«El sí de los magistrados anticorrupción»

Hace ya cerca de diez años que varios de nosotros lanzamos el Llamamiento de Ginebra a favor de una justicia europea que pusiera fin a la impunidad. Ese Llamamiento se basaba en el hecho de que las investigaciones internacionales requerían años de indagaciones para dar resultados debido a los límites planteados por las fronteras.
Algunos Estados permiten demorar durante meses, e incluso más, la transmisión de las informaciones, brindando a las personas implicadas la posibilidad de protestar en el seno mismo del Estado impugnado durante la fase investigativa. Tales prácticas protegen las redes de lavado de dinero, de corrupción, de terrorismo, de proxenetas y de pedófilos. Dicho Llamamiento no consiste en tomar parte, sino en alertar al ciudadano.
Nuestra acción, hoy día, se inspira en los mismos principios y nos conduce a plantear las siguientes preguntas: ¿qué balance puede sacarse de las consecuencias del Llamamiento de Ginebra y qué perspectivas ofrece la Constitución Europea?
Desde que se lanzó nuestro Llamamiento queda aún mucho por hacer, pero deben señalarse logros reales en el seno de la Unión Europea. La instauración de magistrados de enlace, la creación de Eurojust, la adopción de nuevas técnicas de investigación y la creación del mandato de detención europea constituyen cartas de triunfo frente a las amenazas criminales más graves (terrorismo, crimen organizado, corrupción...) que son, por su índole, transnacionales. La Unión Europea ha permitido también la creación de una cultura común de los magistrados.
El proyecto de una Europa que constituya un «espacio de libertad, de seguridad y de justicia», adoptado por el Tratado de Amsterdam, ya figura en el orden del día de los 25. La Constitución incorpora la Carta de los Derechos Fundamentales y le otorga fuerza jurídica. Permite, en la esfera de la justicia, que las decisiones futuras sean tomadas por la mayoría calificada de los Estados miembros, evitando la parálisis de las instituciones europeas motivada por la aplicación del principio de unanimidad, mantenido al respecto por el Tratado de Niza.
La Constitución representa un avance significativo en materia de cooperación judicial internacional, en materia de lucha contra el crimen organizado. No obstante, en los años futuros se requerirán esfuerzos ulteriores para garantizar su aplicación efectiva.