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Ya está vigente la nueva ley petrolera de Bolivia. La norma fue promulgada por el presidente del Congreso, senador Hormando Vaca Díez, porque el presidente del país, Carlos Mesa, optó por abstenerse a vetarla o promulgarla. La nueva ley impone un impuesto de 32% a las empresas petroleras y obliga la revisión de los contratos.

"No tengo otra salida que firmar el documento y promulgar esta ley ante la negativa del presidente Carlos Mesa. Ahora sólo pido que haya unidad en el país", dijo Vaca Díez. El artículo 78 de la Constitución Nacional de Bolivia indica que las leyes no vetadas o no promulgadas por el Presidente en el término de 10 días desde su recepción, serán promulgadas por el Presidente del Congreso.

En una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia José Galindo informó que Mesa actuó “conciencialmente” y prefirió no vetar ni aprobar la Ley de Hidrocarburos elaborada por el Poder Ejecutivo. Galindo explicó que en marzo el Presidente adelantó que no promulgaría una ley con la que no está de acuerdo. Es por eso que decidió dejar en manos del Congreso la promulgación de la Ley.

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Según las agencias de noticias, las organizaciones sindicales y vecinales de la ciudad de El Alto decidieron radicalizar sus medidas de presión con la implementación del paro cívico sindical indefinido en los próximos días, mientras tanto ejecutarán otras medidas como el bloqueo sorpresivo del Aeropuerto Internacional de El Alto, la toma física de las instalaciones de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el bloqueo del acceso de la Autopista que une la ciudad sede de gobierno con El Alto.

La promulgación de la nueva ley también generó protestos de empresas y de la izquierda boliviana, además de una fuerte advertencia del alto mando militar. Con el cambio en la legislación y la creación del nuevo impuesto (las petroleras ya pagan 18%), los ingresos fiscales por la explotación de gas y petróleo deben aumentar de 200 a 600 millones de dólares.

Parlamentarios del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR) expresaron su percepción en sentido de que el jefe gubernamental está políticamente debilitado por su indecisión y acosado por los conflictos y una eventual sucesión, cuyo mandato nuevo correspondería al actual presidente del Congreso Nacional, Hormando Vaca Díez.

El Movimiento al Socialismo (MAS) anunció que presentará un proyecto de ley modificatorio. El MAS observa la Ley de Hidrocarburos del Congreso por cuatro razones fundamentales: el Estado no tiene el derecho de fijar precios internos y externos de los hidrocarburos; el impuesto complementario creado por la Ley es deducible y descontable y por tanto no garantiza el 32% para el Estado; no fomenta la industrialización del gas porque mantiene la tarifa estampilla; y mantiene en vigencia las leyes que permiten a las petroleras acceder a los Certificados de Devolución de Impuestos (Cedeim), una carga para el Estado que representa casi 1.100 millones de dólares.

Adital