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Pobreza cautiva

| Caracas (Venezuela)
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”Lo hago por él”, dijo a IPS señalando con la cabeza a su único hijo de casi 3 años. ”Voy obligada, porque necesito esa plata. Preferiría un trabajo como cocinera, pero esto es lo que tengo. Si no voy al piquete se me cae el plan (subsidio) y voy a tener que salir a pedir” limosna, explicó Soledad, de 21 años.

No quiso dar su apellido. Vive en La Cava, una populosa ”villa miseria” (barrio precario) ubicada al norte de la ciudad de Buenos Aires. Durante 2003 participó de tareas comunitarias del Movimiento Barrios de Pie y fue con ese grupo de desempleados a todos los piquetes hasta que obtuvo el subsidio.

”Una vez, la policía se me vino encima cuando estaba amamantando a mi hijo”, contó.

El Movimiento Barrios de Pie es una de las organizaciones sociales que surgieron en la década de 1990 en respuesta al alto desempleo. Como todas las agrupaciones de su tipo, expresa sus reclamos con movilizaciones en las que se cortan calles, rutas y puentes. Muchos de sus integrantes reciben subsidios estatales.

Es, además, uno de los grupos de piqueteros cercanos al gobierno de Néstor Kirchner. Cuenta con una red de unos 60.000 adherentes en todo el país, la mayoría mujeres.

Esa asistencia es otorgada por el Ministerio de Trabajo a 2,2 millones de personas, pero en algunos casos se realiza a través de organizaciones de desempleados que deciden quiénes la cobran, qué tareas deben realizar a cambio, y cuánto deben entregar al movimiento que los incluyó en la lista de los beneficiarios.

Desde enero de 2004, Soledad percibe 150 pesos mensuales (52 dólares) que obtuvo a fuerza de un año de asistencia obligada a los piquetes. El monto es muy bajo y su marido está sin empleo. En Argentina se consideran indigentes las familias que reciben menos de 344 pesos al mes (118 dólares).

”A veces comemos y a veces no. Pero lo que más me preocupa es mi hijo, que estuvo con bajo peso”, relató. Soledad cocina una vez por semana para 150 niños en el comedor del Movimiento y trabaja en una de las áreas en que se dividen las actividades de la organización: comunicación, género, educación y salud, entre otras.

Su problema no es cocinar, una tarea que le agrada y que estaría dispuesta a desarrollar en un empleo formal. Tampoco rechaza el trabajo en las áreas. Su desvelo es la asistencia obligatoria a los piquetes con su niño y el pago al Movimiento de 10 de los 150 pesos que recibe cada mes.

”Da rabia, porque los 150 pesos ya no alcanzan para nada y si son 140, menos. Si no los entregas en la reunión de los jueves, te los vienen a pedir. Y no es para comprar mercadería, porque a veces nos falta carne o detergente en el comedor y dicen que ese dinero no se toca, es para los micros (autobuses) que nos llevan al piquete”, contó Soledad.

De acuerdo al compromiso asumido en 2000 por los países de la Organización de las Naciones Unidas, la proporción de población mundial que vive en la indigencia debería bajar a la mitad entre 1990 y 2015. Ese es el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Pero en Argentina, con el colapso económico, político y social de fines de 2001, la pobreza extrema se duplicó, y, a pesar de la asistencia del Estado a los más pobres, la carrera para llegar a esa meta es cuesta arriba.

Cincuenta y cuatro por ciento de los 37 millones de argentinos pasaron a ser pobres, 25 por ciento de ellos indigentes, sin ingresos suficientes para alimentarse. Hoy, según cifras oficiales, la pobreza afecta a 40 por ciento de la población y la indigencia a 15 por ciento.

Soledad querría un empleo para duplicar el ingreso que recibe, pero no sabe cómo salir de la red que la mantiene atada al barrio, al comedor del Movimiento, y a otro donde cocina y consigue el almuerzo diario para su hijo.

Mientras, intenta obtener un crédito de 100 pesos (34 dólares) para comprar ropa que podría vender en su barrio. Para eso asiste a reuniones sobre microcréditos, echando mano a todo lo que está a su alcance.

