Además de sus políticas belicistas y sus ideas ultraconservadoras, la administración de George W. Bush se caracteriza por su extremo secretismo, sin precedente en la historia de Estados Unidos.

Una de sus primeras medidas en ese campo fue evitar la publicación de documentos sobre la administración de Ronald Reagan para no comprometer a miembros del actual gabinete.

La orden ejecutiva, redactada por Alberto Gonzáles, entonces asesor jurídico de la Casa Blanca y ahora secretario de Justicia, impide la divulgación de los documentos de trabajo de los ex presidentes.

De acuerdo con la nueva normativa, esos papeles no podrán hacerse públicos sin la aprobación expresa del ex mandatario afectado o de su familia, en caso de muerte, y la del jefe de Estado en el cargo.

Desde entonces, la oficina oval comenzó una política que le valió numerosas críticas, en especial en las filas demócratas y diversas organizaciones no gubernamentales.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 permitieron a Bush cerrar, aún más, los canales de información, en nombre de la supuesta lucha contra el terrorismo.

La larga lista de negativas del mandatario incluye su rechazo a entregar al Congreso los nombres de los empresarios consultados para establecer los planes energéticos del Ejecutivo.

Tampoco colaboró con el legislativo en las investigaciones sobre la quiebra de la empresa Enron, cuyos directivos tuvieron estrechos vínculos con miembros del gabinete.

El gobernante también se opuso a brindar datos sobre la cifra de personas arrestadas sin cargos como parte de su autoproclamada campaña antiterrorista.

Por si fuera poco se resistió a formar una comisión para investigar los hechos relaciones con el ataque del 11 de septiembre, incluso trató de impedir la comparecencia en el Capitolio de miembros de su personal para discutir el tema.

No obstante, ese no es más que una ínfima parte de la información que trata de ocultar Bush, que van desde temas industriales hasta ecológicos, reveló una reciente investigación de la revista U.S News and World Report.

Hasta la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor está reteniendo noticias sobre todo tipo de mercancías.

La salud tampoco escapa de esta política, pues se mantienen bajo llave datos sobre los riesgos de sustancias químicas en las comunidades o sobre la calidad de los suministros de agua.

Las acciones de la administración "frustraron la habilidad del Congreso de ejercer su autoridad constitucional de supervisar la rama ejecutiva", comentó la publicación.

Desde que Bush llegó al poder, la actividad de clasificación de documentos aumentó en un 75 por ciento, afirmó William Leonard, de la Oficina de Supervisión de Seguridad de la Información.

En 2001 se prohibió la venta del directorio telefónico del Departamento de Defensa, utilizado por periodistas y especialistas del sector.

Un año después, el Laboratorio Nacional de Los Alamos, donde se construyó la primera bomba nuclear, quitó al público el acceso a su biblioteca electrónica con textos de los últimos 50 años, sobre estudios de física e ingeniería, entre otros campos.

También los documentos históricos del Archivo Nacional sufrieron la censura de la administración conservadora.

La Agencia Aeroespacial de Estados Unidos siguió esos pasos al restringir su base de datos sobre el lanzamientos de satélites y estudios espaciales, publicada durante casi 20 años.

Mientras, el ejército eliminó de sus sitios web miles de documentos, directrices e informes, una política que imitó la fuerza aérea.

Según un libro de John Dean, consejero legal del ex mandatario Richard Nixon, la actual administración supera a cualquier otra en el secretismo, decepción y cinismo político.

"Bush y (el vicepresidente Richard) Cheney representan el retorno de los tiempos de Nixon", afirmó Dean, quien estuvo encarcelado por su participación en el escándalo Watergate.

Un encuesta de la firma Ipsos reveló que el 70 por ciento de los estadounidenses está preocupado por el secretismo del gobierno, mientras, el 52 por ciento opinó que hay muy poco acceso a los archivos de la administración republicana.

El estudio coincide con una campaña de diversas organizaciones para obligar a la Casa Blanca a terminar con esa política.

Entidades de prensa norteamericanas anunciaron una campaña con el fin de obligar a las agencias gubernamentales a brindar información al país.

Entre los demandantes están la Sociedad de Periodistas Profesionales, la Asociación Nacional de Periódicos y el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa.

Según Steven Aftergood, director del Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación de Científicos Estadounidenses, bajo esta administración aumentó de modo considerable la cantidad de documentos reservados.

En el Congreso también se incrementaron las voces que piden acabar con la estrategia del silencio.

El control hermético de la información es el sello de este gobierno, señaló Roger Pilon, dirigente del conservador Instituto Cato.

Con el pretexto de la guerra contra el terrorismo, la Casa Blanca mantiene su propia batalla contra la libertad de información, al erigir un muro de silencio alrededor del Ejecutivo.

Roberto Castellanos