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Samuel Moncada

La Asociación de Rectores Bolivarianos de Venezuela advirtió sobre la existencia de una campaña contra una reforma parcial del sistema de educación, con el propósito de provocar inestabilidad política.

Un comunicado de la organización llama asimismo a las comunidades universitarias a no dejarse manipular por grupos que pretenden reeditar condiciones de inestabilidad política con la utilización de los sectores educativos.

Recuerda que un intento similar se realizó en el pasado con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y fue derrotado por la inmensa mayoría del pueblo.

La declaración alude a una amplia campaña de sectores de derecha que intenta presentar como violatorio de la autonomía universitaria un decreto presidencial que reforma parcialmente el Reglamento Orgánico de Educación Superior.

Según Samuel Moncada, ministro de Educación Superior, la modificación propicia, entre otros aspectos, una mayor transparencia del uso de recursos del Estado.

Asimismo intenta rectificar una tendencia creciente de las universidades estatales a favorecer el ingreso de estudiantes de colegios privados en detrimento de los sectores pobres, egresados de instituciones públicas.

Un estudio difundido por la prensa local indica que en 2000 en la Universidad Central de Venezuela la matrícula correspondía en el 22,45% a egresados de liceos públicos y 71,24% de los privados.

La Universidad Simón Bolívar (USB), en tanto, tenía en 1999 en sus aulas a 84,07% de alumnos provenientes de escuelas privadas y apenas 8,89% de las públicas.

Al respecto el periodista Eleazar Díaz Rangel se pregunta hoy: ¿Cómo se explica que la USB, que cada año recibe del Estado 200.000 millones de bolívares (más de 90 millones de dólares) no pueda destinar un insignificante porcentaje para becar a estudiantes pobres?

La declaración de la Asociación de Rectores Bolivarianos recuerda que la Constitución expresa que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental y el Estado lo asumirá como función indeclinable y de máximo interés.

Asimismo rechaza que la nueva disposición reglamentaria atente contra la Autonomía Universitaria consagrada en la Constitución, pues las universidades conservan intactas sus garantías autonómicas.

La modificación añade- permitirá un trato más justo y equitativo en la distribución de los recursos del Estado para los presupuestos universitarios y asegurará los programas educativos oficiales que buscan terminar con la exclusión de los pobres en su derecho al estudio.