Entre los días 11 y 14 de mayo estuvo en Colombia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Louise Arbour. Si bien la visita de la Alta Comisionada había sido anunciado con varios meses de anticipación, previa invitación del Gobierno, su llegada coincidió con un momento decisivo respecto del proceso de paz con los grupos paramilitares y de la aprobación del marco legal por medio del cual se conceden amplios beneficios equivalentes a la impunidad. Al mismo tiempo, la guerrilla reanudó sus acciones violentas con graves consecuencias para la población civil, sobre todo en las comunidades indígenas del sur del país.

En efecto, acababa de aprobarse en primer debate en comisiones conjuntas de Senado y Cámara el proyecto de Ley de Justicia y Paz. Dicha votación se realizó con base en la ponencia redactada en la Casa de Nariño con la presencia del presidente Uribe. Este hecho tiene como consecuencia que, además de la responsabilidad política general que le compete al Gobierno dada su función colegisladora, al Presidente le cabe una responsabilidad personal directa sobre los contenidos aprobados en el Congreso. Lo cual debió reflejarse en el intercambio entre él y la Alta Comisionada.

Por otra parte, el proceso de negociaciones del Gobierno con los jefes paramilitares acantonados en Santafé de Ralito pasaba por un momento de máxima expectativa, ya que dichos jefes habían notificado al Gobierno y al país que su permanencia en la mesa de negociaciones dependía de la aprobación de un marco jurídico que garantizará amplios beneficios sin condicionamientos como el pago de penas en la cárcel, la confesión de crímenes y la entrega de bienes de origen lícito e ilícito[1].

Entre tanto, en el marco de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en los meses de marzo y abril, el cuestionamiento a dicho proyecto de ley, que estaba siendo aprobado en el Congreso, fue enfático y puntual, lo cual fue reiterado por la Alta Comisionada al iniciar su visita al país. Puntos de vista que además fueron expuestos en diversos documentos e intervenciones ante el Congreso y el Gobierno por el Director de la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia. A su vez, dichas instancias señalaron las continuas violaciones del cese de hostilidades por parte de los paramilitares[2].

Otros hechos notorios ante la opinión pública también antecedieron la visita. Primero, las amenazas sobre las comunidades del Bajo Atrato, que hacían temer hechos de violencia como la masacre de Bojayá. Segundo, los actos de violencia sistemática en barrios populares del sur de Bogotá y la acusación del establecimiento de una estructura paramilitar en la capital. Y tercero, los ataques de la guerrilla en el sur del país. Todos estos antecedentes marcaron el ritmo y las actividades de la visita de la Alta Comisionada en Colombia.

Mensaje central: No a ley de impunidad y desmantelamiento de grupos paramilitares

La agenda de la Alta Comisionada se ajustó a los retos que planteaban los hechos anotados. Antes de iniciar su visita dio una entrevista al principal periódico de circulación nacional en la cual reiteró su exigencia de observación de cese al fuego de las AUC y de la aprobación de un marco jurídico adecuado[3].

Luego realizó reuniones con altas autoridades ejecutivas, judiciales y legislativas. Dentro de ellas se destaca la reunión con los ponentes del proyecto de justicia y paz en el Congreso para insistir en la necesidad de aprobar un proyecto ajustado a las normas internacionales concretadas en los principios de verdad, justicia y reparación; al tiempo que les recordó la competencia de la Corte Penal internacional en caso de tramitarse procesos judiciales sobre crímenes internacionales con base en una ley que garantice inmunidad para los delincuentes. De acuerdo con versiones de los congresistas asistentes a la reunión, manifestó que encontró una postura inflexible en el Presidente de la República respecto a los contenidos de dicho proyecto de Ley.

Se resalta la visita que la Alta Comisionada hizo, acompañada por el episcopado católico, a la zona de Ciudad Bolívar en Bogotá para constatar de viva voz en una reunión con jóvenes la violencia paramilitar en dicha zona y los atropellos cometidos por la policía.
También se desplazó a 600 kilómetros al oeste de Bogotá, a la zona del Atrato medio, para verificar la amenaza paramilitar sobre las comunidades afrodescendientes que allí habitan y para exigir con su presencia garantías de seguridad para dichas comunidades. Luego se dirigió al sur y visitó el departamento del Cauca habitado por comunidades indígenas muy afectadas por acciones violentas por parte de las guerrillas en las últimas semanas.

En la reunión con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como en todas las demás, expresó su apoyo incondicional a su Oficina establecida en Colombia y el reconocimiento al papel cumplido por ésta desde 1997. También manifestó su preocupación y apoyo a los defensores de derechos humanos que realizan sus tareas en medio de un clima de amenazas.

Al terminar su visita concedió una rueda de prensa. De manera específica indicó que sin una rendición completa de cuentas por parte de los desmovilizados no es posible conseguir el desmantelamiento de los grupos paramilitares. De igual forma afirmó que el proyecto de ley no establece normas para lograr una confesión completa y la revelación de toda la verdad por parte de los mismos y por tanto enfatizó la necesidad de fortalecer el proyecto en su componente de verdad, pues la verdad, la justicia y la reparación se complementan y se requieren mutuamente.

