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Manuel López Obrador

Aunque se llame República, este país es en realidad una monarquía oligárquica. Y un puñado (pocos centenares) de individuos acaba de demostrar que ha decidido cerrar el camino de las urnas a quien no sea de su agrado, anulando los derechos políticos de más de 100 millones de mexicanos. Se vuelve así a los tiempos de la relección porfiriana, del dedazo supremo.

Pero si se cierra la vía al cambio pacífico y electoral, así como a la alternancia entre distintos candidatos (aunque éstos, como López Obrador, no pongan en peligro el sistema, pero sí los intereses del régimen), se impulsa una ruptura abierta entre la sociedad civil y la sociedad política o aparato estatal (la corrupta justicia, el Ejecutivo, el Legislativo arrastrado).

Eso sucedió impunemente ya en 1988, cuando robaron la victoria en las urnas a la mayoría popular que votó por Cuauhtémoc Cárdenas, y el Congreso ratificó con infamia ese despojo, y ahora se presenta la segunda edición de una lucha interburguesa (como fue también la que desencadenó la Revolución Mexicana) que hace intervenir a los convidados de piedra de siempre: los campesinos indígenas o mestizos, los obreros, los trabajadores, los estudiantes y algunos intelectuales, las clases medias urbanas y rurales más pobres.

Como resultado de este acto ilegal y dictatorial, largamente preparado y anunciado, que sienta precedente mundial de un fraude electoral con un año de anticipación, perpetrado contra alguien que ni siquiera es candidato y que podría ganar, pero también perder en las urnas, México entra en la hora sudamericana, del masivo "voto en las calles", de las pobladas, del repudio generalizado a las instituciones (incluyendo los partidos).

El 7 de abril se constituyó de hecho un frente democrático contra la ilegalidad, la prepotencia, la corrupción y el fraude que une a los que integraban ya el diálogo nacional (electricistas, telefonistas, trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social y otros grupos obreros combativos, centrales y organizaciones campesinas, sectores estudiantiles, intelectuales y de la Iglesia) con una gran masa popular hasta ahora dispersa y desmoralizada, pero en proceso de politización acelerado.

Eso es nuevo y es una gran conquista. En la historia mexicana, el henriquismo fue ferozmente aplastado con la matanza de la Alameda, y la movilización legal para imponer el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas fue reprimida con el asesinato de más de 600 militantes y cuadros del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¿Podrá hoy el gobierno foxista imitar a sus antecesores, los verdugos del Partido Revolucionario Institucional al servicio del gran capital? Lo dudo mucho. Ha corrido mucha agua bajo el puente y ahí están los ejemplos argentino y boliviano...

Además, el general Henríquez se "borró" y volvió al redil gubernamental, y el hijo del Tata Cárdenas también se "borró" y se mantuvo en los márgenes del sistema, aunque opuesto al régimen, mientras López Obrador prefiere ir a la cárcel, aunque llama a sus defensores a no oponer la violencia a la violencia del régimen monárquico pripanista que nos desgobierna. Eso plantea varias incógnitas:

  1. Esa lucha legal, pero de masas, iría in crescendo. En abril se sucederían grandes movilizaciones y paros campesinos-obreros, como los planteados por el diálogo nacional, y aparecería un movimiento estudiantil que la dirección sectaria (por decir lo menos) de la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México había desbaratado.

El primero de mayo en el Zócalo se reafirmaría esa alianza obrero-campesina-popular con mucha más gente y más organización que la enorme y magnífica manifestación del 7 de abril, aún identificada en parte con los derechos de López Obrador, pero que movilizó casi 400 mil personas. El zapatismo comenzaría a hacer política (como lo anunciaba en parte su oposición al desafuero de López Obrador, manteniendo su crítica a éste) y participaría como izquierda en esa alianza, agregándole un programa social (Acuerdos de San Andrés, derechos indígenas, soluciones a los problemas de los campesinos, contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Area de Libre Comercio de las América, etcétera) que está ya en buena parte en las posiciones del diálogo nacional y antes de El campo no aguanta más, hasta ahora ninguneados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

  1. Ante esta situación, el gobierno se asustaría y buscaría agravar el encarcelamiento de López Obrador, anulando sus derechos políticos. En el PRD, la dirección podría oponer al régimen la candidatura de Cuauhtémoc, pero ahora como vicario de López Obrador, como su representante en la Tierra electoral. El tabasqueño, mártir político, se contentaría con ir de candidato (perredista o independiente) para el 2012; total, es joven y puede contar con seguridad con el aumento de su prestigio y del desprestigio del PRIAN. O la dirección del PRD se asustaría tanto como el gobierno y llamaría a desmovilizar, negociando las migajas que le pueda tirar el régimen a cambio de su gesto.

Las luchas y movilizaciones seguirían, pero en forma independiente y sin su aval. Un sector de los empresarios, también asustado, rompería con los representantes de las exportadoras, las trasnacionales y con los nuevos capitalistas latifundistas. Esa fractura provocada por las movilizaciones de masas estaría acompañada también por grandes cambios en los sindicatos (los charros estarían en peligro ante una democratización) y en las organizaciones campesinas, así como en los partidos, sobre todo en el ámbito local.

