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Una corte federal de EE.UU. ratificó sentencia de primera instancia:

Armando Fernández Larios es culpable de tortura y asesinato

| Montevideo (Uruguay)
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Armando Fernández

La Corte Federal de Apelaciones de Atlanta, Georgia, confirmó el lunes la sentencia de primera instancia contra Armando Fernández Larios, un ex oficial del Ejército chileno hallado culpable de la tortura y asesinato del economista Winston Cabello, ocurrido el 17 de octubre de 1973, en Copiapó, durante el recorrido de la comitiva militar conocida como la Caravana de la Muerte. La sentencia ratificó la decisión de un jurado de Miami que en octubre de 2003 condenó al ex militar chileno a pagar una reparación civil de 4 millones de dólares a la familia de la víctima, que reside en Estados Unidos.

Los tres jueces de la Corte Federal de Atlanta ratificaron la responsabilidad de AFL en los delitos de asesinato extrajudicial, crueldad, tortura y crímenes de lesa humanidad por su participación en la matanza de prisioneros políticos efectuada por la Caravana de la Muerte, tal como lo estableció en 2003 una corte civil de primera instancia de Miami. La dictadura de Augusto Pinochet (1973-2000) acredita 3.917 asesinatos y desapariciones consignadas por el Informe Valech y los tribunales de justicia y más de 30.000 casos de tortura sin resultado de muerte documentados a fines del año pasado por el Informe Valech.

AFL fue procesado también en Chile por el magistrado Juan Guzmán por los delitos cometidos en el norte y sur del país por la comitiva que encabezó el ex general Sergio Arellano Stark un mes después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Un tribunal argentino pidió además su extradición para establecer su participación en el asesinato del general Carlos Prats González, ex comandante en jefe del Ejército chileno, y de su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires en septiembre de 1974.

La Corte mantuvo la condena de 2003, a la vez que ratificó los resultados de la investigación obtenidos por el tribunal de Miami en la primera condena civil emitida en EE.UU. por crímenes contra la humanidad. La demanda judicial fue iniciada en 1999 por la familia de Cabello, uno de los 13 prisioneros políticos ejecutados en Copiapó, una vez que descubrieron que AFL residía en Miami. El ex oficial militar vive bajo protección federal en Estados Unidos desde 1987, después de cooperar con la justicia estadounidense en el esclarecimiento del asesinato del ex ministro de Exteriores chileno Orlando Letelier y de su ayudante, la estadounidense Ronni Moffitt, ocurrido en Washington en 1976.

AFL, quien participó en los preparativos del asesinato de Letelier perpetrado por el estadounidense Michael Tonwley, desertó del Ejército con el grado de mayor, se entregó al Fiscal Eugene Propper del Distrito Columbia y colaboró con su investigación a cambio de jamás ser extraditado a Chile. Tras pasar cinco meses en una cárcel estadounidense, se asentó en Miami, donde fue detectado por un detective privado contratado en California por Zita Cabello, hermana de la víctima que reside en EE.UU.

El ex militar negó al tribunal su participación en el asesinato de Cabello y alegó que la acusación fue extemporánea, por haber sido presentada 30 años después de los sucesos. La corte de Atlanta rechazó todas las argumentaciones de AFL. El juicio civil fue posible por una ley de 1989 y otra norma del siglo 19, la "Alien Torts Claim Act" (Acta de Demandas por Agravio en el Extranjero) que castigan civilmente y disponen reparaciones pecuniarias por torturas y daños inflingidos en el extranjero siempre que las víctimas y los autores se encuentren en EE.UU.

Estas leyes pueden invocarse por ciudadanos o residentes de EE.UU., pero no prevén castigos penales por los crímenes cometidos, aunque constituyen una sanción ética e involucran un castigo doloroso para el bolsillo de sujetos que suelen amar al dinero por encima de todo. Hasta ahora han permitido entablar acciones judiciales contra líderes gubernamentales, corporaciones transnacionales y altos jefes militares que violentaron derechos humanos en países extranjeros, como ocurrió en anteriores demandas contra varios generales salvadoreños que resultaron condenados, dirigentes serbios, grandes empresas y funcionarios del ex dictador filipino Ferdinand Marcos.

Las leyes fueron concebidas para evitar que EE.UU. se convierta en un santuario de criminales desde el tiempo de los piratas. Generalmente, los acusados se declaran insolventes, o venden sus bienes en cuanto se enteran de la querella judicial, como fue el caso de AFL, quien posee un negocio de automóviles. Los culpables por lo menos quedan condenados a pagar de por vida las onerosas costas judiciales que son cobradas implacablemente por el sistema judicial estadounidense. Zita Cabello dispuso que la indemnización que deberá pagar AFL beneficie a The Center for Justice & Accoutability (Centro para la Justicia y la Responsabilidad), la organización de abogados de derechos humanos que la ayudó a entablar la demanda sin cobrarle honorarios.

El anterior ministro de Justicia John Ashcroft inició acciones para derogar estas leyes de derechos humanos que el gobierno de George Bush está empeñado en abolir porque suelen afectar a grandes corporaciones como la Halliburton, de su Vicepresidente Dean Cheney. Sobre esta campaña contra la centenaria ley The Alien Torts Claim Act (ATCA) puede leerse en Argenpress la traducción al castellano de la nota de Jim Lobe (http://www.argenpress.info/nota.asp...) considerada el segundo tema más censurado por la gran prensa estadounidense en el Proyecto Censura 2005 de la Universidad Sonoma State de California (http://www.projectcensored.org/publications/2005/2.html).

Ernesto Carmona

Ernesto Carmona Consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile y secretario ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).

 
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