Alan García, ex presidente y actual candidato presidencial por el partido aprista peruano estaría moviendo todo su aparato partidario, político y judicial para evitar que la justicia los sancione por su responsabilidad en las matanzas cometidas durante su gobierno y así pueda concretar sus aspiraciones a la presidencia de la república, el próximo año.

Así lo estaría demostrando el pedido de destitución de Cristina Olazábal, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, quien lo ha encontrado responsable en la matanza de Accomarca y lo viene investigando como presunto responsable en la mataza de Cayara; las persistentes amenazas y presiones que se vienen cometiendo contra los fiscales que participaron y participan en dichos casos, presiones que estarían siendo realizadas por personal del Gobierno Regional de Ayacucho, íntimamente ligados con el partido aprista; y la reciente denuncia del periodista César Hildebrandt, sobre un supuesto pacto entre Alejandro Toledo y el acusado Alan García para proteger sus “investiduras presidenciales”, ante las denuncias que pesan sobre ellos. Pacto que explicaría la falta de un apoyo por parte del Estado en el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.

Recordemos que en los primeros meses del año, la titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la ciudad de Ayacucho, Dra. Cristina Olazábal denunció a Alan García por omisión impropia en la matanza de 69 pobladores de la comunidad campesina de Accomarca cometido en agosto de 1985 y lo citó dos veces para que declare por la matanza de 50 pobladores de la comunidad de Cayara ocurrida en 1988, por encontrársele presunto responsable, citaciones a las cuales el investigado no acudió.

Estas acciones legales emprendidas desde la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho provocaron, como es de conocimiento público, diversas declaraciones por parte de congresistas apristas como el de Jorge del

Castillo quién llamó de terrorista a la fiscal y a la abogada de los familiares, Dra. Gloria Cano, declaraciones que llevó al Ministerio Público de Ayacucho a emitir un pronunciamiento público de rechazo categórico a las declaraciones de congresista aprista y a solidarizarse con la magistrada agredida. Asimismo, se conoce que los abogados de enlace del acusado Alan García y funcionarios de la Gerencia Regional de Asesor a Jurídica del Gobierno Regional de Ayacucho habrían amenazado a los fiscales adjuntos que vieron estos casos con las salidas progresivas de todos los que conforman la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho.

Y así se estaría dando, pues del equipo inicial: un fiscal adjunto, Tomas Infante ya fue reemplazado en pleno proceso por un titular, el otro fiscal adjunto que se mantiene estaría siendo denunciado según el diario “La Primera” y a esto se suma el pedido de destitución de la Dra. Olazábal del cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos por parte del Titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Miguel Angel Cáceres Chávez, quien ha respaldando al pedido del fiscal de Ica, Parra Rodríguez quien denunció a Olazábal por “parcialidad en los casos de Accomarca contra Alan García”, cabe resaltar que Parra estaría vinculado con el partido aprista, según versiones de personal del Ministerio Público de Ica.

Se conoce además que, meses atrás, personal de esta misma fiscalía habría visitado la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, en ocasión de tomar la manifestación de Olazábal, ante una denuncia realizada por el acusado Alan García contra la fiscal, y en esa oportunidad habrían preguntando por la identidad de los fiscales que participaron en la denuncia contra Alan en el caso Accomarca. Luego, como se sabe, llegaron los reemplazos.

El aparato político no se queda atrás. Según una denuncia del periodista César Hildebrandt existiría un acuerdo o pacto entre Alejandro Toledo, actual presidente de la República, quien viene siendo investigado por dirigir una fábrica de firmas para presentarse en las elecciones presidenciales pasadas y podría costarle el pedido de vacancia presidencial, y Alan García, acusado e investigado por violaciones a los derechos humanos.

Este pacto explicaría la razón por el cual el partido aprista ha bajado la guardia en el pedido de la investigación de la fábrica de firmas y el porqué desde el Estado no hay un apoyo certero a las investigaciones de las matanzas de Accomarca, Cayara, incluido el caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra 250 presos en tres cárceles de Lima en 1986, procesos que involucrarían directamente a Alan García. Hildebrandt presentó transcripciones de una conversación entre estos acusados y retó públicamente a lo denuncien y sanciones si lo que denuncia es mentira.

Pedidos de destitución de la fiscal que investiga, amenazas, agresiones e insultos verbales contra abogados y fiscales, las no presentaciones a las citaciones de la fiscal, ironías y burlas ante el dolor de los familiares con declaraciones de por ejemplo “que me paguen el pasaje para ir a Ayacucho a presentar mi declaración” o excusas como el “si voy a Ayacucho a declarar tienen que garantizar mi vida pues los familiares pueden atentar contra mi”; nombramiento de titulares que reemplaza a quienes investigan, traslado de los casos a Lima, ignorando que los familiares de la victima tiene derecho a que se investigue y juzgue en el lugar donde se cometieron las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron; pactos oscuros entre acusados, etc. son los síntomas de que la impunidad sigue operando en este castigado país y que la justicia para Ayacucho es sólo una utopía que sueñan los justos y de la cual se ríen los perpetradores.

Raquel Palomino