Desafuero: la conquista y las hipótesis (parte II)

En el artículo anterior destacaba el carácter de golpe de Estado preventivo que tuvo el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y subrayaba también que era un atentado mortal contra los derechos políticos de todos los mexicanos, para cerrarles el camino de las urnas a quienes busquen opciones políticas que se separen de las que quiere imponer la reducida oligarquía de agentes de las trasnacionales, grandes empresarios agrícolas e industriales y banqueros, que ocupa el poder económico y estatal.

Esta gente quiere retrotraer a México a una etapa anterior a la Revolución mexicana y, con su ley Abascal, acabar con las conquistas legales laborales que imperan desde 1917.

También sostenía que, además del vasto movimiento legal, electoralista y democrático contra el desafuero, antes de éste y junto a éste existe un movimiento social que hasta ahora ha tenido sus expresiones en el levantamiento de enero de 1994 en Chiapas, en el desarrollo de la autonomía en varias regiones indígenas en todo el país, en la movilización campesina canalizada entonces (y descarrilada) por El campo no aguanta más, con el apoyo de sindicatos obreros, en la creación del diálogo nacional, con eje en los sindicatos no oficialistas y más o menos democráticos, pero apoyado por organizaciones campesinas, sectores estudiantiles, intelectuales y de la Iglesia.

Independientemente de que ningún movimiento nace puro, totalmente desprendido de los límites que le impone el pasado y, por lo tanto, en todos esos movimientos pesa mucho una visión aparatista y, en las autonomías, una visión localista que les impide extenderse, estamos en los hechos ante la búsqueda de un nuevo proyecto de país, basado en las movilizaciones y en la lucha más que en el electoralismo y el institucionalismo (que siguen, sin embargo, presentes), ante la creación de relaciones de poder desde la base frente al aparato político estatal (incluyendo los partidos, aunque en condiciones electorales se pueda recurrir a sus siglas para conquistar posiciones), y ante la búsqueda de imponer un programa también de hecho directamente, conquistando el espacio público.

A la movilización detrás de López Obrador se sobrepone (mezclada con ella) la que se hace por reivindicaciones gremiales, sindicales, sociales y políticas. Y se constituye un frente nacional por encima de las diferencias entre los sectores y organizaciones, tratando de encontrar lo que une, tendiendo a superar los viejos sectarismos. En el artículo del domingo 10 de abril formulaba algunos escenarios posibles (que llamaba hipótesis); agrego ahora otros dos.

  1. El gobierno y la oligarquía, en su desprecio absoluto por la gente común, creen que la protesta y la resistencia durarán poco y después habrá resignación. Por eso intentan asestar nuevos golpes (proceso y eventual encarcelamiento de Andrés Manuel López Obrador, aprobación de la modificación de la Ley Federal del Trabajo, robo a los pensionados), para aprovechar la coyuntura y la desorganización (todavía) del frente de resistencia y atemorizar a la dirección del PRD, al propio López Obrador y a los que en el PRI y el PAN quieran separarse de esta política suicida.

Si la protesta y la movilización no crecen -como pienso, en cambio, que lo harán-, tendrán que recurrir al clásico arsenal de la represión (encarcelamientos, atentados selectivos, espionaje y provocación, nuevas violaciones de la legalidad), porque sin consenso y con los aparatos de mediación debilitados (PRI-PAN, pero también PRD, que sufre gran presión de sus bases), no pueden gobernar. Si López Obrador, desde la cárcel, hace su campaña electoral (que empezó en el propio Congreso, la mejor tribuna), podrían no excluir su amordazamiento y, en el peor de los casos, ni siquiera la "solución Colosio" o la "solución Madero y Pino Suárez" que esa gente lleva en la sangre.

Así arrojarían gasolina al fuego y precipitarían también una crisis económica cuyos componentes están presentes hace rato, y alentarían la fuga de capitales y fracturas en los medios empresariales y en el PRI-PAN (por eso el PRD tiene, entre otros motivos, a Camacho, Socorro Díaz, Monreal y Cota como señuelos para futuras fugas priístas).

  1. Lo esencial, ahora, es tomar el ejemplo del Frente Amplio uruguayo, en el cual militan diversas tendencias políticas y organizaciones sociales; tomar el ejemplo boliviano, en el que obreros y campesinos, estudiantes y vecinos, aymaras, quechuas y guaraníes subordinan sus diferencias y prejuicios a la búsqueda de un objetivo común nacional, antimperialista, agrarista.

El diálogo nacional, si se dejasen de lado los sectarismos "apoliticistas", podría ser el eje de un movimiento de movimientos -obreros, campesinos, indígenas, democráticos-, y el primero de mayo podría darle impulso. La lucha política, quedando siempre en el terreno pacífico, cobraría otro carácter que el meramente electoral y pasaría a las calles, con manifestaciones, sentadas, cacerolazos, asambleas barriales, constitución de comités, paros parciales.

México daría un nuevo paso para tratar de sudamericanizarse, de ponerse en la onda de la Hora de los Pueblos, si se constituyese un amplio frente nacional de defensa de la democracia, los derechos sociales e indígenas y los recursos energéticos, basado en los movimientos y que se oponga no sólo al desafuero de López Obrador, sino a todas las políticas neoliberales.

La Jornada