Colombia: en la mira de la Corte Penal Internacional

En el marco de la Política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez se ha mantenido un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, los sectores indígenas, sociales y de derechos humanos. Se hace evidente la militarización de las regiones donde estratégicamente se desarrollan megaproyectos y la expansión de las multinacionales, favoreciendo intereses privados nacionales y de inversores extranjeros. El Plan Colombia y el Plan Patriota vienen acrecentando la fuerte presencia militar de los Estados Unidos en nuestro territorio con el fin de resguardar sus intereses. Frente a este punto, vale la pena recordar que dicho país tiene un Acuerdo de Inmunidad firmado con Colombia para no permitir que sus ciudadanos responsables de crímenes de competencia de la CPI sean llevados ante dicha instancia internacional.

En Colombia la administración de justicia es casi inexistente frente a los crímenes de lesa humanidad. Por el contrario, la justicia colombiana ha cumplido y cumple un papel muy importante a la hora de esconder la responsabilidad directa e indirecta del Estado en la gran mayoría de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; al igual que los móviles y verdaderos intereses que se entretejen a su alrededor. Ello se debe a que no investiga, ni juzga, ni sanciona a los responsables de su comisión y por el contrario les absuelve o les beneficia, como se viene haciendo con los desmovilizados y como se pretende hacer con las prerrogativas que contienen los Proyectos de Ley que se adelantan actualmente en el Congreso de la República, proyectos dirigidos a los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluyendo reconocidos narcotraficantes, en el marco de las negociaciones que se adelantan con dicho grupo en Santa Fé de Ralito.

Este proceso de diálogo compromete la responsabilidad política y penal del gobierno y de sus funcionarios de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con el Derecho Penal Internacional. Primero, porque no se reconoce al Estado como creador del paramilitarismo en el país y precursor de la connivencia entre las autoridades civiles y militares y los miembros de dichos grupos. Segundo, porque no existe un antagonismo político y económico entre el gobierno nacional y los grupos paramilitares, como se supone en la frase que dice "la paz se hace entre enemigos y no entre amigos". Tercero, porque con su política de sometimiento de la población civil al conflicto a través de los programas de soldados campesinos, la red de informantes y cooperantes y la multiplicidad de empresas de seguridad privadas, se está realizando una reconversión de las estructuras paramilitares que puedan sustituir las existentes entrando a un nuevo modelo de Estado Paramilitar. Cuarto, porque los paramilitares no cumplieron el cese al fuego que propusieron desde el 2003 y ni el Estado ni el Designado Jefe de la Misión por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), hicieron nada para lograr que se cumpliera, de modo que solamente durante el 2003 se cometieron 1243 ejecuciones extrajudiciales, 139 desapariciones forzadas, 115 torturas, masacres y otras acciones en contra de los colombianos. Quinto, porque el papel de las víctimas ha sido completamente borrado de estos espacios al negárseles categóricamente sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La sociedad civil en su conjunto, los organismos internacionales de la ONU, de la OEA, y las ONG internacionales, han demandado al gobierno el desmonte de los grupos paramilitares debido a que con este proceso no se está garantizando dicho desmonte, sino un proceso de impunidad sin verdad (sin confesiones plenas), sin justicia, sin devolución de los secuestrados y desaparecidos, sin devolución de los bienes fruto de sus crímenes y de sus actividades de narcotráfico. Esta es la diferencia entre las propuestas del gobierno y las propuestas de otros parlamentarios como Rafael Pardo y Wilson Borja, quienes proponen pérdidas de beneficios por no confesiones plenas o no devolución de bienes, propuestas que si bien coinciden en un fuerte componente de impunidad se diferencian en que sí buscan al final desmontar estos grupos.

De ahí que para el país las páginas enviadas por el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, son sólo una advertencia de que los ojos del mundo están puestos sobre esta negociación, que es apenas el inicio de un proceso que puede llevar a abrir el caso Colombia en el seno de la CPI por los innumerables crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo en el país con absoluta impunidad. De igual manera es un llamado para que las víctimas y todos los que luchamos contra la impunidad denunciemos los crímenes, los responsables (sean personas particulares o servidores públicos), los móviles y las políticas que los amparan y pretenden dejarlos en la impunidad. Este es un espacio que hoy tenemos que aprovechar para alzar nuestras voces, para decir lo que realmente está sucediendo.