En México y en el extranjero mucha gente creyó que la llegada al poder en el año 2000 del derechista partido Acción Nacional y de su candidato presidencial Vicente Fox significaría el arribo de la democracia plena en el país dada la posibilidad de la alternancia en el poder.

Sin embargo, en la historia política de la nación había elementos para suponer que la derecha no buscaba en realidad la democracia sino el derrocamiento de un régimen con raíces liberales y orígenes progresistas y su sustitución por una virtual dictadura derechista apuntalada en la manipulación mediática y en la aplicación convenenciera de la ley.

Luego del triunfo de Fox en las elecciones de julio de ese año, tanto instancias de la jerarquía católica como el propio Fox presentaron ese hecho como un gran “cambio” que ya no sería reversible, esto es, que no sería posible ya la llegada al poder de un partido con otra ideología.

Sin embargo, pronto la derecha en el poder tuvo que enfrentar el abrumador rechazo popular de sus proyectos, entre ellos el endurecimiento de la legislación sobre el aborto, la implantación de la educación religiosa, así como el aumento de impuestos en productos de primera necesidad y el recorte de las prestaciones laborales.

Ahora, ante la popularidad de una alternativa electoral de izquierda, representada por Andrés Manuel López Obrador, gobernante de la ciudad de México, las fuerzas derechistas han demostrado que están dispuestas a todo con tal de impedir que, como debe suceder en un sistema democrático, el popular político compita y seguramente triunfe en las elecciones de 2006 donde a los beneficios reales que al pueblo ofrecen sus políticas estigmatizadas por la derecha como populistas se sume el inminente voto de castigo a un gobierno que ha demostrado hasta el cansancio su ineptitud, su corrupción y su voracidad, además de su carácter reaccionario.

Como parte de las campañas de linchamiento contra Obrador, donde participa tanto el gobierno foxista como sectores de la clase política y de los medios identificados con el expresidente Salinas, se le ha quitado el fuero que corresponde a su cargo y se le quiere encarcelar en una evidente maniobra política justificada con pretextos jurídicos.

Fox y su camarilla apelan a un supuesto respeto a la legalidad que ese grupo nunca ha demostrado, comenzando por la llamada pareja presidencial Fox-Sahagún, pero las reacciones críticas a esa maniobra, tanto en el ámbito nacional como internacional, han sobrepasado las previsiones de los comunicadores y políticos que promueven los proyectos derechistas.

El jueves 14 de abril, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, una inteligente y valiente alumna de apenas 17 años, Karla Solares Romero, le reclamó públicamente a Fox el espíritu antidemocrático del procedimiento contra Obrador, episodio que tuvo eco en los medios de comunicación y que ocurrió en el marco de un encuentro de Fox con estudiantes destacados de esa universidad privada.

De acuerdo con la información periodística, en un primer momento, y como reflejo evidente del clima de persecución que está desatando Fox contra la izquierda, algunos funcionarios de esa Universidad y personal del evento incomunicaron y amagaron a Karla, demostrando en qué medida aprecian la libertad de expresión y cómo han asimilado la idea de que, así como ha hecho el gobierno foxista con Obrador, ellos tienen el derecho de proceder de manera similar contra los “izquierdistas”. Ha trascendido, finalmente, que autoridades superiores de esa institución han tenido que disculparse y atribuir esa intolerancia a errores de personal mal capacitado.

Sin embargo, tan solo dos días después, del episodio que sin duda implicó un nuevo costo político para el gobierno, los medios de comunicación han informado de la represión por parte de personal del ejército, de legisladores del mismo partido de Obrador que pretendían llevar a cabo actos de protesta contra el desafuero en la finca de Fox en el estado de Guanajuato.

La historia de esa finca, ubicada en Rancho San Cristóbal, municipio de San Francisco del Rincón, es en sí misma evidencia de los intereses que representa Fox y de su forma tramposa y autoritaria de gobernar.

Es una historia de violencia y despojo contra campesinos, de abusos laborales, incluso de explotación de menores de edad, y de descarado favoritismo hacia los allegados al poder.

En febrero de 2002, campesinos de San Cristóbal protestaron a sólo cien metros de la casa de Fox, exigiéndole a su familia la devolución de 300 hectáreas que las autoridades agrarias otorgaron a los ejidatarios en 1939.

Ya en enero de 1970, los campesinos habían sido violentamente reprimidos cuando trataron de tomar posesión de las tierras que legalmente les pertenecen pero que han estado en poder de los Fox.

