El proyecto desde el título muestra sus verdaderas intenciones. Sus autores, Uribe, Retrepo y Sabas lo bautizaron como proyecto de «Justicia y Paz» para tratar de esconder su verdadera catadura como tratado de impunidad que no garantiza ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación. Tiene profundas diferencias con el proyecto presentado por los congresistas Pardo, Parody, Velasco y Borja. En primer término no exige la confesión plena y la comprobación judicial del contenido de las confesiones. En un verdadero proceso de paz la confesión plena de los delitos y las fechorías cometidas por los actores irregulares del conflicto es requisito sine qua non para construir sobre esa base la verdad y sobre ella la reparación de las víctimas. Esa confesión debe ser pública y debe ser investigada por los jueces. En caso de que la confesión no sea plena o que contenga mentiras los acusados perderán todos los beneficios judiciales. Así pues, estamos frente a un proyecto que permitirá las verdades a medias y las mentiras sin que la investigación judicial tenga consecuencias vinculantes para los criminales mentirosos. Ese es el tamaño del proyecto de impunidad que está en curso. Con ello los paramilitares ocultarán quiénes les colaboraron desde el Estado o quiénes los financiaron. Es un proyecto que dejará intacto y vivo el recurso del paramilitarismo del cual han hecho amplio uso las clases dominantes históricamente en el país.

El delito paga

Un segundo tema es el de la entrega de todas las propiedades y bienes obtenidos con la violencia y con el negocio del narcotráfico. El proyecto del gobierno no exige, como si lo hace el proyecto de los congresistas, que los paramilitares entreguen todos los bienes y entre ellos la tierra a quienes fueron despojados a sangre y fuego de las mismas durante los últimos treinta años en Colombia. Basta con que los grupos paramilitares restituyan lo que deseen sin que estén obligados, por ejemplo, con la pérdida de todos los beneficios judiciales si no entregan la totalidad de los bienes obtenidos de manera criminal e ilícita.

Donde se ve con mayor claridad el tamaño del orangután de la impunidad es en el capítulo de las penas y en el lugar para cumplirlas. En el proyecto de los congresistas la pena no será inferior a cinco años y deberán cumplirla en uno de los establecimientos carcelarios del régimen penitenciario existente. En el proyecto del doctor Uribe, ternura y compañía, la pena puede llegar a ser menor de cinco años, a ella podrá sumarse el tiempo que dure la negociación en Santa fe de Ralito y podrán pagarla en cárceles especiales al estilo de la cárcel de la Catedral, paraíso construido en el municipio de Envigado por Pablo Escobar en los años noventa. Las penas son francamente risibles para criminales que se ensañaron con cientos de miles de inocentes campesinos, de sindicalistas, de líderes comunales, de periodistas y de defensores de los derechos humanos.

Pero hay un detalle aún más increíble. El presidente Uribe y su ministro Sabas presentaron un proyecto en Cartagena ante la Mesa de Donantes la semana pasada y ahora presentan un proyecto distinto en el Congreso de la República. Con el proyecto de la semana pasada querían conseguir plata para financiar el proceso y con el actual, que es blando con las penas y amplio con la impunidad, se quieren congraciar con los paramilitares y con quienes han sido los verdaderos causantes de esta tragedia nacional de la violencia y el despojo, es decir, con las clases dominantes y principalmente con los terratenientes y ciertos sectores industriales que están tras los bastidores del paramilitarismo. A ellos, en este proyecto se les garantiza la plena impunidad.

Ahora, sólo falta ver la reacción de la sociedad civil y de la comunidad internacional frente a un Congreso genuflexo y débil, dominado por el clientelismo uribista y con un 30% de paramilitares en las curules, según dijeran los medios de comunicación hace ya dos años. Amanecerá y veremos. Y una nota final, los lectores podrán imaginar que en el proyecto no aparecen las víctimas y por eso desaparece del título la reparación de las mismas.

Febrero 10 de 2005