La reforma estructural del Estado, es una serie de transformaciones de carácter jurídico, institucional y político, en virtud del cual se eliminan las intervenciones del Estado en el ámbito económico, social e institucional, para proveer servicios, como aquellos de educación, salud, seguridad social, etc. Y se transfieren esos servicios al sector privado (privatización).

La reforma estructural del Estado tiene cuatro ejes básicos:

a) La liberalización: en virtud de la cual el Ecuador se ha comprometido a firmar una serie de acuerdos de liberalización de comercio y protección a las inversiones, como por ejemplo: la suscripción del convenio de protección a la inversión (1993); la suscripción a la Organización Mundial de Comercio, OMC; el Area de Libre Comercio para América Latina, ALCA; y, actualmente, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC. b) La privatización que ahora se presenta bajo la figura de las concesiones, y en las cuales el sector privado administra sectores y bienes públicos sin necesidad de realizar inversiones en estos sectores, un ejemplo de ello es la privatización del agua en las parroquias orientales de Quito. c) La desregulación, es decir la eliminación de controles a las empresas que administran los mercados bajo la forma de monopolios, duopolios, cártels y holdings. d) La descentralización, como una reestructuración del Estado en virtud de la cual se transfieren competencias centrales a los gobiernos seccionales y locales para que a su vez éstos las transfieran al sector privado.

La Ley Orgánica de Racionalización Económica del Estado establece, entonces, una reforma a 18 leyes, teniendo como norte la reforma estructural del Estado, esto es, la privatización y la eliminación del sector público en la dotación de servicios públicos. El objetivo de estas reformas es el de garantizar:

- La privatización de recursos y servicios que presta el Estado, y eliminar el concepto de solidaridad en la seguridad social (Reformas a la Ley de Hidrocarburos, Ley de Seguridad Social, Ley de Régimen de Sector Eléctrico);
- El fortalecimiento de la capacidad presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, para garantizar el pago de la deuda externa (reformas a la Ley orgánica de administración financiera y control)
- La creación de un fondo que sirva como prestamista de última instancia para la banca privada, teniendo en cuenta que en dolarización no existe un prestamista de última instancia (reformas a la Ley de Régimen Monetario)
- El cumplimiento con los acuerdos de la Carta de Intención con el FMI suscrita en febrero de 2003, en los que se establecía la necesidad de que la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, cumpla con sus compromisos, para lo cual se establece la venta del Banco del Pacífico una vez que el Estado ha saneado con recursos públicos a esta institución (reformas a la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, y reformas a la Ley de régimen monetario)
- La criminalización de la protesta social al plantear penas de reclusión mayor de ocho a dieciséis años, a quienes atenten en contra de las actividades de dotación de servicios públicos, y en especial a los que afecten a la actividad en los campos petroleros.