Señaló, además, las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por todos los grupos armados. Para concluir afirmó, en contravía de las ideas impulsadas por el Presidente, que en Colombia existe un conflicto armado de carácter prolongado y que la situación del país requiere una política de seguridad que al mismo tiempo promueva el desarrollo y mantenga la vigencia de los derechos humanos. Esto en una alusión expresa a los lineamientos del Secretario General de las Naciones Unidas.

En medio de factores de la política interna del país y de la política internacional, puede decirse que las intervenciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas plantearon una crisis al proceso de paz con los grupos paramilitares y al proyecto de justicia y paz que venía aprobando el Congreso. De hecho, poco después el Gobierno decidió aplazar el trámite de dicha iniciativa para sesiones extraordinarias a mitad de año.

Disminución del mandato de la Oficina del Alto Comisionado

De acuerdo con informaciones suministradas por un periódico de circulación nacional[4], el Gobierno Nacional estaría reconsiderando el acuerdo firmado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas desde 1997 sobre el establecimiento de su Oficina en Colombia. Según dichas informaciones, el Gobierno piensa que los agentes de las Naciones Unidas ayudan poco y reprueban mucho. Infieren, además, de la intervención del Vicepresidente, Francisco Santos en las recientes sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el papel de la Oficina en Colombia debería concentrarse en la asistencia técnica y dejar de lado las funciones de monitoreo.

A este hecho se refirió la Alta Comisionada en la entrevista reseñada, donde dejó constancia de que el hecho podría ser objeto de conversaciones con el Gobierno, pero sus esfuerzos se dirigen a buscar formas de mejorar el cumplimiento del mandato actual.
De darse tal modificación al Convenio insinuado por el Gobierno, la Oficina vería disminuidas las facultades que le han permitido producir informes anuales, los cuales han cumplido un papel central en el examen de la situación del país en las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. De la misma manera, se vería impedida para auscultar la situación de derechos humanos en el país tanto respecto a hechos violatorios concretos, como sobre ciertas dinámicas regionales, violación de ciertos derechos en particular, de sectores sociales afectados de manera especial, y sobre todo, en la formulación y desarrollo de las políticas públicas. De darse tal modificación al acuerdo, la Oficina reduciría su función a ser un testigo mudo, sólo facultado para hacer interlocución a puerta cerrada con las autoridades gubernamentales.

A lo largo de estos años la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha cumplido un rol notable en materia de derechos humanos en el país. De un lado, se constituyó en un interlocutor activo sobre la situación de derechos humanos en el país, tanto sobre las políticas desarrolladas por el Estado como sobre las violencias ejercidas por grupos armados. De otro, se ha constituido en una voz pública, en ejercicio casi de una magistratura de opinión para llamar la atención sobre situaciones violatorias de los derechos humanos y medidas no acordes con el derecho internacional. Al mismo tiempo ha fungido de observador acucioso y analítico en terreno sobre los verdaderos alcances y la gravedad de las violaciones que en Colombia se dan. También se ha hecho presente en situaciones en las cuales su presencia se ha constituido en prenda de garantía para la acción de organizaciones de la sociedad civil, de organismos humanitarios y de las víctimas de las violaciones.

Vale la pena recordar que el establecimiento de la Oficina en Colombia fue una creativa y valiosa formula de consenso en torno al papel que las Naciones Unidas debía cumplir frente a la grave situación de violación a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país. Tanto el Gobierno Nacional de la época como el movimiento por los derechos humanos, y algunos países de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, encontraron que contribuiría más al conocimiento y mejoramiento de la situación el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado en terreno, que adentrarse en un complejo juego político que entraña conseguir los consensos o las mayorías para el nombramiento de un relator especial para el país; quién, además del sabor sancionatorio que tiene su designación, actúa desde fuera del país.

En estos ocho años de trabajo el trabajo de la Oficina no ha estado exento de críticas. Durante algunos períodos el movimiento por los derechos humanos no ha estado conforme con sus posturas, en otros, como este, son las autoridades gubernamentales quienes manifiestan su descontento. Como ha sido notorio, el actual Gobierno ha adoptado como lineamiento en política internacional desafiar las acciones de los organismos multilaterales que se ocupan de temas como los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la búsqueda de la paz, cuando estos no se pliegan totalmente a sus políticas. Basta con contrastar el papel y el perfil que cumple la oficina de la OEA encargada de verificar los acuerdos de Santafé de Ralito.

En medio de todo, la presencia de la Oficina ha sido positiva y su decisión de permanecer y cumplir su rol en país se manifiesta en la apertura de oficinas regionales en Medellín, Cali y Bucaramanga y en la convicción de algunos de sus funcionarios de la necesidad de mantener el mandato firmado en 1997.

[1] Comunicado de las AUC del 21 de abril de 2005.

[2] Cfr. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (E/CN.4/2005/10). Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 13 de Abril de 2005. Declaración concertada del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los países miembros de la Comisión y el Gobierno de Colombia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (Ginebra abril 21).

[3] El Tiempo, Mayo 11.

[4] El Tiempo del 10 de abril de 2005.

Nelson Socha