Un subcomité permanente de investigaciones del Senado de Estados Unidos
empeoró la situación del ex dictador Augusto Pinochet al anunciar ayer un
nuevo informe sobre sus movimientos bancarios en el país del norte. Sus
haberes aumentaron de 8 a 10 millones de dólares como resultado de una investigación
específica sobre fondos movilizados entre 1981 y 2002 en siete entidades,
Banco Riggs (sucursales de Miami y Nueva York), Espirito Santo, Citibank
(Nueva York), Banco Atlántico (de España, con sucursal en Nueva York), Banco
de Chile, Bank of America (Simi Valley) y Pacific Bank de Los Ángeles.
La oficina del senador demócrata Carl Levin -promotor de la investigación-
anticipó que hoy darán a conocer los pormenores de "la red de cuentas secretas
de Pinochet en Estados Unidos", según el diario La Tercera. El Informe Levin
revelará cómo el Riggs y otros bancos efectuaron "transacciones inusuales"
para construir "una red secreta de bancos y cuentas seguras" en EE.UU.,
que involucraron "millones de dólares" de Pinochet. El subcomité identificó
numerosas otras cuentas en bancos distintos al Riggs.
El primer informe del Senado mencionó a Pinochet -julio 2004- en una investigación
general al Banco Riggs por violar leyes de control de divisas después del
11 de septiembre de 2001. En esa indagación aparecieron cuentas secretas
del ex dictador por ocho millones de dólares. Un segundo informe aportó
nuevos antecedentes a fines de noviembre, pero esta vez la indagación se
concentró únicamente en los movimientos financieros de Pinochet en la banca
estadounidense.
Los informantes de La Tercera, que el diario identificó como "fuentes del
Departamento de Estado norteamericano", aseguran que el nuevo reporte incluye
los diferentes nombres utilizados por el ex dictador para abrir sus cuentas
secretas en siete bancos y la colaboración de la banca para ocultar su verdadera
identidad. Asimismo, el volumen global de las platas involucradas creció
de 8 a 10 millones de dólares.
El informe explica cómo el banco ocultó la identidad de su "cliente top"
y la forma en que traspasó los fondos al Banco de Chile tras cerrar las
cuentas en 2002. También pone énfasis en la asesoría financiera que el Riggs
le brindó a Pinochet para encubrir sus movidas. Los ex dueños, la familia
que encabezan los hermanos Robert L. y Joseph Allbritton, fueron amigos
cercanos del "cliente". Incluso sus mujeres recibían regalos del ex dictador,
cuando éste ejercía el poder.
En este mes de marzo, los Allbritton negociaron la venta del banco al PNC
Financial Services Group, de Pittsburgh. Robert renunció a la presidencia
y donó de su peculio un millón de dólares al fondo de la Fundación Salvador
Allende de España, creado por el abogado Joan Garcés, el ex colaborador
del Presidente Allende que demandó al banco y obtuvo un arreglo privado
por ocho millones de dólares que serán destinados a resarcir a las víctimas
del dictador. Además, en enero se avinieron a pagar una multa de 41 millones
de dólares fijada por las agonizantes autoridades reguladoras que todavía
algo vigilan los negocios financieros fraudulentos en Estados Unidos.
"Evasión tributaria"
Suena a risa, pero Pinochet tendría hoy menos problemas si hubiera pagado
impuestos por lo que robó. Así como Al Capone no fue a la cárcel por sus
crímenes, sino por "evasión tributaria", al no declarar sus ganancias, la
justicia chilena está desenredando la hebra tributaria del ex dictador.
Hasta ahora estaba acreditada una deuda de impuestos por 3,5 millones de
dólares (2.000 millones de pesos chilenos) correspondientes a "ingresos
no declarados" entre 1998 y 2003, es decir, desde el año en que dejó de
ser comandante en jefe del Ejército, se convirtió en "senador vitalicio"
y terminó preso en Londres, todo esto entre marzo y octubre de 1998. Pero
está cifra no incluye la "multa", sino sólo el capital adeudado más ajustes
por indexación monetaria e intereses.
El juez Sergio Muñoz, que investiga los haberes custodiados por el Banco
Riggs, recibió información de la Brigada Investigadora de Lavados de Activos
(Brilac) de Investigaciones que eleva en cinco veces -a 17,5 millones de
dólares- la deuda consolidada del ex dictador y de su mujer, Lucía Hiriart,
tomando como año base a 1984. El ex general gobernó al país desde el 11
de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 2000.
La defensa de Pinochet quiere cambiar a este juez porque trata de establecer
si hubo una "conducta permanente" de evasión desde 1980. La Corte Suprema
debió resolver el lunes si sigue o no en el caso, pero aplazó su decisión
en una semana, probablemente a la espera de las nuevas noticias provenientes
de Washington.
"Las platas de Pinochet" comenzaron a investigarse a partir de una tímida
querella judicial iniciada por el Servicio de Impuestos Internos por impuestos
no declarados entre 1998 y 2003, acogiendo reclamos reiterados de la abogada
Carmen Hertz. Más tarde, el magistrado extendió el plazo de la investigación
a 1984. Y parece que todavía quiere ir más atrás. Por todo eso, la defensa
del ex dictador estima que al juez "se le está pasando la mano" y pidió
su salida del caso.
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