El IESS, nuevamente en la mira

Dr. Ricardo Ramírez Aguirre Ex Miembro del Consejo Directivo del IESS

Este es un proyecto de Gutiérrez que pretende reimplantar el Sistema Mixto de Pensiones, pese a que fue declarado inconstitucional por el TC. Entrega el manejo del IESS a la Superintendencia de Bancos y a la Junta Bancaria, dándoles el control y autoridad total sobre el Consejo Directivo del IESS, lo cual violenta la autonomía institucional dispuesta por la Constitución en su art. 58. Pretende regalar al sector privado de la burguesía financiera -que ya asaltó y quebró la banca- y a los capitalistas norteamericanos principalmente, tanto las inversiones, la administración de cuentas como la entrega de prestaciones que la Constitución determina claramente que son responsabilidades del IESS. Dejaría al IESS sin funciones y suprimiría varias obligaciones y disposiciones que la Ley de Seguridad Social estableció para impedir el peculado o la estafa por parte de las EDAPs, ahora denominadas IARPs. Pretende considerar el 40% que el Estado aporta para las pensiones jubilares por mandato de la Constitución y la Ley, como parte de pago del déficit actuarial del IESS, con lo que dejaría de pagar casi 300 millones de dólares anuales. Esta pretensión es una vieja exigencia del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BM-BID). El proyecto pretende sujetar el incremento anual de las pensiones al límite del gasto público que disponga el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, en aplicación de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. El Consejo Directivo pierde su facultad constitucional y legal de disponer técnica y socialmente el monto anual de dicho incremento, aunque ya renegó de esa facultad en el último incremento del 2005. Pretende así mismo incrementar unilateralmente el porcentaje de aportes de los afiliados, con lo que se reduce el aporte patronal. Lesiona la autonomía del IESS, al pretender convertirlo en un apéndice de la Superintendencia de Bancos. Pretende eliminar el principio de solidaridad con la aportación por tramos, mediante el Sistema Mixto que fue declarado inconstitucional por el TC. Según este sistema, los que ganan grandes sueldos serán privilegiados, porque lo acumulado por el rendimiento de la inversión del fondo de pensiones del IESS, dejará de ser de reparto colectivo, proporcional y reglamentario, para convertirse en una distribución según la cuenta individual de cada afiliado: los que tengan los más altos sueldos, acumularán más por sus aportes y recibirán los mayores montos de cesantía y pensión jubilar; y los que tengan menor salario acumularán muy poco en su cuenta individual y por lo tanto recibirán irrisorios montos de cesantía y pensión jubilar. Pretende controlar y condicionar los egresos del IESS, según las disposiciones del FMI, para destinar esos recursos a la compra de bonos del Estado y el pago de la deuda externa. Pretende reformar leyes que abordan varias áreas y tópicos, lo cual contraviene el art. 48 de la Constitución, que dice: “Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia...”. Pretende evadir toda responsabilidad del Estado y del IESS para con el afiliado y el jubilado, ya que de imponerse esta ley, el asegurado tendría que entenderse con una IARP, mientras es activo y con una Compañía de Seguros privada desde que se jubila. Por todos estos aspectos es un proyecto de ley inconstitucional, ilegal, antipopular y antipatria, razón por la que los asegurados, junto a los demás sectores populares, debemos levantar una lucha tanto o más beligerante que la realizada contra la fracasada pretensión del Alcalde Nebot de Municipalizar el IESS. A la cabeza de esta lucha deberían estar los miembros del Consejo directivo del IESS, o por lo menos el representante de los asegurados. Pero esta pelea también será de los millones de asegurados y del resto de los pueblos, que aspiran a una seguridad social universal, autónoma y solidaria.

