¿La "dinámica del carrusel"?

El escepticismo superó la esperanza cuando el 25 de noviembre de 2003 se produjo la primera desmovilización masiva: la de 850 hombres pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara. Desmovilización "sui generis", de jóvenes que no parecían curtidos por la guerra y tenían más bien aire de recién reclutados, en un acto en el que entregaron unas cuantas armas a cambio de las ofertas de empleo y financiación de proyectos productivos. Dos semanas largas de concentración para formarlos en valores de convivencia y luego reintegrarlos a sus comunidades constituyeron el poco creíble pasaporte de un verdadero proceso de reconciliación. ¿Qué hubo detrás de esta ceremonia? Algunos afirman que se instauró la "dinámica del carrusel": unos dejan las armas y otros son reclutados para reemplazarlos. Pero más allá de esto, ¿se trata de un ensayo de "Don Berna" para medir el grado de aceptación social y jurídica? ¿Una muestra de su decisión de entregar las armas y convertirse en fuerza política legal como lo dijeron los voceros del BCN y lo reafirmaron en las audiencias en el Congreso? La ceremonia no fue acompañada de la euforia que suele acompañar los procesos de paz. La soledad fue la nota dominante, a pesar de la presencia de la OEA que anunció su decisión de servir de ente verificador de este proceso.

¿Un proyecto político militar de largo aliento?

Desde entonces, en una serie de desmovilizaciones masivas, más de 4.500 hombres han dejado las armas. A medida que se suceden las desmovilizaciones, se vencen algunas resistencias ante las incertidumbres de este proceso, pero crecen otras. El Congreso aceptó la presencia en su recinto de voceros de los paramilitares. El gobierno norteamericano ha alertado sobre el riesgo de que tras este proceso se escuden los narcotraficantes para legalizar sus capitales, limpiar su "pasado judicial" y eludir la extradición. Sin embargo, recientemente, ha expresado su interés por apoyar con reservas las desmovilizaciones, tal como lo ha manifestado Condoleza Rice, nueva Secretaria de Estado. Algunos países europeos han decidido apoyarlo y la Unión Europea condiciona un eventual apoyo a la definición de un marco jurídico que evite la impunidad que hasta el momento ha rodeado este proceso.

En el juego de tensiones inevitable en un proceso de esta naturaleza, que no tiene antecedentes en nuestra historia, son fuertes las dudas sobre su verdadero alcance, y ellas tienen que ver con la naturaleza del fenómeno paramilitar en el país. ¿Se trata de organizaciones armadas ilegales con vocación contrainsurgente, surgidas espontáneamente para enfrentar a las guerrillas ante la incapacidad del Estado y sus fuerzas militares para contenerlas? O ¿Se trata de un "proyecto de acumulación de poder político y de riquezas económicas a través de las armas" como sostiene el senador Rafael Pardo?(1) Si se trata de lo primero, el abandono de las armas por parte de miles de integrantes de estos grupos es una efectiva desmovilización que, de continuarse, pondrá fin al fenómeno paramilitar o lo debilitará seriamente. Pero si se trata de lo segundo, los hombres en armas son sólo una de sus manifestaciones y probablemente no la más importante. Existen razones para sostener que el paramilitarismo es un proyecto político militar, que ha logrado construir fuertes redes sociales, políticas, económicas y militares, está articulado a las organizaciones criminales internacionales del narcotráfico, cuenta con apoyos significativos de sectores de la sociedad colombiana y ha penetrado sectores del Estado, entre otros, el judicial, los organismos de seguridad, fuerzas militares y de policía. Algunas ilustraciones que respaldan esta afirmación. El desaparecido Bloque Metro denunció que sectores de narcotraficantes encubiertos bajo el paraguas del Bloque Cacique Nutibara liderado por "Don Berna", se acogieron al paraguas del paramilitarismo con la pretensión de legalizar sus organizaciones y "lavar" sus capitales. No solamente el hoy difunto Comandante del Bloque Metro denunció la presencia de narcotraficantes en las negociaciones: un informe confidencial de la fase exploratoria dado a conocer por los medios de comunicación, y que según el gobierno es apócrifo, señala que "se calcula que las autodefensas pueden monopolizar el 40% del narcotráfico del país (...) se encuentran capos y organizaciones del narcotráfico: Don Berna (inspector general AUC) y Upegui (jefe de la mafia de la oficina en Envigado), los "mellizos" Mejía y el comandante Montañes ("macaco")..."(2) . Denuncias a las que ni el gobierno ni sectores de la sociedad prestaron adecuada atención. Como es conocido, las denuncias del Bloque Metro llevaron a las AUC a exterminarlo, en medio del cese de hostilidades. Pero no se trata solamente del narcotráfico: tan grave como eso es el control y la influencia paramilitar en cerca de 300 municipios del país y en varios departamentos en los que, en las pasadas elecciones incidieron de manera decisiva vetando candidatos o imponiendo candidaturas únicas. En estas condiciones, desarmar hombres es importante pero no es suficiente para desmovilizar el poder paramilitar construido con el recurso a la violencia y que tiene una fuerte presencia política, económica y social en muchos sitios del territorio nacional. De allí la significación que ha adquirido el debate sobre el marco jurídico para estas desmovilizaciones.