La práctica de las organizaciones de desempleados de retener una fracción de los magros subsidios es moneda corriente, y la única diferencia entre unas y otras es el porcentaje que cada grupo ”cobra”.

La Federación Tierra y Vivienda (FTV) pide 30 de los 150 pesos por mes por cada subsidio que gestiona, es decir 10 dólares. Su líder, Luis D’Elía, es diputado en la provincia de Buenos Aires y actualmente apoya la gestión del presidente Néstor Kirchner.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC), un movimiento izquierdista de desempleados, pide cinco pesos (1,7 dólares) a sus adherentes. En cambio otros grupos, integrados por militantes activos, no exigen dinero a cambio de participar.

”Yo tengo un plan de la FTV”, narró a IPS otra vecina de La Cava que tampoco quiso dar su nombre. Es viuda y con una hija a su cargo. ”Pago los 30 pesos porque si no me sacan”, aseguró. Su nuera percibe la asistencia a través de la CCC que, según ella, ”cobra poco (cinco pesos) porque no alquila ómnibus para ir al piquete”. Los manifestantes van en tren.

Este estado de cosas fue igualmente descrito a IPS por dirigentes barriales vinculados a la Iglesia Católica en La Cava, y es conocido en el no gubernamental Consejo Consultivo Nacional, encargado, con 1.800 consejos provinciales y municipales, de velar por el correcto funcionamiento de los programas de asistencia para la población desempleada.

Los consejos se conforman con representantes de organizaciones políticas, religiosas, empresariales y sociales, e inclusive con los movimientos de piqueteros que gestionan los planes y que desde ese ámbito frenan muchas iniciativas para hacer más transparente el manejo de los subsidios.

”Hay organizaciones que tienen población cautiva, manejan planes y hacen uso político de los pobres”, dijo a IPS la arquitecta Cristina Resano, de la organización benéfica católica Caritas, e integrante del Consejo Consultivo Nacional. ”Nosotros detectamos irregularidades y las denunciamos, pero después no hay un seguimiento de lo que ocurre”, lamentó.

En 2002 las autoridades establecieron el Plan Jefas y Jefes de Hogar desempleados, financiado por el Banco Mundial, mediante el cual se distribuyen 150 pesos mensuales a los beneficiarios a cambio de una contraprestación. De ningún modo este plan prevé que una parte del subsidio se desvíe compulsivamente a una organización social.

El plan apuntaba a universalizar su cobertura, pero las inscripciones se cerraron dos meses después de abiertas. En principio atendía a dos millones de personas y ahora a 1,6 millones. Pero no es el único mecanismo de ayuda monetaria del Ministerio de Trabajo.

Otros subsidios, también canalizados a través de grupos de piqueteros, llegan a unas 300.000 personas. Son los Planes de Empleo Comunitario (PEC), que nadie identifica como tales. Los beneficiaros no los distinguen del Plan Jefas y Jefes porque su monto es el mismo, y en el recibo no se aclara el origen de la asistencia.

”Nosotros pedimos desde los consejos que figure en el recibo cuál es el plan que percibe el beneficiario, pero hasta ahora no lo conseguimos”, dijo Resano. Los desempleados del PEC van a reclamar a los consejos por la extorsión a la que son sometidos, pero no aparecen en los registros oficiales porque son cautivos de la administración de los movimientos piqueteros.

Los PEC no exigen requisitos a los beneficiarios y no están sujetos a control. Para acceder a los mismos, la organización social debe presentar un proyecto comunitario a cambio de una cantidad de subsidios individuales, pero no siempre existe un proyecto, según estudios de especialistas en política social.

Barrios de Pie realiza tareas comunitarias diversas. Pero los testimonios indican que exige un aporte ilegal a los desempleados. Soledad y otros beneficiarios protestaron pues un mes en que el grupo no realizó piquetes, retuvo igualmente los 10 pesos por persona, presuntamente destinados a solventar los traslados de los manifestantes.

