Las muy recientes declaraciones del ex titular del Interior, Fernando Rospigliosi, sobre que habría sabido que no se produjeron torturas contra la agente de inteligencia Leonor la Rosa, abonan más la certidumbre que todo ese tinglado se armó para favorecer ciertas posturas, a determinados personajes y esta gracia irresponsable le costó al Estado la suma de US$ 120 mil dólares. Rospigliosi, generoso con dinero que no es suyo, pontificó acerca de la intangibilidad del mandato emitido por la CIDH como indemnización para la susodicha.

Si una reparación se hace y se demuestra luego que todo no fue más que una mentira monumental, como el caso la Rosa, ¿el pueblo tiene que pagar una comedia montada por farsantes cómplices y tributarios de una supuesta gloria en favor de los derechos humanos? Eso es lo que ha querido decir Rospigliosi cuando defendió el fallo de la CIDH. Lo que no dijo, en su oportunidad, es que él tenía indicios, como lo ha confesado, de que todo el intríngulis emanaba olores malos por mentirosos.

No ha mucho que sostuve que el caso de Leonor la Rosa fue uno de los usados por Niño Diego García Sayán para el apisonamiento de su candidatura entonces a la CIDH. Este caradura logró, desde el ministerio de Justicia del paniaguato, que Torre Tagle fletara misiones de embajadores por toda Latinoamérica para promover su postulación. Dije que eso era legítimo en un Narciso de juguete, pero que tenía que pagarlo con su dinero y no con dinero del pueblo.

Se empieza a especular que serían dos los ex ministros llamados a dar testimonio sobre el tema la Rosa: el inefable McM (Mono con Metralleta) Fernando Olivera y su tocayo, Rospigliosi. De Olivera hay poco loable que decir. De Rospigliosi algunas cosas, entre otras, que montó su fama de escritor e investigador, cuando era un rabioso comunista convicto y confeso. Con los años se olvidó de sus credos y en movimiento pendular tornó en derechista y conservador. Además, hay sangre en su biografía: su terquedad en el 2002, costó la vida a dos arequipeños en los sucesos anti-privatistas que acontecieron en la Ciudad Blanca. Después se coludió con José Ugaz a quien favoreció cuando Proética ni siquiera existía legalmente en el tema de los uniformes policiales.

En Perú hay muchos farsantes, figuras y figurones, que se han labrado, merced a conexiones vitales, una fama de “demócratas, escritores, analistas, ensayistas, estrategas” y demás monsergas. Sin el respaldo grupal de círculos unidos por contratos tácitos y en beneficio de empresas privatistas o bufetes de abogángsters, ninguno de estos destacaría gran cosa porque su universo se asienta en palafitos de muy débil consistencia y cualquier correntada los haría añicos y miseria. A este grupo, con luz propia, pertenece Rospigliosi. Hoy estaría trabajando para sus abominados enemigos de Estados Unidos y alguna de sus misiones contra el sembrío de hoja de coca.

¿Cómo se castiga a los farsantes y mentirosos? Las leyes se encargan de dificultar la probanza simple de los delitos. De eso se valen los rufianes que manejan oficios, recursos, impugnaciones, con el único propósito de limpiar al delincuente o dilatar su condena. La judicialización de la vida peruana es un tema aún por estudiarse.

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

Herbert Mujica Rojas