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Esquel: el cerebro de la injusticia yanqui en el Ecuador

La Fundación “Esquel” es otra de las organizaciones que recibe financiamiento de la USAID y quien lidera una operadora de justicia denominada “Coalición Nacional por la Justicia”. Esta sería una de las organizaciones que interviene en la elección y designación de magistrados, jueces y funcionarios judiciales del país.

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La Fundación “Esquel” es otra de las organizaciones que recibe financiamiento de la USAID para ejecutar proyectos de reforma alrededor de la justicia, entre ellos el área de “Democracia y Formación Ciudadana”, con la cual interviene directamente en esta función del Estado. Para cumplir sus propósitos, Esquel trabaja conjuntamente con varias redes, u operadoras, “defensoras de la democracia y la justicia”, como: Participación Ciudadana, Consorcio Ecuatoriano por la Responsabilidad Social (CERES), Coalición Acceso a la Información, Red de Justicia, etc., de las que nacerían también los denominados Convergencia Ciudadana, Ciudadanos por la Democracia y Ruptura de los 25, entre otras. La mayoría de estos ‘operadores de justicia’, que también reciben dinero de la USAID, son los que se opusieron desde el inicio a la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional (TC), decididos por el Congreso Nacional en diciembre del año pasado. El motivo real: defender intereses familiares y de grupo, y la idea de la democracia ‘a la norteamericana’, por medio de magistrados que antes se mantenían incrustados en estas dependencias públicas al servicio de la oligarquía ecuatoriana y de la política yanqui. En Esquel, por ejemplo, trabajan María Paula Romo y Norman Wray; la primera, según se dice, con relaciones cercanas a Arturo Donoso y Santiago Andrade (ex magistrados), y el segundo, primo hermano de Alberto Wray, ex asesor jurídico del ex Presidente Jamil Mahuad, hoy abogado defensor de los magistrados destituidos ante los organismos internacionales de justicia. Estos dos personajes (Wray y Romo) son los que lideran Ruptura de los 25. Según sostuvo el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Darwin Muñoz, en entrevista con OPCIÓN, “el ‘notable’ Alberto Wray fue quien nombró, a dedo, a los magistrados de la anterior Corte cesada, conjuntamente con la Iglesia, las Cámaras de la Producción con los Peñaherrera; y las ONG’s que manejan Valeria Merino y César Montúfar, que son gente asalariada de las agencias extranjeras como la USAID y el Banco Mundial, quienes quieren volver a enquistarse en la Corte para beneficiarse de toda la administración de Justicia”. De una “justicia” que siga siendo cómplice de sus intereses y manejos. La Fundación Esquel fortaleció su liderazgo cuando en la reunión Iberoamericana de Redes de Justicia que se realizó en Quito, el 26 de marzo del 2002, fue nombrada como institución coordinadora de la “Coalición Nacional por la Justicia”. El objetivo de esta organización es que, “La COALICIÓN elevará su voz para que la transformación del sistema de justicia se convierta en una política de Estado, de manera que sea reconocida como tema prioritario en los cambios políticos y de las conveniencias coyunturales”.