En abril 2003, se registraron nuevas protestas en dicha finca, donde -como hicieron notar los inconformes- se “ha cancelado el reparto de la tierra, se ha acaparado el agua para los sembradíos de hortalizas de la Congeladora Don José (negocio familiar de los Fox), y se dan empleos con sueldos de hambre a menores de edad, a mujeres embarazadas y a campesinos que no tienen otra opción".

En septiembre de 2000, se denunció en la prensa nacional e internacional que en el rancho de Fox se empleaba a niños hasta de 11 años, sin otorgarles prestaciones sociales, ropa de trabajo ni guantes de plástico.

Los hermanos del entonces flamante presidente reconocieron en ese tiempo que habían estado recurriendo en forma ilegal a esa mano de obra y según señaló La Prensa de Nicaragua, entre otros medios, a raíz de esas denuncias, varios trabajadores infantiles fueron despedidos, entre ellos Adriana y Brenda, de 12 y 15 años de edad, respectivamente.

Fox, quien no tomaba todavía posesión de su cargo, luego de haber ganado las elecciones presidenciales de julio de 2000, había apelado en su mercadotecnia electoral a su pretendido amor por los niños, los “chiquillos” y “chiquillas”, como les llamaba, pero ante el escándalo desatado por esas denuncias simplemente trató de tomar distancia de sus familiares, sin hacer ningún compromiso de proteger a los menores. Dijo simplemente: “Esto no es un asunto mío. Esto es un asunto de otros que se apellidan Fox”.

En septiembre de 2001, el semanario Proceso denunció que uno de esos explotadores de menores, José Luis Fox, hermano del presidente, fue beneficiado con subsidios de Procampo, institución creada en 1994 con el objetivo de ayudar a los productores rurales de escasos recursos, que no es el caso de los Fox.

Esto, a pesar de que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos prohíbe a los funcionarios otorgar beneficios especiales a su cónyuge o parientes consanguíneos como resultado de la autoridad que ejercen.

Como suele suceder con muchos empresarios, la voracidad de los Fox parece no tener límites de tal suerte que a pesar del costo político, siguen obteniendo prebendas de la gestión presidencial y enriqueciéndose a costa del trabajo mal remunerado de los menores, situación que el periódico mexicano La Jornada volvió a denunciar la violación de las leyes laborales y de los derechos de los menores en la empresa agrícola de los Fox.

Esta última denuncia periodística tuvo lugar precisamente en el clima de linchamiento político promovido por la derecha y concretamente por Fox contra Andrés Manuel López Obrador, gobernante de la capital y político de centro izquierda.

La propiedad rural de los Fox ha sido no sólo una casa de descanso del presidente y hogar de su familia, sino escenario de acontecimientos vergonzosos para la historia de México como la reunión que sostuvieron Fox y George Bush en febrero de 2001, ocasión en que este último anunció un bombardeo contra Irak, y se hizo patente la afinidad personal y política del genocida estadounidense con el derechista mexicano.

Como suelen hacer los administradores y funcionarios deshonestos, Fox, quien pretende dar al mundo lecciones de legalidad, ha usado ese doble carácter, oficial y privado, de su finca rural para aplicar recursos públicos a favor de ella, que seguirá en sus manos luego de que él deje de ser presidente.

En noviembre de 2002, el titular de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, reconoció que con recursos del erario público se hizo la remodelación del rancho San Cristóbal, propiedad del presidente Vicente Fox, con motivo de la visita de su homólogo George W. Bush.

Ya antes de las elecciones del 2000, cuando era gobernador del estado de Guanajuato, donde su ubica su rancho, Fox ya había recurrido a ese manejo convenenciero de los recursos, pues en 1995, apenas llegado a ese cargo, se había construido un camino directamente a su propiedad. Según reseñaba La Jornada en julio de 1999 “se construyó un camino que va de la carretera troncal más cercana hasta la puerta misma de su casa. En la otra calle, que lleva a las casas de sus "misérrimos" vecinos, persisten las zanjas, el lodo y los charcos que recuerda desde siempre la memoria más antigua”.

Dado que la finca de Fox es, cuando a él le conviene, sede de recepciones y asuntos oficiales, es natural que en varias ocasiones haya sido también escenario de protestas de tipo político, como fue, entre otras, la de este sábado 16 de abril, reprimida por las fuerzas militares que protegen a Fox, y que el gobierno quiere justificar con el argumento mentiroso de que ese lugar es sólo una residencia particular y no una oficina gubernamental y quiere, por si fuera poco, arrojar sobre la izquierda, a la que se empeña en perseguir, la responsabilidad de la represión, alegando que la presencia de los legisladores del PRD ponía en peligro la seguridad de la familia presidencial.

Edgar González Ruiz