La topo ataca a los derechos laborales

Por: Adriana Puruncajas

La Ley Topo, para recortar el beneficio que hoy tienen los trabajadores sobre el 15% de utilidades que las empresas registran cada año, pretende, mediante una reforma al artículo 97 del Código del Trabajo, rebajarlas al 5%, valor que será cancelado siempre y cuando exista un mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado. Esto quiere decir que lo que antes era el derecho de los trabajadores sobre las utilidades, hoy se convertiría solamente en un bono, correspondiente a dos remuneraciones básicas mínimas de 300 dólares, y esto en el mejor de los casos, porque serían pagadas solo si el empleador quiere. El 15% de utilidades que las empresas deben dar a los trabajadores, y que los empresarios dicen que les resta competitividad a las empresas, actualmente representa apenas 200 millones de dólares anuales, de los cuales el 70% se produce en Pichincha y el 30% en el resto del país. De las 80 mil empresas registradas en el país, solo 3.800 dan utilidades a sus trabajadores y, por ende, pagan Impuesto a la Renta, las otras utilizan la técnica de la doble contabilidad, declaran cero utilidades y por lo tanto no existen ganancias para los trabajadores. De aprobarse estas reformas se estaría legitimando lo que las empresas han venido haciendo ilegalmente. Gutiérrez, uno más de los enemigos de los trabajadores Los países en desarrollo se encuentran atravesando una profunda crisis económica, social y política, producto del fracaso de las reformas estructurales impulsadas en los últimos años por los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en común acuerdo con los gobiernos que han representado el interés de las transnacionales y de los grupos socios de ellas en sus respectivos países. Dentro de estas reformas conocidas como el modelo neoliberal se incluyen: liberación comercial, eliminación de los derechos laborales, reducción del tamaño del Estado -despido de empleados públicos, la disminución de empresas estatales y privatización de las mismas-, entre otras medidas. En el Ecuador, el cumplimiento al pie de la letra de las políticas neoliberales por parte de los gobiernos que hasta hoy se han turnado en el poder, en asocio con las Cámaras de la industria y del comercio, han ido debilitando los derechos laborales, a través de una serie de reformas que se han expedido bajo el pretexto de mejorar la productividad y la competitividad. Se iniciaron con el proceso de privatización de las empresas estatales, en el gobierno de León Febres Cordero; y más tarde con la aprobación de la Ley 133, que inicia el proceso de “Flexibilización Laboral” en el año 90, durante el gobierno de Rodrigo Borja. Con esta ley se establece la contratación por horas y se restringe el derecho de sindicalización. En este período también surgió la expedición de la Ley de la Maquila, con la que las transnacionales sobreexplotan la mano de obra nacional, sin dejar ningún beneficio al país. Luego siguió la expedición de la Ley de Zonas Francas, que liberan de todo tipo de impuestos a las empresas en determinadas zonas de influencia, y en donde son ellas las que determinan las condiciones laborales. Luego, en el gobierno de Jamil Mahuad y su continuación con Gustavo Noboa, vinieron las leyes Trole I y II, que han servido para debilitar aún más el movimiento obrero, disminuyendo los derechos laborales y precarizando la economía de los trabajadores. El actual gobierno también actúa en este avance de las reformas neoliberales: autorizó la denominada “tercerización”, que consiste en la contratación de trabajadores a través de intermediarios, evitando la relación directa con la empresa, lo cual les libera a los empresarios de compromisos con los trabajadores, y de medidas de hecho que ellos puedan tomar en reclamo de sus derechos. Las empresas tercerizadoras contratan hasta el 75% de trabajadores de una compañía. Se calcula que en el Ecuador actualmente la mayoría de trabajadores están contratados por este injusto mecanismo. Otra muestra de que el actual gobierno de Lucio Gutiérrez continúa impulsando la flexibilización de las Leyes Laborales es el último reglamento expedido por el Ejecutivo, mediante decreto N 2638, que reglamenta la modalidad de contratación por horas, lo cual significa una remuneración de 0,97 centavos de dólar por hora, vigente en el país desde el 13 de marzo del 2000. La idea, según los empresarios y el gobierno, es producir más en cada hora de trabajo, y que los trabajadores mejoren sus ingresos empleándose en varias empresas y, a su vez, las empresas mejoren sus utilidades; además de que el Estado reciba más ingresos vía impuestos y aportes al IESS. Pero lo que no se dice es que en el fondo esto convierte a los trabajadores en esclavos de varias empresas, ya que deberían buscar redondear sus ingresos, sin derechos laborales de ningún tipo, sin posibilidades de reclamo. Cada vez más las políticas de flexibilización laboral apuntan al debilitamiento de las organizaciones sindicales y no a mejorar la productividad y competitividad, pues lo único que han ocasionado es desempleo, abaratar la mano de obra, abriendo la posibilidad de que el empleador la deseche cuando la crea innecesaria. Las reformas laborales desde hace más de una década no han resuelto nada, más bien han profundizado los índices de desempleo y subempleo. Por ello, se deben crear estrategias de desarrollo y crecimiento que superen el divorcio de lo económico con lo social. La modernización debe basarse en un proceso que impulse el crecimiento de la empresa privada y pública, ampliando y promoviendo la eficiencia de los servicios, potencializando la fuerza laboral y sus recursos naturales con verdadero sentido y responsabilidad social.

“Las diferentes reformas laborales en la última década han significado el debilitamiento del movimiento sindical. Entre 1970 y 1979, el número de sindicatos se elevó a 1 750, cifra que se mantuvo estable en la década de los 80, aunque en la década pasada cayó a 480, en coincidencia con la vigencia sucesiva de reformas laborales”.

La Constitución Política del Ecuador es clara en señalar, en su Art. 35: “El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia”.