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La lucha contra las transnacionales y por la nacionalización del gas y el petróleo rebrotó este lunes con renovada fuerza en el Altiplano boliviano, cuando miles de hombres, mujeres y niños de los barrios más pobres de la ciudades de El Alto y La Paz tomaron pacíficamente por varias horas la sede de gobierno y amenazaron con cerrar el Parlamento y derribar al presidente Carlos Mesa.

"El Alto de pie, nunca de rodillas", "Mesa traidor, queremos tu renuncia", "Que se cierre el Parlamento, nido de "lunthatas" (ladrones)", coreaba la multitud de vecinos y trabajadores que acudieron a la convocatoria de la Federación de Juntas Vecinales y de la Central Obrera Regional de El Alto y que cercaron los principales edificios públicos de La Paz, en el inicio de una nueva ofensiva popular contra el neoliberalismo, las transnacionales y los grupos locales de poder.

La marcha fue pacífica y contó con el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB), de la Confederación de Campesinos y de los gremios de maestros, universitarios, jubilados y trabajadores por cuenta propia. Los manifestantes advirtieron que a Mesa más le valía renunciar si no procedía a nacionalizar de inmediato las ingentes reservas de gas y el petróleo, valuadas en más de 100 mil millones de dólares y que están en manos de poderosas transnacionales como Repsol, Petrobras, Total, Shell, Enron y otras.

El Congreso, dominado por las fuerzas neoliberales, también fue blanco de las amenazas y los manifestantes aseguraron que lo cerrarán "para evitar que se siga legislando contra el pueblo".

"Los trabajadores quieren recuperar los recursos naturales y quieren un Presidente que sea de y para los bolivianos, porque el actual (Mesa) hasta ahora sólo ha defendido los intereses de las transnacionales", dijo el minero Jaime Solares, ejecutivo de la COB.

Otros que critican a Mesa y al Congreso son los partidarios del diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, que hoy iniciaron una caminata de casi 200 kilómetros desde la localidad de Caracollo hasta La Paz. Más conciliadores, los cocaleros, campesinos y trabajadores vinculados a Morales no reclaman la nacionalización, sino que las transnacionales entreguen la mitad de sus ingresos al Estado para poder continuar explotando las riquezas no renovables del país más pobre del Sur de América.

Sin, embargo, ninguna de estas demandas es aceptada por el Congreso que sancionó una ley que aumenta ligeramente los impuestos a las petroleras, aunque respeta todas las onerosas ventajas que la legislación neoliberal les había concedida. Pese a ello, esta ley no ha sido promulgada por Mesa, el obsecuente sucesor del derrocado ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que insiste en no afectar en nada los intereses de las petroleras.

Presión Social

Los sectores sociales y populares alistan una serie de acciones para el logro de sus objetivos. Este lunes, el magisterio urbano y rural inició parcialmente una huelga destinada a secundar las movilizaciones contra las empresas multinacionales que controlan los reservas energéticas del país.

Los dirigentes de la COB aseguraron que paulatinamente comenzará también una huelga nacional "movilizada", con piquetes organizados de trabajadores para bloquear las principales calles y avenidas de las ciudades, y tomar por la fuerza las oficinas públicas de La Paz y ocupar la planta de almacenamiento de combustibles de El Alto, que abastece también a La Paz.

La Confederación de Campesinos declaró también que iniciará "un bloqueo paulatino" de caminos en el altiplano para aislar a La Paz, mientras en la vecina ciudad de El Alto se habla de una "huelga de hambre" y de un inminente paro cívico indefinido.

"Se declarará una huelga de hambre demandando la renuncia del presidente Mesa y vamos a tomar pozos petroleros", anunció el radical dirigente de El Alto, Roberto de la Cruz.

Econoticiasbolivia.com