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En ese informe el ministro colombiano afirma que ”Es un hecho innegable que el reequipamiento militar venezolano profundiza el desbalance militar en la región andina”, y que actualmente ”no existe una clara justificación para la adquisición de ciertos tipos de armas de alcance estratégico en una región que ha liderado la limitación en los gastos militares”.

Estas opiniones están referidas a las compras militares decididas en los últimos meses por el gobierno venezolano. Concretamente a la negociación con Rusia para adquirir 100.000 fusiles automáticos AK con el objetivo de sustituir el armamento liviano de sus fuerzas armadas, que no ha sido renovado en más de treinta años y un grupo de helicópteros en su mayoría de transporte; a la negociación con España para comprar ocho lanchas patrulleras y seis aviones militares de transporte; y a las tratativas con Brasil para adquirir aviones del tipo Supertucano y encargar la fabricación de repuestos para su flota de aviones F-16, que según el gobierno venezolano, el gobierno estadounidense se niega a proporcionar a Venezuela.

Casualmente, la divulgación de este informe se produce al mismo tiempo que la secretaria de estado norteamericana Condoleezza Rice se encontraba realizando una gira por algunos países de América del Sur. Al inicio de esta gira, en Brasilia, antes de viajar a Colombia, Rice declaró en rueda de prensa la preocupación de EE.UU. por Venezuela ”por el comportamiento del régimen venezolano en lo que hace a su propia evolución interna, a su adhesión a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su relación con sus vecinos”.

El canciller brasilero, Celso Amorim en la misma rueda de prensa contestó que ”los problemas venezolanos deben ser discutidos por el pueblo venezolano y nosotros podemos contribuir para ayudar, pero siempre respetando la soberanía venezolana”, manteniendo la posición actual del gobierno brasilero respecto a Venezuela, que fue expuesta claramente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en marzo en Caracas, durante la reunión cuatripartita entre los presidentes de España, Colombia, Brasil y Venezuela, cuando afirmó que su gobierno no acepta ”descalificaciones contra el compañero Chávez, ni ingerencias en los asuntos internos de los países soberanos”.

La gira de la secretaria de estado norteamericana está complementando la realizada hace unas semanas por el ministro de la defensa norteamericano Donald Runsfeld a Argentina, Brasil y Guatemala, como parte de la estrategia del Departamento de Estado norteamericano para lograr apoyo en el continente sudamericano a algunos temas de su política hemisférica.

Sus objetivos son la búsqueda de reflotar las negociaciones paralizadas y aparentemente en franca declinación, para establecer el Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lograr apoyo para el candidato que el gobierno de EE.UU. promueve a la Secretaría General de la Organización de Naciones Americanas (OEA), y tratar de lograr que gobiernos sudamericanos presionen y aíslen políticamente a Venezuela, cuyo gobierno los Estados Unidos consideran opuesto a sus intereses.

En este contexto, el 26 de abril The New York Times publicó un artículo, basado en declaraciones de funcionarios no identificados, dónde afirmaba que la diplomacia norteamericana se está preparando para un escenario de franco enfrentamiento con Venezuela.

El Departamento de Estado desmintió esta información, sin embargo las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos son cada día más difíciles. En esta misma semana el gobierno de Chávez anuló un acuerdo de intercambio de formación de oficiales entre las fuerzas armadas de ambos países que estaba vigente desde hacía más de 35 años, clausurando la oficina militar estadounidense que existía en Fuerte Tiuna (comando central de las fuerzas armadas venezolanas), acusándolos de promover el descontento entre la oficialidad venezolana y haciendo que decenas de militares norteamericanos deban regresar a su país.

Lo dicho en este informe por el ministro de la defensa de Colombia contrasta totalmente con el reconocimiento del propio presidente colombiano Álvaro Uribe en la reunión cuatripartita, dónde reconoció públicamente que Venezuela es soberana en la adquisición de su equipamiento militar, y que si estas compras significaban una mejor lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, el gobierno colombiano no tenía nada que decir . Igualmente en esas fechas la canciller colombiana Carolina Barco había aceptado públicamente las declaraciones de Venezuela respecto a que estas compras no aumentarían su armamento, sino que constituían sobre todo una renovación de equipos obsoletos.

La divulgación del informe del canciller Uribe provocó en el gobierno venezolano una fuerte reacción.

El presidente Hugo Chávez, en un acto dónde frente a trabajadores anunciaba el incremento del salario mínimo en el país en un 26%, respondió al ministro de la defensa colombiano diciendo que “...ya basta que en Colombia sigan diciendo esto y aquello, ya basta de que se sigan comportando como el peón del imperio”. Igualmente pidió al presidente Álvaro Uribe que aclarara finalmente esta situación.

Mucho más enérgico fue el vicepresidente José Vicente Rangel, que acusó al ministro Jorge Uribe de “felón”, a su actitud de “canallesca” y a sus declaraciones escritas de ser “una ingerencia inaceptable” en los asuntos internos de Venezuela. Se preguntó también ”¿Qué persigue el ministro Uribe? ¿Acaso se quería congraciar con la señorita Rice, que precisamente hoy visita Colombia?”, agregando que ”sus declaraciones son acordes con la campaña infame que los burócratas de Washington están haciendo contra Venezuela...”. Igualmente el vicepresidente dijo que estas declaraciones eran graves, porque no eran parte de la “diplomacia de micrófono” sino que estaban plasmadas en un informe escrito.

También realizó declaraciones al respecto el ministro de la defensa venezolano, general Jorge Luis García Carneiro, quien anunció la suspensión de la reunión programada con su homólogo colombiano por considerarlo un “funcionario poco serio” a la luz de sus declaraciones. El general García Carneiro finalizó diciendo del canciller Uribe que “parece que baila cuando le tocan los tambores desde el Norte”.

Como una respuesta del gobierno colombiano, la canciller Carolina Barco declaró a la prensa que las opiniones del ministro de la defensa de su país eran a título “personal” y no reflejaban la posición de su gobierno.

Este episodio vuelve a hacer girar el ciclo de tensión entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, tensión que parecía haberse superado luego del incidente del secuestro en Caracas de Rodrigo Granda, “canciller de las FARC”, su prisión en Colombia y la posterior visita del presidente Alvaro Uribe a Caracas, que parecía haber dejado zanjados los entredichos entre ambos países.

Venezuela y Colombia mantienen unas relaciones comerciales de importante volumen, comparten una frontera de tierra de más de 2.000 kilómetros de extensión y mantienen vínculos sociales y culturales que vienen desde las luchas por la independencia.

Sus relaciones diplomáticas nunca han sido fáciles y en la actualidad en que ambos países tienen gobiernos de signo político opuesto, y dentro de un contexto internacional de confrontación, estas relaciones se están poniendo a prueba frecuentemente.