”No hubo caso”, dijo. Su suegra, también adscripta a un subsidio administrado por la FTV, fue al Consejo Consultivo a denunciar esa extorsión y se encontró con que su nombre no aparecía en la lista de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes, al que ella creía pertenecía su asistencia y por el que había ”militado”.

En el Consejo Consultivo ”le dijeron que estábamos en el aire”, relató Soledad.

Las organizaciones que manejan planes ”tienen influencia en el Ministerio de Trabajo”. FTV y Barrios de Pie son movimientos de ”piqueteros amigos” del gobierno, y en esos casos el miedo a ser dado de baja tiene sustento real, aseguró Resano.

El coordinador nacional de Barrios de Pie es el abogado Jorge Cevallos. Desde 2003 ejerce un cargo jerárquico en el Ministerio de Desarrollo Social, que está impulsando el reemplazo paulatino del Plan Jefes y Jefas por uno para las familias.

Ceballos abandonó los piquetes cuando lo nombraron director nacional de Asistencia Comunitaria del Ministerio, con un salario de 4.200 pesos (1.443 dólares), buena parte del cual entrega al movimiento, según declaró. ”Me quedo con 1.300 pesos (446 dólares) para mí”, ha dicho.

IPS quiso entrevistarlo sobre la práctica de retener parte de los subsidios de los desempleados, pero el funcionario no estuvo disponible para contestar.

La arquitecta Resano señaló otros problemas. En primer lugar, el Plan Jefes y Jefas mezcló pobreza con desocupación, dos fenómenos que no siempre van juntos. ”Hasta hace poco carecíamos de la posibilidad de cruzar datos de distintos registros, y ahora encontramos muchas irregularidades”, indicó.

Por ejemplo, esposas de jueces, militares o policías y maridos desempleados de maestras que eran beneficiarios de la asistencia. El subsidio debería estar destinado a los adultos sin empleo y con hogares a su cargo en los que no hay otro ingreso.

Pero las comunas se niegan a dar de baja el subsidio cuando el destinatario no cumple con el perfil requerido.

”En los consejos municipales reconocen que hay gente que no debería cobrar, pero sólo aceptan darla de baja si se les permite ingresar en su lugar a quienes sí los necesitan, porque de lo contrario habrá menos dinero en el circuito comunal”, describió Resano.

También hay municipios con empleados estatales beneficiarios del Plan Jefas y Jefes, y personas que perciben subsidios y, a cambio, realizan trabajos particulares para funcionarios políticos, como si éstos los emplearan.

A juicio de Resano, es ”prácticamente imposible” erradicar el clientelismo político si no se tiende a establecer planes universales que lleguen a todos los que los necesitan. Cuando se colocan cupos y mucha gente queda afuera, enseguida surgen las extorsiones, arguyó.

Pero esa recomendación choca con la falta de recursos del Estado.

”No estamos en condiciones de reabrir el Plan Jefas y Jefes”, dijo a IPS el viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. ”No se puede hacer un plan universal sin recursos propios, con endeudamiento externo”, argumentó.

Arroyo admitió desconocer cómo opera el Ministerio de Trabajo en la asignación de los subsidios, pero aseguró que el gobierno tiene reglas para prevenir todas las irregularidades.

”El clientelismo se produce cuando hay gente que se queda con una parte del dinero del plan o cuando se permiten altas por bajas”, definió el funcionario.

Mediante una tarjeta magnética que permite al beneficiario cobrar en cualquier cajero automático, Arroyo cree se eliminó la extorsión de dirigentes barriales que iban a cobrar junto con el desempleado para exigirle una parte.

Con la prohibición de dar altas por bajas se evita la amenaza de perder el plan, explicó. No obstante, el funcionario admitió que la dinámica de los PEC es distinta porque los beneficiarios pueden rotar.

”Nuestra idea es consolidar los consejos consultivos”, dijo Arroyo. Pero en un año electoral como 2005 es muy posible que a las promesas de combatir el clientelismo se las lleve el viento, apunto la arquitecta Resano. (FIN/2005)

IPS

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