La Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional (MCCI) es el escenario visible de un mecanismo informal de coordinación diplomática de países y organismos multilaterales más conocido como G-24, creado por iniciativa del gobierno colombiano, con el propósito de revisar y reorientar la cooperación internacional para hacerla más eficaz y articulada al Plan Nacional de Desarrollo. Hacen parte del G-24: Estados Unidos y Canadá; Argentina, Brasil, Chile, México, Suiza, Japón, Finlandia y Noruega, los 25 Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea, la ONU y sus agencias, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), como organismos multilaterales.

En el marco del proceso del G-24, el gobierno colombiano ha presentado a la comunidad internacional una nueva estrategia de cooperación que más que la captación a corto plazo de nuevos recursos, busca que los donantes encausen los recursos disponibles a los seis bloques temáticos previstos en la nueva estrategia (bosques, reinserción, desarrollo productivo y alternativo, fortalecimiento del estado social de derecho y derechos humanos, programas de desarrollo y paz, desplazamiento y asistencia humanitaria) sobre la base -argumenta- de una mejor comprensión de la realidad nacional, de los progresos que se vienen dando en el contexto democrático, el respeto a la ley y de los derechos humanos; así como, en el campo de la participación de la sociedad civil en la construcción de la estrategia. En la práctica, la propia formulación de algunos de estos ejes temáticos resulta incompatible con las medidas que se vienen implementando, a manera de ejemplo, con la estrategia de fumigaciones masivas de los cultivos considerados de uso ilícito con el desarrollo alternativo.

El propósito del gobierno de Uribe es finalmente dotarse de un amplio y consolidado respaldo internacional, "enganchando" cada vez más a la comunidad internacional (G-24) en la política de seguridad democrática implementada por el actual gobierno, a través de la estrategia de cooperación internacional, e incorporar a la vez un escenario de gran visibilidad (MCCI) que le permita un amplio efecto mediático a nivel nacional e internacional. En este marco, involucrar a la sociedad civil en el diseño de la estrategia de cooperación y generar un espacio de visibilización para la misma resulta ser un elemento clave. La convocatoria gubernamental a la sociedad civil previa a la Mesa Oficial, no se concibe como un espacio de interlocución y consulta entre el G-24 y las organizaciones de la sociedad civil, sino como un espacio de reunión de la misma en la que tanto el G-24, como el gobierno, participan en calidad de observadores.

¿Cómo pinta la Unión Europea en todo esto?

El peso y relevancia de la UE al interior del G-24 es más de lo que a primera vista parece.

Primero, la UE es uno de los principales donantes de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria a través de la Comisión Europea. De la misma manera, algunos socios comunitarios, principalmente Alemania y España canalizan igualmente importantes recursos a través de la cooperación bilateral.

Segundo, la dinámica comunitaria que lleva a que los países socios adopten una posición común en los escenarios internacionales, le otorga en la práctica una ventaja comparativa cuantitativa y cualitativa en las negociaciones al interior del G-24. Ello explica el porqué las conclusiones del Consejo de la Unión Europea del pasado 13 de diciembre, fueran un importante instrumento de predicción sobre los resultados de la MCCI en Cartagena.

Y tercero, la UE ha llevado, históricamente, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la iniciativa en las negociaciones en cuanto al pronunciamiento sobre Colombia, emanado año tras año, a través de la denominada Declaración del Presidente.

Es por eso que volviendo a Cartagena y recavando en el contenido de su Declaración Final, no queda más que constatar el significativo retroceso de la postura de la UE frente a Colombia que, aunque previsible, si se mira retrospectivamente el avance que ha tenido su tratamiento a partir de la ruptura de las negociaciones con las Farc, no deja de ser decepcionante. El contenido de la Declaración de Cartagena preocupa tanto por lo que dice como por lo que deja de decir.

Para empezar hay un contraste en los términos utilizados para expresar el decidido respaldo a la política gubernamental, el reconocimiento a sus avances en distintos ámbitos y la exigencia a lo que denominan "grupos armados ilegales" al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y al cese de hostilidades con lo ’matizado’ de los términos cuando se trata de hacer llamados relativos al cumplimiento de los derechos humanos.

Llama también profundamente la atención lo contradictorio que resulta ser el texto final, dada la intencionalidad manifiesta de no querer llamar las cosas por su nombre. Viene haciendo carrera en este tipo de pronunciamientos utilizar el término "grupos armados ilegales" para no referirse expresamente a las guerrillas, paramilitares o a ambos y no utilizar por razones diplomáticas el odioso termino ’terroristas’ cuando en realidad así los califican. El problema radica (y no es una cuestión semántica) en que grupos armados ilegales en Colombia hay de diverso tipo, pero no todos guardan una relación directa con el conflicto armado interno que vive el país como para exigirles el cese de hostilidades, el acatamiento al DIH o su compromiso con un proceso de paz.

