Más de un millar de civiles estadounidenses, armados y racistas, se aprestan hoy para iniciar una auténtica cacería de migrantes en la frontera Arizona-Sonora, donde sólo en 2003 perdieron la vida 208 mexicanos.

Los autodenominados vigilantes voluntarios, coordinados por ex combatientes de Vietnam e Irak, proceden de más de 50 estados de la Unión y pretenden patrullar del 1 al 30 de abril casi 90 de los más de 500 kilómetros de línea fronteriza.

Su propósito expreso es evitar que continúe lo que consideran una “invasión silenciosa” de indocumentados hacia Estados Unidos, y hacerlo mediante la captura y entrega a la Patrulla Fronteriza de quienes intenten el de por sí peligroso cruce.

La reacción generada en este lado de la frontera por la pretensión de los ilegales cazainmigrantes ha sido airada.

Según la Cancillería mexicana, el Gobierno atacará por todos los medios legales esas actividades de “vigilantismo” e incluso recurrirá, de ser necesario, a la Corte Internacional de La Haya.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia mexicana, Luis Ernesto Derbez, adelantó que ya existen contactos con un despacho de abogados de Los Angeles, California, para preparar la estrategia legal contra los “cazadores” de indocumentados.

Además, dijo, se alertó a los 45 consulados de México en Estados Unidos para que sigan de cerca las acciones de los Minuteman.

Esta última, sin embargo, parece una encomienda difícil de cumplir, ante la negativa de las autoridades estadounidenses a que los cónsules mexicanos visiten el área de operaciones de los vigilantes ilegales.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación anunció el reforzamiento de los llamados Grupos Beta en la frontera norte, a fin de proporcionar asistencia humanitaria a emigrantes mexicanos que puedan estar sujetos a una eventual repatriación.

Aunque por su magnitud el Minuteman Project ha causado esta vez un enorme revuelo en medios locales de prensa, el tema de las detenciones ilícitas de indocumentados por civiles estadounidenses no es nada nuevo.

En abril de 1999 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al Departamento de Estado para manifestar su “seria preocupación” por la detención, a manos de particulares, de 27 inmigrantes mexicanos.

Más recientemente, en mayo de 2003, la propia SRE informó al Congreso mexicano que había denunciado sin éxito el “vigilantismo y las detenciones practicadas por parte de civiles” en Arizona, particularmente en el condado de Cochise.

Sin embargo, deploró el reporte, aunque se interpusieron las denuncias correspondientes, el Procurador del estado se negó sistemáticamente a presentar cargos contra los acusados, alegando que los indocumentados habían ingresado a propiedades privadas.

De otro lado, el Minuteman Project constituye sólo parte de la estrategia antinmigrante auspiciada por el propio gobierno de Washington, que al redefinir el papel de las fronteras en la seguridad nacional introdujo nuevos elementos de tensión en su política migratoria.

Ya desde 1994 se habían puesto en marcha las operaciones “Guardián”, en San Diego, California, y “Mantenga la línea”, en El Paso, Texas, que lejos de detener el flujo migratorio lo reorientaron hacia la desértica y peligrosa zona de Sonora-Arizona, con el consiguiente aumento en la cuota de muertes.

Mientras en 2000 perdieron la vida 369 mexicanos en el intento de pasar al país del norte por cualquiera de los tres mil kilómetros de frontera, en 2003 sólo en los cruces sonorenses murieron 208 y de ellos 137 en el tramo Nogales-Tucson.

De otro lado, en los últimos tiempos han ido surgiendo nuevas legislaciones “como la iniciativa HB-2030 de Arizona” enfiladas a restringir los servicios a los indocumentados, incluidos la atención médica, enseñanza universitaria y acceso a la vivienda.

Eso, sin olvidar la construcción de nuevas bardas, o la oficialmente considerada “insultante” pretensión de legisladores del propio estado de Arizona de edificar una prisión privada en México para albergar a reos indocumentados encarcelados allí.

Ninguna de estas acciones, sin embargo, ha sido capaz de contener la creciente migración hacia Estados Unidos, como resultado de la cual unos 450.000 mexicanos se establecen anualmente en ese país y más de 400 mueren en el intento.

El flujo, sostienen los expertos, será imposible de frenar mientras subsista la enorme disparidad económica entre ambos países y la política migratoria de Washington continúe marchando a contrapelo de la realidad.

Moisés Pérez Mok