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Pero la lucha por un espacio digno aún no termina: existen en Bogotá 400 mil familias sin vivienda, habitando inquilinatos, desplazándose una y otra vez de barrio en barrio en busca de una casa arrendada más barata. Pero también hay millares de familias que nunca han podido terminar totalmente su habitación o que requieren ampliarla para que todos sus miembros la ocupen en mejores condiciones.

La entidad distrital responsable de canalizar y resolver estas demandas es la Caja de Vivienda Popular (CVP). Para ello cuenta con el Programa Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB-; el Programa de Mejoramiento de Vivienda -PMV-, y el Programa de Reasentamiento de Familias y Programa de Titulación.

Programa de mejoramiento integral de barrios

Este Programa pretende la realización de sus objetivos (mejoramiento y consolidación del territorio), articulando la población residente en los asentamientos y esperando en esta forma el fortalecimiento de la interacción institucional.

La sostenibilidad de los objetivos específicos se suscriben a la generación de capital social, es decir a los esfuerzos de las comunidades para su financiamiento, sin que aparezcan inversiones financieras de la administración distrital.

Para el caso de las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme, existe el Proyecto Sur con Bogotá, acuerdo de cooperación firmado entre el gobierno Alemán (a través del banco KFW), Planeación Distrital y la empresa de Acueducto de Bogotá, Programa adscrito a la Caja de Vivienda Popular. Para cofinanciar el mejoramiento de barrios de estas localidades se dispone a 2007 de $77.600 millones de pesos. Pese a contar con el aporte de otras entidades en recursos humanos y financiación, los responsables de este Proyecto no ha propiciado una interlocución con las comunidades en términos de inversión, propio de una democracia, que permita el control real de las comunidades sobre el manejo de estos recursos.

Programa de mejoramiento de vivienda

El alcalde Lucho Garzón en su campaña hizo énfasis en el creciente déficit de vivienda que calculó en su momento para 400 mil familias. Con base en esta estadística de campaña prometió subsidio distrital para 70.000 viviendas tipo 1 durante los cuatro años de su administración. Han transcurrido año y medio y a la fecha no se ha visto voluntad política alguna del Concejo, a pesar de la presencia importante de la bancada del Polo Democrático Independiente, que no ha logrado la aprobación de un acuerdo en este sentido, ni el Alcalde lo ha formulado por decreto.

Mientras las necesidades de la población se acrecientan, gracias al continuo desplazamiento forzado y a la movilidad social -muchas familias de estratos superiores también se están desplazando hacia estratos inferiores-, la administración distrital no rompe las amarras heredadas, no se decide a implementar políticas que de verdad confronten a los especuladores urbanos y a los constructores privados.

El programa de mejoramiento de vivienda CVP, se planteó como objetivo el desarrollo de acciones, para una mayor eficiencia en la producción social de vivienda de los sectores 1 y 2 de origen “ilegal”, olvidando de esta forma la existencia de los estratos 0 y -1, evidentes en los barrios más pobres de Bogotá.

Y es que la normatividad se ha convertido en un pretexto recurrente, para desestimular la búsqueda de soluciones de las comunidades, justificando su inactividad ante la ausencia de políticas fundamentadas en principios claros capaces de desatar soluciones definitivas a las necesidades de las comunidades, ratificando así que tales soluciones solo se lograran con el empoderamiento de la comunidad.

En síntesis, la Caja de Vivienda Popular es una entidad incapaz de acometer programas de mejoramiento de vivienda dado que sus objetivos no superan el asistencialismo, razón de ser como institución, pues no toca el fondo del problema que tiene que vercon las causas sociales generadoras de violencia y miseria en los barrios populares. Entonces, sin pretender ahogar la esperanza de nadie, las comunidades no deben fincar esperanzas en instituciones como estas. Por el contrario, deben demandan y construir nuevas instituciones que cuenten con su dirección, organización y sentir.

Titulación

El programa de titulación de la actual administración, al igual que todos los programas de la CVP, no han contado con un compromiso claro y definitivo de esta entidad. A la fecha, transcurridos más de 16 meses de la nueva administración de la ciudad no se ha iniciado ni siquiera un proceso de pertenencia de inmueble alguno.

Los 2.500 procesos de titulación o pertenencia desarrollados, manteniéndose vigentes muchos de ellos, se iniciaron en la administración de Antanas Mokus, siendo para la CVP irrelevante la existencia de los 135.000 predios sin título (escritura pública) que existen en la ciudad de Bogotá.

No es desconocido que el asentamiento de la población en 1.600 barrios de Bogotá, se hizo mediante la toma u ocupación de los lotes de engorde, propiedad de los especuladores de la tierra. Tampocoes desconocido que los “afectados“ recurren a todo tipo de maniobras jurídicas y favoritismo, para recuperar parte de su supuesto detrimento patrimonial, mientras colocan demandas administrativas para el logro de cuantiosas indemnizaciones pertinentes. A lo anterior ha servido de caja de resonancia la CVP, cuando respalda las negociaciones directas con los especuladores de las tierras, desconociendo los mismos pronunciamientos del Consejo de Estado que señala que los especuladores deben hacer reconocer sus derechos en las demandas de pertenencia que desarrollen las comunidades.

En la actualidad la CVP se niega a acometer procesos de pertenencia o titulación, quedando las comunidades expuestas a las decisiones buenas o malas de los profesionales del derecho.

Ante esta realidad, sugerimos a las comunidades, organizarse alrededor de las Juntas de Acción Comunal, presionar para que estas cumplan con su misión social, buscar organizaciones de vivienda popular que realicen la interventoría, y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos por la comunidad, disponiendo -en coordinación con sus organizaciones sociales- los respectivos desembolsos de honorarios de abogados y demás gastos procesales, los que deberán contaran con sus respectivas pólizas de garantía.