En el mismo plano de contradicciones, el aspecto más polémico de la Declaración incluso en su proceso de negociación al interior del G-24, ha sido la utilización de la expresión "... a la situación de violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales", para eludir la utilización del término "conflicto armado interno" que tanto crispa al presidente Uribe. Así mismo, sucedió con la expresión "situación humanitaria" para obviar la utilización de "crisis humanitaria", empleada por Naciones Unidas para calificar la situación colombiana.
Otros aspectos significativos brillan por su ausencia:

* No se hace ninguna referencia al retiro del Enviado Especial para asuntos de Paz por parte del Secretario General de las Naciones Unidas. Para la UE había sido una constante, en sus más recientes pronunciamientos, expresar su apoyo firme a los buenos oficios del Enviado Especial. No obstante, desaprovechó un escenario como Cartagena para hacer un llamado que permitiera buscar fórmulas de entendimiento para retomar dicha labor a corto plazo.

* De igual manera, se omite toda referencia en términos de preocupación y/o llamado a la flagrante violación al cese de hostilidades, por parte de los paramilitares, pese a ser un requisito para el mantenimiento del diálogo con el gobierno con miras a la desmovilización; al reciclaje de narcotraficantes y delincuentes comunes en las desmovilizaciones ya realizadas y en las conversaciones de Santafe de Ralito; a la impunidad ’a priori’ a la que lleva la normatividad jurídica actualmente aplicada, consistente en abstenerse de investigar los posibles delitos que hayan podido cometer quienes se acogen al programa de desmovilización si no tienen investigaciones en curso.

Por otra parte, la Declaración reitera lo dicho por miembros destacados del G-24 en relación con la necesidad de un marco jurídico que permita la realización de los principios de verdad, justicia y reparación, lo hace simplemente en calidad de llamado, cuando debió ser más contundente. Más allá de eso, y valga la oportunidad para decirlo, porque para nadie es un secreto, un marco legal acorde con la normatividad internacional es ciertamente indispensable, pero insuficiente. No hay que llamarse a engaños, acabar con la esencia misma del paramilitarismo supera el ámbito de la desmovilización y trasciende la propia capacidad de un marco legal, por óptimo que este sea, implica poner el dedo en la llaga: en la entraña misma del Estado y del establecimiento en su conjunto.

A primera vista pareciera sorprendente que la Unión Europea se haya dejado arrastrar por este círculo de ambigüedades y omisiones que caracterizan el texto, cuando son justamente la solución política negociada y la atención humanitaria los dos pilares que respaldan la política exterior común de la UE para Colombia y sobre los cuales se sustenta su programa de cooperación hacia la paz. No obstante, la explicación es sencilla: "pragmatismo político". En palabras del propio Eneko Landaburu, delegado por la Comisión Europea en Cartagena en declaraciones a El Tiempo "...los hechos son los hechos. Tenemos una mejora general en la democracia, derechos humanos y libre circulación. Eso es objetivo y así lo decimos".

La aceptación de la UE a los términos de la Declaración de Cartagena pareciera alejarla cada vez más de la posibilidad de constituirse en actor estratégico de primer orden, en la solución política y consolidación de un proceso de paz para Colombia, cediéndole el paso, libre de todo contrapeso, a la estrategia estadounidense. Si se toma en cuenta la prioridad actual de la UE de reconstruir y consolidar el vínculo trasatlántico, seriamente afectado tras la guerra de Irak, salta a la vista que la UE no va hacer del caso colombiano un nuevo factor de tensión.

Pese a lo anterior, hay que considerar que, en otros escenarios, la UE viene enviando señales a las Farc para que éstas en un acto unilateral expresen su buena voluntad de emprender las negociaciones, como por ejemplo, la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, hecho que podría conllevar a la revisión de su permanencia en la lista de organizaciones terroristas. Ciertamente, no es un asunto de poca monta. La salida de las organizaciones guerrilleras de la lista europea permitiría a la UE recuperar la iniciativa en pos de una salida política negociada al conflicto y la consolidación de un proceso de paz, que implica entre otras cosas, el asumir las causas políticas, sociales y económicas que dan origen al mismo y que aún persisten, lo que sin lugar a dudas llevaría a nuevos términos de su posición común frente a Colombia.

¡Amanecerá y veremos!

Lourdes Castro