¿Cómo interviene Esquel, a través de Coalición, en el sistema jurídico-político del país? Esquel nace con la idea de “encontrar soluciones a los problemas de pobreza en el Ecuador de los años 80”, sin embargo, es el 31 de agosto de 1990 cuando formalmente se crea, con dos objetivos: luchar contra la pobreza y fortalecer la democracia. En cumplimiento de este último objetivo se entiende que en los últimos 10 años se hayan aplicado y desarrollado un sinnúmero de reformas legales y constitucionales de las leyes ecuatorianas, proyectos que en su mayoría han sido financiados por la USAID. Es así que “Coalición Nacional por la Justicia”, que lidera Esquel, ha intervenido en el sistema jurídico nacional constituyéndose como supuesto observatorio ‘ciudadano’ al proceso de selección de magistrados. Fue tanto el interés de estos “salvadores de la democracia” de que sus familiares y amigos al interior de la Corte Suprema de Justicia agiliten sus ‘exigencias’ respecto a esta función del Estado, que el 28 de octubre del 2003 “Coalición Nacional por la Justicia” envía un comunicado a la Corte solicitando se les permita constituirse como ‘observatorio ciudadano por la justicia’. En dicho comunicado solicitan: “constituirse como observatorio ciudadano para apoyar a la Función Judicial en el proceso de selección de magistrados, jueces y funcionarios judiciales”. Además, agregan que esta organización “tiene el interés de apoyar el proceso de selección y designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que está en trámite”. De su lado, en la sesión del 5 de noviembre del 2003, es decir en menos de 10 días, la Corte, presidida en ese momento por Armando Bermeo Castillo, da trámite a la solicitud de Coalición y resuelve: “agradecer el interés que demuestra ‘Coalición Nacional por la Justicia’, por lo que la Corte Suprema de Justicia no se opone a las veedurías ciudadanas, empero al momento no se puede modificar la resolución adoptada el 23 de septiembre de 2003, en cuanto a las normas para el ejercicio de la cooptación, no obstante la Corte Suprema de Justicia proporcionará toda la información que requieran”. Así finaliza el documento dirigido a manera de contestación al doctor Franco Sánchez Hidalgo, ( de Coalición Nacional por la Justicia) fechado el 10 de noviembre de 2003 con Nro.2542-SP-2003. Esta solicitud es publicada en la web de “Coalición Nacional por la Justicia”. ¿No son éstas formas de presión a una entidad autónoma del Estado? ¿Por qué ahora realizan marchas y hablan de liberar a la Corte de influencias políticas y de grupo, si ellos mismos las han ejercido a través de sus familiares y amigos?. Fondo Justicia y Sociedad: un presupuesto para defender oligarcas en la CSJ El Fondo Justicia y Sociedad es un proyecto financiado por la USAID para ‘Fortalecer el Estado de Derecho en el Ecuador’ desde varios enfoques, o como ellos denominan, ‘frentes’. Pero como es obvio entender, el único ‘frente’ que dirige estos procesos y estos recursos es la autodenominada “Coalición Nacional por la Justicia”, comandada por Esquel, que aglutina a varias organizaciones que han salido últimamente a la palestra de la política ecuatoriana como defensoras de la justicia y la democracia. El Fondo Justicia y Sociedad fue creado el 1 de octubre de 1999, con la finalidad de ejecutar un proyecto de “justicia y democracia en el Ecuador”, que tiene previsto concluir el 1 de octubre de este año. Pero lo raro es que nació justo en el momento del feriado bancario, cuando los Isaías, Aspiazu, Landes, Peñafiel, Cevallos Balda, etc. tenían que rendir cuentas ante las Cortes sobre sus manejos dolosos. Entonces, ¿quiénes son los que no hicieron nada para impedir que los banqueros fuguen del país?: ¡los magistrados actualmente destituidos y estas fundaciones que ahora dicen defender la institucionalidad, democracia y Constitución en el Ecuador!

Junta Directiva de Esquel

PRESIDENTE Jaime Mantilla VICEPRESIDENTE Walter Spurrier VOCALES León Roldós Juan Fernando Salazar Andrés Vallejo Arcos Pablo Better Fabián Corral Mariano González Peggy Dulany Eva García Jorge Roca Arteta Catherine Chalá Pedro Zambrano Lapentti Pedro Vorbek

Opción

El periódico alternativo Opción es un quincenario ecuatoriano que apareció el 21 de enero del 2001, un año después del derrocamiento del presidente Jamil Mahuad, en un escenario de crecimiento de la lucha de los pueblos. Recoge en sus páginas los principales anhelos, la cultura, y las luchas de los pueblos de Ecuador, América Latina y el mundo. Opción busca desentrañar la esencia de los problemas, denunciar a sus responsables y contribuir en la construcción de una propuesta política popular, unitaria, antiimperialista y de transformaciones profundas.

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