Entre las urgencias de la paz y las exigencias de la justicia

Desde que el gobierno presentó a consideración del Congreso el "Proyecto de Ley por el cual se dictan disposiciones para facilitar la reconciliación nacional y contribuir a la reparación de las víctimas", se abrió un amplio debate sobre la relación entre paz y justicia. Este proyecto pionero fue criticado por pretender, en aras de garantizar la seguridad jurídica de los desmovilizados, dejar en la impunidad crímenes de lesa humanidad y de guerra, no contar con la reparación de las víctimas y desentenderse de la cuestión de la verdad. Era la impunidad en aras de la paz. Como resultado del debate, el gobierno lo retiró y recientemente radicó uno nuevo que supera algunas de las deficiencias advertidas. Por su parte, una comisión del Congreso ha propuesto un proyecto de Ley conocido como de Verdad, Justicia y Reparación que ha sido respaldado por organizaciones de paz y de derechos humanos, organizaciones internacionales y diversos sectores sociales. Otros proyectos, como el del Polo Democrático, han sido presentados. El debate continúa pero las condiciones han cambiado. Los paramilitares, a través de su vocero Salvatore Mancuso, han manifestado que se acabaron las desmovilizaciones gratuitas, aludiendo a la necesidad de que para continuar el proceso es necesario que se les ofrezcan garantías jurídicas. Adolfo Paz, vocero paramilitar, ha criticado el proyecto de los congresistas como una "talanquera para la paz" y a propósito de la exigencia de verdad sostiene que "Nadie se opone a que se conozca la verdad, pero una verdad integral, porque verdades a medias son falsedades completas. ¿Está el Estado colombiano dispuesto a colaborar con el esclarecimiento de todos los hechos? Mucho nos tememos que no". Por su parte el Alto Comisionado estima que el proyecto de los congresistas impide el camino de la desmovilización y la reconciliación y favorece el "endurecimiento represivo".

Sin duda, las condiciones de continuidad de este proceso con los grupos paramilitares dependen de la definición del marco jurídico. Y el debate sobre el marco jurídico se centrará en la cuestión de fondo: desmovilización y entrega de armas dejando incólume el poder paramilitar, o desmovilización integral de lo militar y del poder político y económico acumulado ilegalmente por la vía de las armas. Es allí en donde se resolverán las tensiones entre el derecho fundamental a la paz y las exigencias de la justicia. Y de su adecuada resolución depende en gran parte el futuro inmediato de la precaria democracia colombiana, sobre todo a nivel regional y local. Para expresarlo en términos pragmáticos: el avance en la reconciliación pasa por la verdad y la reparación a las víctimas, pero también porque los proyectos políticos coloquen sobre la mesa todas sus cartas y se desmonten las estructuras políticas y económicas construidas con la violencia.

(1)Rafael Pardo, "La esencia del paramilitarismo no se está desmovilizando", El TIEMPO, 2 de febrero de 2005, página 1-14.

(2)"Seis retos con los "paras"" en EL TIEMPO, 20 de julio, página 1-2

Jaime Zuluaga