El hecho es que en muchos sectores existe la incertidumbre sobre lo negociado hasta ahora, a pesar de los rimbombantes anuncios sobre los logros de las rondas anteriores y del ’acompañamiento’ del Congreso, los organismos de control y una buena parte de los sectores gremiales y de la llamada sociedad civil en el proceso de negociación. Además, existen serias dudas sobre las ventajas que obtenemos de lo negociado aunque la divisa del equipo de negociadores colombianos sea: "nada está negociado hasta que todo está negociado". Ni el llamado cuarto de al lado, ni el "famoso" cuarto de lectura han sido instrumentos poderosos para quitar el velo que cubre las negociaciones.

La ronda de Cartagena ha suscitado en esta perspectiva más dudas que certezas, no solo por la limitación de las expresiones en contra del tratado, que lo cubren nuevamente con un manto de dudas, sino porque el gobierno ha mostrado de forma velada, más interés en las propuestas norteamericanas en las diferentes mesas que en las necesidades del país para emprender el supuesto camino de crecimiento y desarrollo que el TLC nos va a traer.

Ejemplos de lo expuesto: Estados Unidos consagra que las compras federales son reservadas para empresas norteamericanas, y que las compras de los estados de la unión son decisión de sus respectivas autoridades, es decir, que habrá que negociar con cada Estado de la Unión para lograr que empresas colombianas compitan en licitaciones en Norteamérica. A cambio, Colombia cede su sector de compras públicas, es decir, se cedió a cambio de nada.

Las propuestas sobre propiedad intelectual han estado enmarcadas en las pretensiones de los Estados Unidos de patentar flora y fauna, dar tránsito a patentes de segundo uso y aumentar los tiempos de las patentes sustancialmente, a cambio de que los gringos renuncien a esta pretensión, los países andinos pretenden otorgar una serie de ventajas en patentes que dificultarían el acceso de los colombianos a medicinas genéricas que son mucho más económicas que las de marca.

Esto parece recordar las viejas épocas en las que los indígenas ofrecían ricos tesoros a los conquistadores para calmar su ira y su sed de oro, no solo los conquistadores no cesaron en su ira, sino que quisieron más oro y para ello esclavizaron a los indígenas y los sometieron hasta su casi total desaparición. Estas negociaciones parecen imponer esta lógica de dádivas a cambio de nada o muy poco, en otros términos esto no se llama negociación sino capitulación, y parece que en Cartagena se está dando paso a una. Por ello mal harían los negociadores en abrir el debate público, hacer caso de las críticas, invitar a la democracia, porque para ellos lo que se negocia es un asunto de altos intereses, y sobretodo la capacidad de los Estados Unidos para iniciar un cerco al MERCOSUR, principal escollo en su iniciativa de ALCA que es el verdadero interés de los norteamericanos, especialmente por las potencialidades del mercado brasilero.

Por ello, hay que insistir en la falta de legitimidad del equipo negociador para imponer cuanto criterio arbitrario dispongan, al ser un TLC un ’acuerdo’ que va más allá de un simple tratado de liberalización comercial y que tiene profundos impactos en el marco jurídico de la Nación, incluso a nivel Constitucional. Pero, a quien hay que consultarle sobre si acepta el tratado o no, es al pueblo, al constituyente primario, y no a un parlamento que tal como se ha demostrado en la práctica puede ser organizado para lograr mayorías forzadas. Por lo tanto, hay que preguntarles a los ciudadanos si creen que el Tratado de Libre Comercio es bueno o malo para el país porque su bienestar futuro es el que se juega en las mesas de negociación.

Jairo Bautista