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El MST escuchó el consejo del presidente Lula y le tomó la palabra. Ahora, apoyado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y otras entidades, marcha de Goiania a Brasilia a favor de la reforma agraria. La caminata comenzó el 2 de mayo.

En ella participan cerca de 12 mil personas provenientes de 23 estados. Ella no apunta a la Tierra Prometida, como la historia de los hebreos descrita en el Antiguo Testamento. Quiere solamente la porción de tierra prometida por el gobierno Lula.

En 2002, el gobierno federal aprobó el 2º Plan Nacional de Reforma Agraria. Garantizó que, hasta el 2006, asentaría a 400 mil familias sin tierra. Y más de 130 mil recibirían financiamiento para la adquisición de predios rurales.

Al inicio del año pasado, Lula aseguró que hasta diciembre serían asentadas 115 mil familias. Según el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), en 2004 fueron asentadas cerca de 80 mil. En dos años de gobierno, 117 mil. El MST responde. Dice que la mayoría de las familias fue alojada en proyectos creados en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) o solamente se les regularizó su situación. Así, en dos años, el actual gobierno habría asentado a 64 mil familias.

Lo mas grave es que el gobierno federal no demuestra voluntad política de efectivizar la reforma agraria. De los 3,4 mil millones de reales previstos en el presupuesto de este año para el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), el Ministerio de Hacienda recortó 2 mil millones para recaudar y asegurar la montaña de dinero -cerca de 60 mil millones- del superávit primario (tijera de jardinero en los costos e inversiones, para pagar intereses).

Hubo protestas, inclusive del ministro Rosseto, forzando al ministro Palocci a liberar 400 millones de reales de la cantidad retenida. Si la reforma agraria fuera, de hecho, prioridad del gobierno Lula, los 1,6 mil millones restantes deben ser restituidos en breve al MDA.

La marcha de 223 Km. culmina en Brasilia el día 17 de mayo. Ella reivindica lo que el gobierno Lula prometió: asentar 400 mil familias hasta 2006. El presidente ha enfatizado que no basta dar tierra. Es necesario que haya también condiciones agrotécnicas de siembra, cosecha, transporte y comercialización del producto excedente al consumo familiar. Es lo que desean los “sin tierra”, a través de un programa de agroindustrias y de crédito especial para los asentamientos.

Todas las estadísticas comprueban que la actividad rural es la que más emplea en el Brasil. Sin embargo, convivimos con un alarmante índice de desempleo. Hace la reforma agraria -una reivindicación de 150 años- significa parar el éxodo hacia las ciudades, reducir el número de favelas, disminuir la desigualdad social y, en consecuencia, la violencia urbana. En este país de 800 millones de hectáreas cultivables, tierra es lo que no falta.

Está probado que más del 60% de los alimentos que llegan a la mesa de la familia brasileña provienen de la agricultura familiar. El gobierno federal extendió los beneficios del Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) a todo el país, rompiendo el monopolio de la región Sur. Eso, sin embargo, no es suficiente. La burocracia todavía dificulta el acceso al financiamiento.

Uno de los mayores obstáculos para la reforma agraria es el Congreso Nacional, un nido de ruralistas defensores del latifundio. Basta decir que, hasta hoy, no aprobó la propuesta del Planalto de expropiación sumaria de haciendas en las que haya trabajo esclavo. Este es uno de los factores que favorecen la impunidad de los culpables de las muertes de los que luchan por la reforma agraria.

¿Cuál es el proyecto Brasil del gobierno Lula? En la economía no hay lugar para dudas: equilibrio fiscal, contener la inflación, atraer capital extranjero, reducir las deudas interna y externa, aumentar las exportaciones y reducir las importaciones, ampliar las reservas y la capacidad de inversión. La meta es positiva, el método discutible, pues infla los intereses, reduce el crédito, estimula la especulación y asfixia a la producción. Una difícil ecuación: promover el desarrollo social a través de una política económica neoliberal que favorece el capital y castiga al trabajo.

La reforma agraria es, teóricamente, la “prioridad de las prioridades” del gobierno Lula. Junto al combate al hambre. Es decir, uno y otro están interconectados. Pero así como el presidente admitió que el dragón inflacionario no puede ser contenido solamente con el látigo de los intereses altos, que duele en el lomo de la nación, es hora de que el gobierno priorice el Plan Nacional de Reforma Agraria y, por lo menos, cumplir las metas de asentamiento anunciadas en sus dos primeros años de gestión.

Un gobierno que tuvo el suficiente coraje para homologar en una área continua a la reserva indígena de Raposa Serra do Sol, en Roraima, no merece llegar a las elecciones de 2006 con un mero maquillaje latifundista, en tanto millares de familias permanecen acampadas a la vera de las carreteras porque saben que fuera de la tierra ellas no tienen salvación. Ya no pueden, como la familia Silva, subir a un autobús y emigrar con la esperanza de obtener trabajo en El Dorado paulista. Solo les resta luchar por la tierra que perdieron.

Traducción: ALAI