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El gobierno venezolano investiga actualmente las posibles irregularidades en la propiedad de más de siete millones de hectáreas de tierra que están en manos privadas.

La información fue confirmada por el ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, quien explicó se espera por el resultado de dichas averiguaciones para determinar si las extensiones serán intervenidas, expropiadas o rescatadas por pertenecer al Estado.

Esta misma semana saldrán decisiones sobre 425 fincas cuya documentación fue cuestionada debido a la poca claridad en lo relativo a la adquisición de esos terrenos por quienes actualmente los tienen en su poder.

Como se sabe, el Estado tomó el control la pasada semana de los Hatos Piñeiro y El Charcote, rescatando más de 110.000 hectáreas que, de acuerdo a los estudios realizados sobre la documentación de sus supuestos dueños, son realmente de propiedad estatal.

Ahora se revisa lo referente al Hato Paraima, con una superficie de 52.000 hectáreas, de las cuales 20.000 fueron cedidas por gobiernos anteriores y las restantes 32.000 tienen origen baldío.

Otro tanto sucede con el Hato Borges donde se reconoció la propiedad privada sólo de 1.200 hectáreas de las cuatro 1.600 que constituyen esa extensión, por lo cual el resto pasará a control del Estado.

Las actuaciones contra estas propiedades rurales tienen que ver no solamente con su origen real, sino mediante la aplicación de la ley, contraria a mantener sin producir tales terrenos mientras un gran número de campesinos está dispuesto a trabajar en ellos.

El presidente del Instituto de Tierras, Eliécer Otaiza, recordó que, también de acuerdo a la legislación vigente, ese organismo puede disponer inmediatamente de los activos de los hatos objeto de este tipo de medidas, sin esperar fallo judicial alguno.

Sin embargo, quienes se consideren afectados por las disposiciones oficiales pueden acudir ante los tribunales de justicia para establecer las reclamaciones correspondientes, gozando de todas las garantías establecidas a esos efectos.