petroleras privadas? ¿existe una correlación de fuerzas adecuada para esa batalla? y en la misma dirección ¿es viable desconocer la deuda y ratificar la moratoria? ¿en qué damnifica y en qué beneficia al país una decisión de esa naturaleza?

Como se verá, si las primeras formulaciones pueden perjudicar aspectos de la comunicación oficial, las restantes pueden favorecer la comprensión de la misma. Es decir, la apertura de una discusión al respecto —si el gobierno está trabajando para desplegar aquellas tareas nacional populares básicas que mencionamos— permitiría articular una acción colectiva para el apuntalamiento de las medidas positivas y un control adecuado para prever las dificultades ocasionadas por el caracter incompleto de las mismas.

Pero al desconocer el contenido profundo —atención: decimos el contenido profundo y no las intenciones, pues no es ésta una postura idealista— se puede suponer que las autoridades nacionales han optado por Repsol y también por los acreedores internacionales, en desmedro del pueblo argentino. Lo cual llevaría a un grave desfasaje, no ya entre el discurso y el accionar oficial, sino fundamentalmente entre el sentido histórico de las transformaciones planteadas por los trabajadores y sus adyacencias y la orientación misma de la gestión Kirchner.

Una contradicción de esa naturaleza originaría una situación económica, política y social de gran complejidad. Pues el estentóreo discurso presidencial, evaluado socialmente como progresivo, combinado con una desilución de las grandes masas al percibir que su situación cotidiana se estanca o empeora, abriría camino a la demagogia oligárquica que no trepida en culpar de la miseria y el atraso al "populismo" y a la "izquierda". Vale destacar que, según los datos conocidos recientemente, la brecha entre humildes y poderosos se amplió durante el 2004, sin que se registraran evaluaciones oficiales destinadas a promover un cambio en el sentido de la distribución interna.

Cabe un apunte exógeno: si por un lado el desarrollo de la era de la continentalización marca una tendencia, por otro, y en sentido semejante, la tracción hacia una amalgama sudamericana condiciona favorablemente al gobierno argentino. Sin embargo, bueno es indicar que en el seno mismo de los gobiernos latinoamericanos más inclinados a esa unidad, no hay consenso sobre el rumbo de nuestro país y no son pocos los funcionarios que, sotto voce, indican que la Argentina, como Chile, puede constituírse en un obstáculo a la integración.

Es probable que se trate de un desajuste temporal; preferimos optar por esa estimación. No importa ser lerdos si el camino es seguro. Y resulta entonces posible creer que el rumbo de Enarsa, más tarde que temprano pero al fin y al cabo, resultará confluyente con el de Petrobras y Pdvsa. El lector ha de comprender entonces porqué insistimos en la necesidad de abrir el juego hacia el intercambio crítico: tal como estamos hoy, debemos forzar la voluntad para interpretar que la actual administración se encamina en esa dirección. Sería bueno contar con datos certeros para creerlo firmemente.