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El pasado 14 de marzo, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDH) dio inicio en el Palacio de las Naciones en Ginebra a su 61 periodo de sesiones. Una vez más, la representación de Estados Unidos intentará que sea aprobada una resolución contra Cuba.

El caso, que no tiene nada que ver con los derechos humanos, forma parte de un ritual ideológico propagandístico que han seguido sucesivas administraciones de la Casa Blanca desde finales de los años 80, con el objetivo de intensificar la política de bloqueo económico y las agresiones contra la isla, en flagrante violación del derecho internacional.

Desde hace años, Estados Unidos y sus aliados de la Vieja Europa han desvirtuado el papel de la CDH, practicando una política selectiva, de doble rasero, no exenta de presiones y chantajes sobre las delegaciones de los países del sur, México incluido, en nombre de un falso humanismo, desmentido a diario por la aplicación de la tortura que realizan soldados del Pentágono y expertos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra "combatientes enemigos" que, mantenidos en un limbo jurídico, siguen recluidos en el Gulag estadunidense ubicado en la base militar de Guantánamo y en la red de "prisiones tácticas" que el imperio tiene distribuidas en Irak, Afganistán, Pakistán, Yemen, Sudán, Arabia Saudita y en la isla Diego García.

La CDH debe representar a todos los pueblos de las Naciones Unidas y velar por el respeto de los derechos de todos los hombres y todas las mujeres del mundo.

Por eso, resulta ominoso y significativo, que en el seno de la comisión, durante el periodo de sesiones del año pasado, no haya sido posible evaluar, ni siquiera debatir, las atroces violaciones de derechos humanos cometidas por la administración Bush, documentadas de manera profusa por la prensa estadunidense a raíz de la larga serie de fotografías que exhibían a prisioneros de guerra iraquíes encapuchados y desnudos en la prisión de Abu Ghraib, que fueron sometidos, según un informe interno del Pentágono elaborado por el general Anthony Taguba, a "numerosos actos criminales de abusos sádicos, lascivos y abiertos (...) de extrema crueldad", incluidos hechos como sodomizar a detenidos con una linterna o un palo de escoba; violaciones tumultuarias de prisioneras, y otras que fueron forzadas a practicar sexo oral con los soldados.

Como dice Noam Chomsky, a Estados Unidos corresponde la denominación literal de "Estado canalla" (rogue state), que se aplica a los estados que no se consideran obligados a actuar de acuerdo con las normas internacionales. En 1999, el ex secretario de Defensa, William Cohen, sustentó la doctrina del Estado canalla en el "uso unilateral del poder militar" para defender intereses vitales, que incluyen "asegurar el acceso sin obstáculos a mercados clave, aprovisionamiento de energía y recursos estratégicos" y, desde luego, todo lo que Washington pueda decidir que está dentro de su "jurisdicción interna".

A lo largo de la historia, distintas administraciones republicanas y demócratas han proclamado a Estados Unidos como un Estado violento y fuera de la ley. Tras la ilegal ocupación de Irak, Washington ha convertido a ese país en un nuevo enclave neocolonial y, según advierten las agencias de socorro, lo ha sumido en un "desastre humanitario". Además, se ha colocado al margen de la Convención de Ginebra, cuyas provisiones fueron consideradas "obsoletas" y "pintorescas" por el ex asesor legal de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, actual procurador general, quien justificó con artilugios grotescos la tortura y la "puesta fuera de circulación" (asesinato) de presuntos terroristas, desde 2001 a la fecha. El 10 de marzo pasado, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, anunció a la ONU que su país se retira del protocolo de la Convención de Viena, que lo obligaba, como al resto de los estados miembros, a someterse a los fallos de la Corte Internacional de Justicia.

La superpotencia canalla, cuyo secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ha sido acusado en Washington de ser el responsable directo de la tortura a detenidos en Irak y Afganistán, no tiene autoridad moral para erigirse en juez de los derechos humanos en Cuba, donde no ha existido un solo caso de desaparición forzosa de prisioneros ni ejecuciones extrajudiciales como las que practica Washington.

Cuba presentó el año pasado ante la CDH un proyecto de resolución sobre el caso de las violaciones de derechos humanos a más de 600 prisioneros en la base naval de Guantánamo, pero luego lo retiró para evitar una triquiñuela procesal de Estados Unidos -la presentación de una moción de no acción, que aplazaría el debate, evitando que el asunto pudiera ser considerado-, que contó con la inmoral complicidad de los países europeos, otros aliados y algunos latinoamericanos.

Entonces, la actitud de México y Chile fue vergonzante. Delegados de la Unión Europea consideraron impecable el proyecto cubano; admitieron que su texto, ajustado desde el punto de vista legal y jurídico formal, era incuestionable. Pero de modo contradictorio, después, el portavoz europeo informó que la Unión Europea apoyaría en bloque la moción de no acción que presentaría Estados Unidos, con el fin de evitar el debate. Por primera vez en esa instancia era puesto en el banquillo de los acusados un país desarrollado en lugar de una nación pobre. Pero el doble estándar aplicado fue, una vez más, prueba de la hipocresía chapucera de los países "civilizados".

¿Por qué los que intentan condenar a Cuba no han dicho una sola palabra sobre el campo de concentración instalado en la Base Naval de Guantánamo, territorio cubano que usurpa Estados Unidos? ¿Por qué no se declaran escandalizados ante la brutalidad y violencia de que hacen gala las fuerzas de ocupación en Irak? ¿Ante la nueva farsa, qué posición adoptará el "humanista" presidente Vicente Fox?

La Jornada