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Los gobiernos latinoamericanos están sentados sobre un volcán. Por encima de la aparente estabilidad, y aún de la imagen de fortaleza que trasmiten algunos, la impresión es que basta un pequeño empujón para comenzar el tránsito hacia la desestabilización y deslizarse cuesta abajo hacia el abismo. El caso argentino, pese al exitoso canje de la deuda externa y al notable apoyo popular del que goza Néstor Kirchner, que oscila entre el 60 y el 70%, es quizá el más sintomático.

A comienzos de marzo se supo que la inflación acumulada en enero y febrero había sido del 2,4%, lo que podría desbordar la tasa anual por encima del 10%. Pero la canasta básica de alimentos creció el doble, el 5%. La inflación de esos dos meses generó 188 mil nuevos pobres. Según la consultora Equis, si la tendencia se mantiene a lo largo del año, habrá 2,4 millones de nuevos pobres, que vendrían a sumarse a los quince millones de pobres existentes, que representan el 40% de la población, el índice más bajo desde la debacle de 2001. Pero las cifras pueden ser engañosas. Casi el 10% de la población está apenas por encima de la línea de pobreza, y un aumento mínimo de los precios la volvería a hundir en la miseria.

De mantenerse la actual tendencia en el aumento de los precios, señala Artemio López, de Equis, “se inaugurará un quinto ciclo de empobrecimiento que, a diferencia de los ciclos anteriores, combinaría una tasa de desempleo estable con achatamiento salarial, situación que redundará en un deterioro de los ingresos hogareños y en particular de la canasta básica” (Clarín, 5 de marzo de 2005).

En síntesis, si el gobierno de Kichner no logra frenar en seco la inflación, puede abrirse a corto plazo a una situación de crisis social similar a la que condujo a la explosión del 19 y 29 de diciembre de 2001. Sólo que ahora el incendio sería mucho más devastador, toda vez que los cortafuegos -en especial la contención político-social que es la especialidad del peronismo- presentan fisuras que los tornarían casi inservibles en situaciones de emergencia. Un par de datos ilustran el mar de fondo social: la desocupación en el cinturón de Buenos Aires trepa hasta el 15%, sin contar los desocupados que reciben subsidios, y la mitad de los argentinos que trabajan lo hacen en “negro”, sin prestaciones sociales y con un salario que es la mitad del que reciben los que tienen empleo formal. Y eso que la economía crece al 9% anual desde 2003.

Ante este panorama, ciertamente explosivo, no puede llamar la atención la reacción del presidente Kirchner, el 10 de marzo, llamando al boicot a las petroleras Shell y Esso por haber aumentado los precios de los combustibles apenas en un 3%. Es más fácil culpar de la inflación -y por lo tanto de la pobreza- a una multinacional petrolera que al almacén de la esquina. A lo largo de marzo, el gobierno impulsó acuerdos con los empresarios de varios sectores de la alimentación para contener las alzas en los precios. Una medida difícil de implementar, pero urgente e imprescindible para mantener la gobernabilidad. La segunda prioridad es mantener los salarios comprimidos, lo que provoca fisuras entre el gobierno y los sindicatos y aún dentro del gabinete ministerial.

Pero lo anterior es apenas una llovizna respecto del temporal que se avecina. Argentina enfrenta 34 demandas en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), ámbito judicial dependiente del Banco Mundial, el 43% de todas las acciones presentadas por empresas multinacionales en el mundo. Todas presentan el mismo guión: demandan al Estado argentino por la caída de sus ingresos a raíz de la devaluación de enero de 2002 y la congelación de tarifas que la siguió.

Gas Natural Ban, subsidiaria de la española Repsol, parece haber marcado el camino de sus pares: aceptó retirar su demanda en el Ciadi a cambio de la autorización del Ministerio de Economía de aumentar el 15% la tarifa del gas para usuarios industriales. En los próximos meses la luz y el gas deberán subir entre el 20 y el 30%, si el gobierno cumple los convenios firmados con las privatizadas. En todos los casos la Casa Rosada forcejea para dejar fuera de los aumentos a los consumidores familiares, sabiendo que la población no tolerará una escalada que derrumbe nuevamente sus ingresos.

El actual gobierno argentino -hijo indirecto de la rebelión de diciembre de 2001- hace una lectura certera de la realidad. Aunque el movimiento social atraviesa un profundo reflujo y está fragmentado, hay cosas que no podrán volver atrás. En Argentina se instaló una nueva conciencia que supera la antigua de los derechos: en vez de la exigencia al Estado a cambio de paz social, los movimientos consiguieron una suerte de poder de veto, por el cual ningún estamento -léase gobiernos pero también multinacionales, o corporaciones como las fuerzas armadas o la policía- puede traspasar ciertos límites sin poner en juego la gobernabilidad.

En gran medida, ese poder de veto consiste en un nuevo tapiz social tejido con las hebras de la autoestima, que viene cobrando forma desde mediados de los 90. La organización social y política de los excluidos -piqueteros y cartoneros, jóvenes y mujeres- no es flor de un día ni abarca sólo a los desocupados.

De ahora en más, habrá que contar con este nuevo sujeto. Apenas Kirchner llamó al boicot, cientos de piqueteros tomaron las estaciones de servicio de Shell y Esso provocándoles pérdidas millonarias. Y bloquearon por momentos las plantas de producción de las petroleras. En cada situación de crisis o de viraje político, los nuevos sujetos han jugado su papel, imprimiendo su huella a cada coyuntura. La derecha argentina comparó a Kirchner con Hugo Chávez, acusándolo de multiplicar los frentes de conflicto, lo que demuestra, una vez más, que la derecha es ciega. ¿Alguien puede imaginarse hasta dónde llegaría un nuevo estallido social, con este nuevo movimiento social y político en escena? El equipo de Kirchner parece intuirlo.